Las modificaciones al contrato minero, cuyo primer debate fue suspendido por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, serán trabajadas “conjuntamente” entre el Ejecutivo y la empresa Minera Panamá.
El Consejo de Gabinete autorizó ayer martes al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, a solicitar ante la Asamblea Nacional el retiro del proyecto de ley 1043, que aprueba el contrato de concesión minera, celebrado entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, para hacer los ajustes requeridos.
“Habiendo atendido las inquietudes de la ciudadanía sobre el contrato minero, en los próximos días el Ejecutivo trabajará conjuntamente con la empresa Minera Panamá, para acordar las redacciones que resuelvan los puntos indicados por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional”, informó la Presidencia de la República.
Como se recordará, el pasado 28 de septiembre, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos suspendió la discusión, en primer debate, del proyecto de ley 1043, sobre el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., y recomendó al Ejecutivo el retiro de la propuesta.
Los motivos por los cuales los diputados propusieron al Ejecutivo que se lleve su proyecto de ley fueron: los artículos que tienen que ver con la restricción del espacio aéreo, la posibilidad de expropiación y el reparto de los beneficios finales de la concesión minera.
Proyecto de Contrato de Ley con Minera Panamá recibirá ajustes tras suspensión de discusión en primer debate. pic.twitter.com/Kctx4k7Dex
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) September 29, 2023
La Presidencia comunicó que se atendieron las opiniones de organizaciones, gremios, sindicatos, ciudadanos y moradores de áreas aledañas a la concesión minera, tanto en la Asamblea Nacional como en las visitas a las comunidades de Coclesito, La Pintada y Miguel de la Borda, en Colón y Coclé, donde se hicieron señalamientos al proyecto de ley.
La mesa de negociación
El ministro de Comercio también se refirió a este tema el lunes en el Sindicato de Industriales de Panamá, donde subrayó que como parte de la aprobación del contrato minero se llevaron a cabo dos procesos de consulta.
El primero arrancó el pasado 24 de marzo de 2023, en el que se subió el contrato minero en la plataforma Ágora y se reciben alrededor de 2 mil comentarios. Detalló que como parte de este proceso participan unas 49 mil personas.
Más reciente señaló que la Comisión de Comercio realizó consultas el mes pasado en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, así como La Pintada, en Coclé, en los cuales calculan que estuvieron presentes 300 miembros de la sociedad civil entre oenegés y sindicatos.
Alfaro se refirió a que ahora también deben sentarse con la empresa minera, puesto que se trata de un contrato y de acuerdo con él se requiere la anuencia de ambas partes.
“Lo primero que corresponde es un análisis por parte del Ejecutivo para entonces someter las consideraciones pertinentes al Consejo de Gabinete. Pero en el ínterin es importante aclarar que nos tocará sentarnos con la empresa, y yo estoy seguro de que la empresa, al igual que el Ejecutivo, tiene como prioridad hacer los cambios que sean necesarios para darle tranquilidad a la ciudadanía”, puntualizó.
Suntracs comenzó cerrar vías en varios puntos del país en rechazo al contrato minero https://t.co/vul5R8nmLh
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 3, 2023
En palabras del funcionario, es “importante” continuar mandando el mensaje a los sectores internacionales que Panamá respeta la inversión extranjera y el estado de derecho, y por eso hacen énfasis en suscribir un contrato con Minera Panamá, entiendo que es el inversionista privado más grande del país.
“Si no vemos la importancia del mismo [contrato] para los 40 mil empleados directos e indirectos, la importancia en la inversión extranjera y la importancia de la economía nacional, que representa el 3.5% del PIB, entonces creo que estuviéramos cometiendo un error”, dijo.
Alfaro reiteró que es “importante” que en esa mesa de redacción de estas posibles recomendaciones hechas por la Comisión de Comercio también se encuentre en la misma “posición y disposición” la empresa.
Sin embargo, explicó que el nuevo contrato no depende solo de los tiempos del Ejecutivo, sino también de la Contraloría General de la República, porque este contrato con sus modificaciones debe pasar por los procesos del anterior.
Es decir, primero debe recibir la autorización del Consejo de Gabinete, después refrendo de la Contraloría y luego someterlo a la Asamblea.
Protestas
Horas antes de que el Gobierno hiciera su anuncio, obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) cerraron desde las 7:00 a.m. del martes algunas vías principales en varios puntos de la ciudad y de provincias en rechazo al contrato minero con el Estado.
La medida la denominaron “Jornada de lucha”, en protesta contra la renovación del acuerdo entre la empresa Minera Panamá y el Gobierno.
“¡No a la minería, sí a la vida!”, gritaban los obreros, quienes portaban banderas y pancartas.
Los puntos donde se registraron los cierres durante la mañana fueron: Milla 8, Villa Zaíta, vía Panamá Norte, en el área norte de la ciudad; en Clayton, calle 50, vía Israel, así como en Chiriquí, Darién y en Panamá Oeste (Howard).
Algunos de los planteamientos de las organizaciones que se oponen al contrato minero es que “debilita nuestra soberanía” sobre el territorio nacional, puesto que se pueden expropiar tierras privadas.
También indican que incluyen disposiciones que limitan el monitoreo y supervisión de la operación de la mina, al no permitir sobrevuelo en el área de concesión. A su vez, señalan que se ponen en riesgo los recursos hídricos de la zona y que la actividad minera no es idónea ni estratégica para Panamá, que tiene potencial forestal y turístico.
Este medio intentó obtener una posición de Minera Panamá sobre los acontecimientos y señalamientos en la Asamblea y por el Consejo de Gabinete, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Anteriormente, la empresa ha planteado que la mina cuenta con un programa de monitoreo de calidad de agua “muy robusto” y que cubre 360 grados alrededor de la mina, con más de 200 puntos de monitoreo, con frecuencia diaria, semanal, quincenal y mensual.
Además que han invertido más de $136 millones en programas sociales y ambientales y más de $15 millones en entrenamientos del personal panameño. Por ejemplo, indicaron que en 2022, realizó pagos por $125 millones a la Caja de Seguro Social. “La empresa mantiene un programa de conservación de la biodiversidad y su programa de reforestación es el más grande de este tipo en Panamá llevado por una sola empresa”, indicaron en su momento.
