Ediles y alcaldes exigen cumplimiento de la ley; Castañeda advierte: ‘si no se resuelve, no hay presupuesto’

La mañana del 22 de octubre, la Asamblea Nacional fue testigo de una manifestación inusual: cerca de 500 representantes y 100 alcaldes, provenientes de todos los rincones del país, se reunieron en un ambiente de creciente tensión. Con pancartas en mano y voces firmes, exigían la defensa de los fondos destinados a proyectos de inversión que, según ellos, son el motor del desarrollo local.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quien se dirigió a la multitud: “Si de 700 juntas comunales cinco hicieron algo malo, para eso están los tribunales de justicia”, afirmó con tono enérgico.

Herrera se refería a la cuestionada descentralización paralela, durante el gobierno anterior, en el cual se transfirieron unos 320 millones de dólares, sin los debidos controles, a gobiernos locales mayormente en manos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Luego dijo: “Hay que transparentar el sistema de los gobiernos locales, pero no se puede satanizar a las juntas comunales”, añadió. Los gritos de apoyo no tardaron en escucharse.

El conflicto está en los recursos con los que contarán 701 juntas comunales y 81 municipios el próximo año. De cara al próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene contemplado destinar un presupuesto de 140.4 millones de dólares para la Autoridad Nacional de Descentralización, lo cual luego se transfiere a las juntas comunales. Esta cifra representa una reducción de 57.1 millones de dólares en comparación con los 197.5 millones de dólares asignados en 2024.

Dentro de estos 57 millones de dólares menos, el recorte más significativo es de 43 millones de dólares en el presupuesto destinado al Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios (PIOPS), el cual juega un papel fundamental en el financiamiento de proyectos comunitarios.

El impacto

El impacto de la medida se observa en las 81 alcaldías del país, a las que no se les ha asignado ningún monto del presupuesto correspondiente al programa PIOPS. Según la normativa, cada alcaldía debería recibir 110,000 dólares anualmente para proyectos de inversión local. Sin embargo, en la propuesta del presupuesto para 2025, el monto asignado es cero, lo que representa un déficit de 8.9 millones de dólares en comparación con lo que dicta la legislación.

El panorama no es mejor para las juntas comunales. De las 701 que existen en el país, solo 88 recibirán los 110,000 dólares completos que por ley les corresponde, mientras que las restantes 695 verán reducidos sus fondos a la mitad, con apenas 55,000 dólares asignados para el próximo año. Este recorte representa una reducción total de 34 millones de dólares, generando serias dudas sobre la capacidad de estas juntas para seguir ejecutando proyectos clave, como obras de infraestructura, mejoras de servicios básicos y otras iniciativas locales.

Para la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, esta medida representa un “retroceso” en el tema de la descentralización. “El 80% de los gobiernos locales son nuevos y estamos comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana”, apuntó.

En palabras de Hernández, los gobiernos locales, a diferencia de las demás entidades, son los únicos que realizan consultas ciudadanas antes de ejecutar una obra con estos fondos. Además, hizo referencia a que los recursos que se están reclamando están establecidos en la legislación.

Como se recordará, el artículo 112-A de la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015 sobre descentralización, establece la asignación a todos los municipios de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto de inmuebles, estimado en 110,000 dólares a cada junta comunal.

Por su parte, Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, subrayó que hay que buscar una solución al recorte presupuestario, puesto que, de lo contrario, varias alcaldías y juntas comunales no podrán brindar una respuesta a las comunidades el próximo año.

Mientras tanto, el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, dijo que no cumplir con la ley es cercenar a los gobiernos locales. “Este no es dinero para planilla, y más del 90% es para inversión. En los últimos años no se ha respetado este tema”, puntualizó.

Castañeda responde a los ediles

Por su parte, la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, manifestó que la descentralización es la herramienta clave para mejorar la infraestructura y atender las necesidades de la población.

Durante su intervención, Castañeda hizo hincapié en el impacto directo que tiene la descentralización en las comunidades. “Salvamos vidas, enterramos gente, resolvemos problemas de agua”, afirmó, recordando que la descentralización es la única política que se realiza a través de la consulta ciudadana, garantizando que las decisiones estén alineadas con las prioridades de la población.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la Asamblea es la aprobación del presupuesto antes del 31 de octubre, una fecha que, según Castañeda, impone una presión considerable sobre el proceso.

Aun así, destacó la disposición del Ejecutivo para colaborar en la búsqueda de una solución que permita cumplir con la ley de descentralización y atender las necesidades urgentes de los municipios, muchos de los cuales ya han realizado consultas ciudadanas para definir sus proyectos prioritarios.

Aseguró que los diputados, quienes tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto, trabajarán de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para encontrar un camino viable. “Si no se resuelve [el recorte a la descentralización], no habrá presupuesto”, dijo la presidenta de la Asamblea a ediles y alcaldes presentes.

En la reunión también estuvo presente Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización, quien subrayó la importancia del presupuesto para el año 2025, el cual plantea como un equilibrio entre la inversión y el funcionamiento.

Este enfoque, según Méndez, busca establecer finanzas responsables que respondan a las necesidades de las comunidades. “Esto no está escrito en piedra. Sabemos que a quienes tocan la puerta las comunidades son a las juntas comunales”, afirmó, destacando el papel fundamental de estas entidades en la gestión de recursos y en la atención a las demandas de la ciudadanía.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política