Donoso rechaza contrato minero; piden mejores condiciones

El debate sobre el proyecto de Ley 1043, del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, no solo develó ayer lunes lo que piensan en Donoso, provincia de Colón, sobre la industria extractiva en el país. También permitió conocer cuáles son las principales necesidades del área frente a los enormes ingresos que plantea el negocio de First Quantum Minerals, casa matriz de Minera Panamá, que estaría en el país por 40 años.

Cerca de 30 personas- entre residentes, campesinos y autoridades locales, como representantes de corregimientos y exalcaldes- se pronunciaron en contra del contrato que pactó el gobierno de Laurentino Cortizo, presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, ante la Asamblea Nacional el pasado 3 de agosto y el cual se encuentra en primer debate. En la convocatoria no hubo ningún lobista o defensor del contrato.

Cuando se anunció que el debate de ayer lunes sería en Donoso, automáticamente la Asamblea Nacional, que maneja un presupuesto anual de $150 millones, alegó que no transmitiría la sesión permanente, argumentando “falta de equipos tecnológicos”.

Sin embargo, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, y el candidato presidencial, Ricardo Lombana compartieron a través de sus redes sociales la actividad que se llevó a cabo en el gimnasio de la comunidad de Miguel de la Borda, en Donoso. También lo hizo la oenegé Despierta Donoso. Y así, la ciudadanía tuvo acceso al debate.

La discusión arrancó pasadas las 10:00 a.m., con la presencia de los miembros de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Allí estaban los diputados Ariel Alba (Partido Revolucionario Democrático), quien presidió la mesa, Cenobia Vargas (Partido Revolucionario Democrático), Nelson Jackson (Cambio Democrático), Juan Diego Vásquez (Independiente), Alaín Cedeño (Realizando Metas), Pedro Torres (Partido Panameñista) y Elías Vigil (Partido Panameñista). No estuvo presente el diputado Roberto Ábrego, quien preside dicha comisión.

El primero en tomar la palabra fue Felicito Terán, representante de corregimiento de Miguel de la Borda y del partido Cambio Democrático, quien subrayó que no han sido tomados en cuenta y que el desarrollo que se profesa por la mina no llega a sus comunidades.

Mientras Terán denunció que no han sido tomados en cuenta, desde la ciudad capital ya se había advertido desde abril pasado que el llamado periodo de “consulta pública” no tenía mayor efecto, pues se trataba de un proceso no vinculante. Es decir, que a pesar de que el Gobierno recibió más de 200 comentarios, estos no serían considerados en el contrato que ya estaba escrito en piedra. Más que un proceso de consulta, fue un periodo informativo de lo que ya estaba pactado.

“Nosotros, en el distrito de Donoso, anhelamos el título de propiedad, porque podemos ser sacados de nuestros terrenos”, puntualizó Terán.

Lo que el edil parece pasar por alto es que el contrato establece que aunque cuente con título, las tierras pueden ser expropiadas.

La cláusula 19 del contrato describe que la empresa podrá comprar tierras “dentro o fuera del área de concesión”, y que en caso de no llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra, la compañía puede pedir al Estado que haga una expropiación.

Jason Sánchez, residente de Donoso, recordó que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) llevó a cabo una consulta sobre la mina a través de una plataforma digital, lo cual es contradictorio debido a que más del 99% de las 54 comunidades del distrito no tienen acceso a señal telefónica e internet.

En palabras de Sánchez, están de acuerdo con que haya desarrollo en la zona, pero ese desarrollo no debe estar condicionado a una concesión minera. “La minera puede solicitar y expropiar tierras, y pedimos seguridad jurídica. Esperemos que los diputados tomen la mejor decisión en beneficio de nuestro pueblo y de la soberanía nacional”, acotó.

El contrato

En la sesión también estuvo presente el edil de Río Indio, Fernando Johnson, de Cambio Democrático, quien manifestó que un pueblo no se desarrolla sin educación y salud, carencias palpables en el distrito de Donoso.

Johnson dejó un mensaje a la Comisión de Comercio: “revisen el contrato y que se cambien las cláusulas que se deben cambiar. Nosotros no nos oponemos al proyecto, pero si se va a hacer vamos a hacerlo bien y que beneficie al pueblo, y que el impacto ambiental sea mínimo para esta zona”.

El contrato incluye cláusulas en las que se deja claro que el proyecto se va a expandir y que es susceptible de adendas, por lo que hay voces que alertan que no hay seguridad de su verdadera extensión.

En esa misma línea se manifestó Abel Sandy Mejía, exalcalde de Donoso, quien indicó que este contrato debe ser devuelto a la Presidencia de la República para su modificación.

“Los diputados son los únicos que pueden rechazar este contrato y recuerden que se lo dice un humilde criado comiendo yuca sancochada con té de hierba de limón”, apuntó.

Contaminación

Otros residentes se enfocaron en el tema de contaminación y daños al medio ambiente. Por ejemplo, Moisés García, morador de la comunidad Platanal, se preguntó sobre qué futuro le vamos a entregar a nuestros niños y nietos, en medio de una explotación minera.

El pacto establece que el Estado entregará una concesión o concesiones de exploración para la extracción y procesamiento de oro, plata y molibdeno dentro en terrenos que actualmente no son explotados dentro de la concesión de 12 mil 955 hectáreas.

“Nuestro Gobierno está vendiendo las tierras y nuestra nación. Hay que pelar el ojo sobre lo que está sucediendo en el país”, añadió.

Otro de los pobladores de la zona, Pedro Camargo, reflexionó durante su discurso y le recordó a aquellos políticos que están detrás de la aprobación del contrato minero, indicando que la prioridad no debe ser “cuánto me llevo, sino el compromiso con las futuras generaciones”.

Su conclusión fue clara: “Lo que hagamos hoy tendrá consecuencias mañana y este contrato hay que hacerlo de nuevo. El contrato minero tiene que ser derogado de raíz”.

En enero pasado, Milciades Concepción, ministro de Ambiente, precisó que Minera Panamá había talado hasta esa fecha 2,976 hectáreas, cuando el límite máximo que permitía el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el año 2011 es de 5,900 hectáreas.

Los estudios realizados por First Quantum en 2021 concluyeron que el proyecto Cobre Panamá, de Minera Panamá, podría estar activo por 70 años. Los estudios detectaron tres tajos adicionales (depósitos de cobre) a los identificados en los estudios de factibilidad, yacimientos que permitirían producir hasta 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año.

La crítica

Para Ángel Sánchez, morador de la comunidad de Gobea, el distrito está minado por la pobreza y las autoridades están distantes de su responsabilidad. “Habrá que preguntarles a las autoridades dónde están los millones que dice la mina que ha otorgado. Cómo vamos a decir que a través con la mina llegará el desarrollo si no vemos nada de sus aportes”, sostuvo.

Para Sánchez el oro de Donoso es su agua.

Mientras que a juicio de Rubén Ayarza, líder comunitario de la zona, recordó que de 54 comunidades de Donoso solo 3 tienen buenas carreteras.

Ayarza se dirigió a la mesa donde estaban los diputados y les dijo: “Miren cómo estamos aquí, porque no estamos en un salón con aire acondicionado si supuestamente nosotros somos los dueños de la plata que brinda la minera. Señores diputados, yo espero y aspiro a que voten en contra del contrato minero. Pedimos a la comisión que rechace el contrato minero. Nosotros lo único que pedimos es que legalicen nuestra tierra para seguir trabajando”.

La sesión terminó cerca de las 2:00 p.m. y se reanudará mañana miércoles en la Casa del Pueblo, Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrera, Colón, y el jueves en la comunidad de Sabaneta, corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, en Coclé.

Aunque en estas reuniones con representantes de las comunidades no han estado voceros de la empresa, cuando comenzó el debate en la comisión legislativa, la Cámara Minera de Panamá (Camipa), a través de un comunicado, instó a la Asamblea Nacional a que considere la “enorme oportunidad” que se abre para el país y se apruebe el contrato ley con la canadiense First Quantum Minerals para la explotación por 20 años prorrogables de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad