La descentralización es mucho más que una transferencia de recursos a los gobiernos locales. Este fue uno de los planteamientos que expuso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para vetar un proyecto de ley que buscaba modificar artículos esenciales de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública en el país.
Con cálculos matemáticos y echando mano de un estudio comparativo de varias normas, el mandatario frenó la propuesta de ley 364 que buscaba elevar los ingresos de los gobiernos locales, advirtiendo que el mismo afecta las “finanzas públicas” y “desvirtúa el propósito de la descentralización”. En total, el gobernante objetó 12 artículos por inconvenientes y otros 2 por considerar que riñen con la Constitución. En total, el proyecto tiene 64 artículos.
Danza de millones
Con la propuesta de ley 364, que fue presentada en julio de 2020 pero aprobada 15 meses después, la Asamblea Nacional, que preside el diputado perredista Crispiano Adames, proponía elevar subsidios, eliminar toda reglamentación relacionada con el Comité Ejecutivo de Descentralización, establecer una estructura en cada corregimiento que debía ser financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar nuevas instancias en el proceso de descentralización, entre otros aspectos.
Por ejemplo, se pretendía elevar, de manera escalonada a partir de 2024, la suma para el Programa de Inversiones y Obras Públicas que reciben los gobiernos locales, a razón de $50 mil por año hasta llegar a los $250 mil. Pero Cortizo consideró que esta disposición es inconveniente, pues el Estado tenía que disponer de recursos económicos sin establecer criterios de asignación de acuerdo a la condición y características de los corregimientos. En la actualidad, tanto las alcaldías como las juntas comunales reciben $110 mil anuales en ese concepto.
Además, el presidente advirtió que para 2024 y 2025 esta situación representaría un incremento en el presupuesto general del Estado de $38 millones por año y para 2026, de $30.4 millones, hasta completar la asignación de los $250 mil anuales para cada junta comunal. Es decir, por los tres años, se tendría que desembolsar $106.4 millones adicionales.
El incremento progresivo de dichas asignaciones en el presupuesto general del Estado hace necesario “una revisión sosegada de su impacto en las finanzas públicas, en la medida en que se sigan creando más distritos y corregimientos”, dijo Cortizo al presidente de la Asamblea, en una nota del pasado 14 de diciembre, en la que informa sobre el veto al proyecto de ley.
El mandatario también tildó de “inconveniente” la nueva estructura que contemplaba el proyecto tanto para las alcaldías como para las juntas comunales. La propuesta disponía que el MEF debía garantizar los recursos para mantener esa estructura a los municipios cuyos ingresos sean menores de $1 millón al año. Pero además dejaba claro que esa cifra no podría ser inferior a $500 mil. Aquí Cortizo argumentó que en la actualidad, 74 municipios no metropolitanos, de manera fija, reciben fondos del Gobierno Central a través de la Autoridad Nacional de Descentralización para atender sus gastos de funcionamiento y estructura básica administrativas.
Enfatizó que, a la fecha, solo 4 municipios del país mantienen una asignación superior a los $500 mil , “por lo que llevar los otros 70 municipios al monto mínimo indicado en esta disposición, representaría un incremento de recursos provenientes del Gobierno Central de alrededor de $14.9 millones, al momento que entra a regir la ley, afectando con ello las finanzas públicas y desvirtuando, a largo plazo, el propósito que persigue la descentralización”.
En cuanto a las juntas comunales, Cortizo aseguró que la estructura básica de funcionamiento supone “una doble base de financiamiento presupuestario dirigido a gasto de funcionamiento, con cargo a fondos del presupuesto general del Estado”, pues actualmente, la Ley 37 de 2009 le asegura a la junta comunal una disponibilidad de hasta el 30% para gastos de administración del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Por ello, esta disposición, advirtió el mandatario, “resulta inconveniente para las finanzas públicas”.
El proyecto de ley 364 forma parte del paquete de propuestas legislativas que impulsó el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo, el perredista Javier Sucre, con el propósito de incrementar las arcas de los 81 municipios y 679 juntas comunales del país. Sucre, cuya hermana es la representante del corregimiento de Juan Díaz, en el distrito capital, impulsó cuatro iniciativas para modificar la Ley 37 de descentralización. Cortizo sancionó dos y vetó las otras dos.
Este medio llamó a Sucre para conocer su opinión sobre el veto del proyecto 364, pero al cierre de esta edición no había respondido.
