Mientras ciudadanos piden al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, que se vete la propuesta de ley 890, que les permite a las autoridades locales recibir un salario superior al que le corresponde al cargo para el que fueron electos.
Ayer, lunes 3 de octubre un grupo de 686 ciudadanos exigió mediante nota a Cortizo que vete el proyecto , impulsado por diputados perredistas, debido a que violan los artículos 19 y 302 de la Constitución, que señalan que no habrá fueros y privilegios y que los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente las funciones para las cuales fueron asignados.
El abogado Ernesto Cedeño también entregó una nota en la que, igualmente, pide el veto y hace hincapié en la violación del artículo 302 de la Constitución.
“Los diputados buscan la forma de beneficiarse de cómo sacar provecho de los recursos del Estado y han promovido este proyecto para otorgar este beneficio. Consideramos que existe un choque con la Constitución”, indicó Freddy Pittí, uno de los firmantes de la nota que se presentó al Ministerio de la Presidencia.
Además, planteó que es “inmoral” lo que se está haciendo, puesto que se trata de recursos del Estado. “Los alcaldes y representantes de corregimientos fueron electos para cargos muy específicos. Estamos exigiendo que se vete el proyecto (...) El mandatario debe entender que será un riesgo para él avalar la iniciativa”, puntualizó Pittí.
Mientras que Guillermo Bermúdez, representante de Don Bosco, manifestó que la ciudadanía tiene un hartazgo de la clase político, sobre todo por propuestas como la mencionada.
Consideró que se debe hacer un debate sobre cuál es la remuneración correcta sobre los cargos de elección popular, pero el proyecto 890 debe vetarse y si el Presidente no lo veta es claro que “estamos en un tema preelectoral y no quiere pisar callos”.
Pero el diputado de Cambio Democrático, Leopoldo Benedetti considera que el mandatario “debe sancionar el proyecto, ya que es una propuesta que se “necesita”. “La gente no entiende las necesidades, ellos [los representantes] a veces tienen que comprar cosas de su bolsillo, porque no les alcanza”. De paso, el diputado cuestionó a quienes critican el proyecto: “la gente no conoce la política, tienen que estar adentro para ver las cosas; desde afuera es fácil criticar”.
El proyecto 890, aprobado el pasado jueves 29 de septiembre en tercer debate por la Asamblea Nacional, permite, por ejemplo, que los servidores públicos que son electos como alcaldes y representantes escojan cuál de los dos salarios quieren recibir: si el que les corresponde en el gobierno local o el que percibían al momento de ser electos.
Eso permitirá, por ejemplo, que un médico que labora en algún centro del sector público pueda -si así lo desea- seguir cobrando ese salario y no el que le corresponde a su municipio o junta comunal. Por ejemplo, si Raúl Valdés, no hubiese renunciado al cargo de alcalde de San Félix, Chiriquí, en junio pasado, tras el fallo de la Corte que eliminó las licencias con sueldo, habría podido cobrar su salario de médico ($5 mil) en el Ministerio de Salud, trabajando como la máxima autoridad del municipio.
Si la propuesta es vetada podría ser aprobada por insistencia en Asamblea. De hacerlo, Cortizo tiene la opción de enviarla a la Corte Suprema de Justicia , quien definirá si es o no inconstitucional.
