Dos diputados de la Asamblea Nacional para el quinquenio 2024-2029 están en el foco de las autoridades judiciales por casos relacionados con tráfico de drogas. A uno de ellos, incluso, se le relaciona con blanqueo de capitales.
¿Quiénes son? Se trata del perredista Raúl Pineda, a quien se le vincula con la Operación Jericó, un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional que desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Pineda por este caso, pues cuenta con interceptaciones telefónicas que probarían que su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, supuestamente lavó dinero para el grupo investigado por Jericó. En la audiencia en la que a Pineda Tejada se le imputaron cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales, el fiscal Joseph Díaz dio a conocer la existencia de audios que lo vinculan con la entrega de casi $90 mil al colombiano Jonathan Parra, quien fue detenido por la policía y, en un acuerdo de pena, confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales.
La fiscalía, en las interceptaciones hechas a Rico Pineda, menciona a una persona con características similares a las del diputado, pero no ha revelado el nombre por no tener la competencia para investigarlo. Sin embargo, la Corte, según el fallo, no aportó una relación “precisa, clara y circunstanciada” que sugiera la posible participación o vinculación del diputado con un hecho delictivo.
No obstante, en la misma sentencia también se afirma que, de surgir nuevos elementos que revelen la posible vinculación del diputado del Partido Revolucionario Democrático con la Operación Jericó, el Ministerio Público podrá enviar nuevamente a la Corte una solicitud para investigarlo.
El pasado 26 de julio, después de más de 10 días en silencio, el diputado dijo a los medios que confía en el sistema de justicia y aclaró que no responsabiliza al Gobierno por el caso que enfrenta su hijo. “Creo que es un caso judicial que debemos enfrentar y, como familia, estamos unidos. Además, me tocará conversar con las diferentes bancadas para tratar este tema”, aseguró.
Sin embargo, cuando los medios le consultaron sobre los audios que lo vinculan con Jericó, prefirió no hablar del asunto.
El entorno de Raúl Pineda ha estado rodeado de sucesos vinculados al narcotráfico, al sicariato y al lavado de dinero. La prueba está en la larga cadena de hechos ocurridos a lo largo de su vida política.
El caso de Mosquera
El otro caso es el de Isaac Mosquera Rivas, diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Resulta que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales envió a la Corte Suprema de Justicia el proceso que se le sigue a este diputado por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.
El expediente debe ser asignado a uno de los nueve magistrados que conforman el pleno de la Corte. Además, se deberá designar a un magistrado sustanciador del proceso y a un magistrado fiscal para darle trámite al expediente.
El año pasado, el ya liquidado Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales absolvió de cargos a Mosquera y a otras ocho personas que eran investigadas por delitos relacionados con drogas, pero ese fallo fue apelado por la Fiscalía de Drogas.
En la sentencia, el juzgado condenó a dos personas a la pena de 72 meses de prisión por el delito de posesión de drogas y las absolvió del delito de blanqueo de capitales.
Un caso de 2011
Todo surgió en abril de 2011, cuando una operación de la Fiscalía de Drogas desmanteló una presunta red de narcotráfico vinculada a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo utilizaba las instalaciones de la escuela de aviación Albrook Flight para transportar droga. En aquella época, la Fiscalía de Drogas acusó a Mosquera de ser uno de los presuntos cabecillas de esa red criminal.
En ese entonces, uno de los fiscales de drogas que lideraba el caso era Javier Caraballo, hoy procurador general de la Nación.
De acuerdo con documentos que reposan en archivos del Órgano Judicial sobre el caso, el diputado fue “identificado como el líder o cabecilla de una organización criminal que traficaba droga desde Colombia”. Los papeles judiciales también advierten que brindaba apoyo al Frente 57 de las FARC.
Hasta el momento, el diputado de Darién no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.
La Corte y la prueba idónea
Decenas de casos en los que se menciona a diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano han sido archivados en la Corte Suprema de Justicia por falta de prueba idónea, uno de los requisitos para admitir una denuncia o querella contra los hombres y mujeres encargados de hacer las leyes en el país.
A raíz de la Operación Jericó, abogados y representantes de la sociedad civil han argumentado que la narcopolítica está desafiando al Estado por el control del poder.
No es un asunto nuevo en la Asamblea. En periodos pasados, la narcopolítica también se ha inmiscuido en el Legislativo. Por ejemplo, en el periodo 2019-2024, se dio a conocer que Carlos Roberto Aguilar, alias Robert, habría financiado la campaña de Elías Vigil, entonces diputado del Partido Panameñista en el circuito 8-6 (24 de Diciembre, Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín, Tocumen).
Robert, según las autoridades, cabecilla de la pandilla Humildad y Pureza (HP), es el esposo de Teresina Vigil, investigada por la supuesta comisión de delincuencia organizada.
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