Javier Caraballo termina este miércoles 31 de diciembre su periodo como procurador general de la Nación, cargo que asumió inicialmente de manera interina el 1 de marzo de 2021 y en el que fue confirmado como titular en febrero de 2024.
En esta entrevista con La Prensa, Caraballo habla de algunos de los casos vinculados a corrupción más importantes, de los operativos antidrogas que lideró, y aseguró que no recibió presiones de figuras poderosas. Se despide con un mensaje claro: “no se debe improvisar a quien lidera el Ministerio Público. Se necesita alguien que conozca la institución y tenga experiencia en investigación, para garantizar resultados efectivos”.
¿Cuáles considera que fueron los principales retos de su gestión como procurador?
Llegué a la institución en medio de una crisis. Había renunciado el procurador anterior (Eduardo Ulloa) por el tema de los albergues. Había muchos ataques a la institución y falta de credibilidad. El reto fue recuperar la imagen de la institución y la credibilidad.
Después de 46 meses, estamos entregando un Ministerio Público sin crisis y con una buena imagen y credibilidad ante la sociedad. El segundo reto fue la lista gris del GAFI. El plan de acción tenía 15 acciones, la mayoría incumplidas. El Ministerio Público era responsable de siete y no había un plan estratégico sobre cómo Panamá iba a cumplir con esas acciones que se enfocaban más que todo en el blanqueo de capitales y cómo se realizaban las investigaciones. Se estableció un plan estratégico con un grupo de fiscales para abordar el tema. En 2023 Panamá logró salir de esa lista gris, y los siete puntos que corresponden al Ministerio Público fueron resueltos.
Otro de los retos que enfrentamos fue que había estancada en la fase de investigación una gran cantidad de casos de alto perfil. El caso Odebrecht, que no tenía vista fiscal, igual que el caso New Business, entre otros. Había una gran cantidad de casos de alto perfil que llevaban años en las fiscalías y no salían con vista fiscal. Hicimos grupos de trabajo con los fiscales y logramos que de la fase de investigación pasaran a vista fiscal y fueran enviados a los juzgados para que iniciaran el proceso ya en la fase de audiencias. En muchas de estas audiencias se lograron condenas, y otras están pendientes.
También está la crisis migratoria. Cuando llegamos, en 2021, se dio un aumento inusitado de personas ingresando por la selva del Darién, y lo que parecía un problema exclusivamente migratorio escondía o entrañaba también una realidad: violaciones de derechos humanos, delitos cometidos contra los migrantes, violaciones sexuales y tráfico de personas. Reunimos en una conferencia a todos los fiscales generales del área y celebramos lo que se llamó la Declaración de Panamá, donde todos los fiscales generales del área se comprometieron a aunar esfuerzos para investigar los delitos de tráfico de personas asociados a este flujo migratorio. Creamos dos oficinas de atención a los migrantes: una en Bajo Chiquito y la otra en Canaán Membrillo.
Algunas de las investigaciones, principalmente las que están ligadas a la corrupción, se demoran tanto que, a veces, los delitos prescriben antes de llegar a juicio. ¿Por qué pasa eso?
En el tema anticorrupción tenemos varios problemas estructurales que hay que resolver. Primero, la forma en la que se cometen este tipo de conductas delictivas generalmente se da en el sigilo dentro de la administración pública, con un aparato que permite que estas conductas sean ocultadas o no sean conocidas por muchos años.
Esto hace que la investigación sea compleja. Pero lo que realmente incide de manera extremadamente negativa es que estos delitos tienen una penalidad muy baja. Es decir, tienen una pena de dos a cuatro años de prisión, y la penalidad del delito incide en el término de prescripción. La prescripción es igual a la penalidad máxima del delito. Entonces, estamos hablando de que muchos de estos delitos prescriben a los cuatro años de cometidos.
Si tomamos en cuenta que el descubrimiento del delito generalmente no ocurre de manera inmediata, sino mucho después, y que se trata de delitos complejos con una prescripción bastante reducida, el fiscal, al enfrentarse a un delito de corrupción, básicamente se enfrenta a una carrera contra el tiempo para realizar una investigación compleja. Además, el proceso judicial no es rápido.
Todo esto hace que, al intentar completar la investigación y llevar los casos ante los tribunales, en muchos de ellos estemos muy próximos a la prescripción del delito, lo que termina en la impunidad del caso. A pesar de ello, en muchos casos, aunque los delitos hayan prescrito, hemos logrado imputar otros delitos para llevar a los responsables ante los tribunales.
Además del caso New Business, ¿qué otros casos concluyeron?
Logramos una cantidad importante, aunque es relevante señalar que, debido al letargo en el procesamiento, muchos de los casos que iniciamos no los vamos a poder ver terminar. Se logró condena en el caso Blue Apple por blanqueo de capitales y asociación ilícita. En este caso, se condenó a un exministro y a cuatro personas más.
En el caso de la Ciudad Deportiva de Colón también se condenó a algunos funcionarios públicos. Tenemos dos casos relacionados con el famoso PAN: uno por equipo tecnológico y otro por corrupción. Se condenó al exalcalde de Panamá y al exalcalde de Colón, ambos por temas de corrupción. También está el caso de las comidas deshidratadas y varios casos por enriquecimiento ilícito y corrupción contra un exministro del Mides. Son los que recuerdo en este momento.
¿Qué perspectiva tiene usted sobre el desenlace del caso Odebrecht? En los últimos meses han ocurrido algunos eventos vinculados al tema en Brasil.
Del caso Odebrecht debo decir que, al llegar a la institución, la empresa había aceptado un acuerdo de pena comprometiéndose a pagar una multa de $220 millones. De estos, solo había pagado los primeros 10 millones. Uno de los primeros retos fue obligar a esta empresa a cumplir con la multa.
A través de la Fiscalía Anticorrupción, pedimos audiencias y solicitamos al juez que ordenara la retención de los pagos que las instituciones debían a Odebrecht por obras. Producto de esta gestión, logramos el pago de $60 millones. Sumados a los $10 millones, estamos hablando de poco más de $70 millones recuperados.
Respecto a las perspectivas del caso, puedo decir que Odebrecht Brasil y Odebrecht Panamá son diferentes. Si bien el caso nació en Brasil, los elementos probatorios no necesariamente son los mismos. Hay una serie de pruebas en el caso de Panamá que nos permiten afirmar que estamos frente a un caso fortalecido, con buenas perspectivas de éxito y a cargo de un grupo de fiscales motivados y preparados para la audiencia.
¿No hay riesgo de que se caiga?
Frente a un juicio siempre hay algún riesgo, pero creo que las probabilidades de éxito son mucho mayores que las pocas probabilidades de algún tipo de nulidad o problema procesal que afecte el caso.
¿Qué avances puede compartir sobre las investigaciones relacionadas con delitos financieros o lavado de activos?
En el tema del lavado de activos, al ingresar a la institución nos encontramos con una gran morosidad respecto a la efectividad de estas investigaciones.
Tanto es así que Panamá estaba en la lista gris del GAFI, y varios de los puntos de acción estaban relacionados con la efectividad de las investigaciones. Puedo afirmar que, desde que asumimos la dirección de la institución, gracias a un plan estratégico diseñado para impulsar estas investigaciones, se abrieron más de 350 casos por blanqueo de capitales en Panamá. Muchas de estas investigaciones concluyeron en condenas, mientras que otras siguen en curso.
Esto nos permitió demostrar al Grupo de Acción Financiera la efectividad de nuestro país en estas investigaciones, lo que llevó a la salida de Panamá de la lista gris, gracias a los avances logrados en el combate al blanqueo de capitales.
En cuanto a los delitos financieros, adoptamos un nuevo enfoque. Dejamos de abordarlos como casos aislados y comenzamos a tratarlos como fenómenos delictivos, agrupando casos y realizando investigaciones proactivas y estratégicas. Además, fortalecimos la operatividad de esta fiscalía, lo que permitió obtener mejores resultados.
Sobre los grandes operativos antidrogas, ¿qué puede decir?
Por mi experiencia en el tema, estoy convencido de que el narcotráfico y el crimen organizado son actualmente los principales riesgos de seguridad para los estados democráticos. En el pasado, los problemas de seguridad estaban relacionados con guerrillas o conflictos civiles en América Latina. Hoy en día, cuando se habla de problemas graves de seguridad en un país de la región, generalmente se debe a grupos organizados, narcotráfico y delincuencia organizada, que llegan a desafiar al Estado.
Nos enfocamos en realizar investigaciones estratégicas sobre el narcotráfico y el crimen organizado, centrándonos en los grupos que habían adquirido mayor poder en nuestra sociedad. Durante los 46 meses de nuestra gestión, llevamos a cabo 46 operaciones complejas contra el narcotráfico, con un promedio de una por mes.
Por ejemplo, la operación Neptuno desarticuló al grupo criminal Bagdad, conocido por la violencia con la que actuaba, causando luto y dolor en nuestra sociedad. La operación Master desmanteló redes que traficaban drogas a través de los puertos y aeropuertos del país.
En la operación Fisher se incautaron más de 10 millones de dólares en efectivo, la mayor incautación en años. Esta operación permitió no solo detener a una gran cantidad de personas, sino también desarticular al grupo delictivo que ejercía una fuerte influencia en la costa de Colón.
En Santiago, la operación Fortaleza desmanteló a un grupo que estaba ganando poder. Operaciones como Napoleón en Chiriquí, Focus en Bocas del Toro y Alpes en Azuero se centraron en los grupos criminales más relevantes en cada región del país.
La operación Éxodo se dirigió contra panameños que, viviendo en el extranjero, amasaron grandes fortunas producto del narcotráfico y operaban desde lugares como Dubái o España. Más recientemente, la operación Jericó reforzó nuestra estrategia para mantener a raya a los grupos criminales.
Con respecto a la operación Jericó, llamó la atención que, apenas cambió el gobierno, fue capturado el hijo del diputado del PRD, Raúl Pineda.
El tiempo de investigación no depende de un gobierno u otro. Esta operación, como consta en los antecedentes, se inició mucho antes. Sin embargo, decidir el momento exacto para culminarla y capturar a los involucrados es un tema de valoración probatoria. El fiscal evalúa qué elementos tiene y cuáles hacen falta para actuar.
El Ministerio Público, bajo mi administración, ha sido completamente apolítico e independiente. Las decisiones tomadas no han tenido relación con cambios de gobierno o situaciones políticas.
¿Cómo fue esa etapa? Durante esos días en que se buscaba al hijo del diputado, ¿recibió presiones o llamadas?
Cualquier persona que conozca mi trayectoria sabe que no aceptamos presiones ni llamadas.
¿Hubo intentos?
Durante esos días, adoptamos una postura reservada, limitando nuestra participación en reuniones y dejando en manos de los fiscales todas las pesquisas necesarias para ubicar a estas personas y avanzar según lo establecido.
¿El Ministerio Público cuenta con las herramientas necesarias para combatir de manera efectiva el crimen organizado?
El crimen organizado es cada vez más complejo y tecnológico. Por ello, herramientas que hace algunos años eran efectivas ahora no lo son.
Nos enfrentamos a un crimen organizado que apuesta mucho por la tecnología y la transnacionalidad. Los países tenemos la responsabilidad de actualizar nuestras herramientas para estar a la altura de las exigencias que plantea la criminalidad organizada. Por ejemplo, en Panamá hacen falta herramientas importantes que hemos tratado de impulsar, entre ellas la ley de extinción de dominio. Es sabido que la manera más efectiva de debilitar a los grupos criminales es precisamente quitándoles su patrimonio, que es lo que les da fuerza.
Recientemente trabajamos en la ley de ciberdelincuencia. Esta ley, aprobada por la Asamblea, recibió un veto parcial. Estamos a la espera de que se corrijan los puntos señalados por el Ejecutivo para que pueda entrar en vigor. Será una herramienta esencial para combatir delitos como la estafa y la extorsión a través de medios digitales.
Otro tema crucial por regular es el uso de criptoactivos y criptomonedas, cada vez más empleados por la delincuencia organizada como medio de pago. Actualmente, no existe una regulación clara al respecto, lo que complica aún más las investigaciones y hace que el trabajo de los fiscales sea más desafiante.
Fue muy polémica la salida de Zuleika Moore y la renuncia de Adecio Mojica del Ministerio Público. Tania Sterling también fue trasladada a otros despachos. Ellos manejaron casos importantes relacionados con corrupción
Fueron decisiones administrativas y funcionales necesarias, además de estar apegadas a derecho. Respecto a las críticas, es cierto que hubo reacciones, especialmente en los medios de comunicación, pero estas no tuvieron ningún efecto dentro de la institución ni en los casos que manejaban.
Los casos siguen en los tribunales y muchos han resultado exitosos porque el Ministerio Público trabaja como un equipo. Contamos con un grupo de fiscales capacitados, empoderados y comprometidos con hacer su trabajo.
¿Qué autocrítica haría de su gestión?
No haber podido avanzar en el tema de la carrera del Ministerio Público y de la labor fiscal. Esto ocurrió porque nuestra llegada a la institución, en marzo de 2021, se dio en un estado de interinidad, con poca certeza sobre el tiempo que estaríamos al frente. Instituir y aplicar una ley de carrera requiere recursos y tiempo, lo cual nos obligó a priorizar.
Al revisar, nos dimos cuenta de que los cimientos de la carrera institucional eran muy débiles. Por ejemplo, no contábamos con un manual de clasificación de cargos aprobado, lo que hacía muy difícil llevar un puesto a concurso.
Nos enfocamos en actualizar manuales de cargos, elaborar guías y reglamentos para las funciones de cada puesto y adecuar los roles del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Sin embargo, no logramos avanzar en una ley que es sumamente importante para la institución.
¿Qué significó para usted haber recibido el premio anticorrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos?
Es un gran orgullo, pero lo recibí en nombre de todos los fiscales que día a día trabajan incansablemente en la lucha anticorrupción, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Nuestros fiscales enfrentan diariamente riesgos al enfrentarse a grupos criminales y redes de corrupción, lo cual muchas veces genera críticas y momentos difíciles. Sin embargo, este trabajo se realiza con la convicción de que debemos fomentar una cultura de cero tolerancia a la corrupción, basada en transparencia y rendición de cuentas.
¿Cómo evalúa la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción?
Mi experiencia como fiscal de drogas me permitió trabajar de cerca con los Estados Unidos y su embajada. En temas de crimen organizado y corrupción, fueron un aliado estratégico en nuestra gestión.
Junto a ellos, desarrollamos importantes proyectos, como tres congresos internacionales anticorrupción consecutivos. También creamos una base de datos de fallos en delitos de corrupción y blanqueo de capitales, con el objetivo de transparentar la información sobre personas condenadas.
Además, elaboramos una guía anticorrupción para orientar tanto al sector público como al privado, minimizando los riesgos de corrupción.
¿Recibió presiones por parte de algún presidente, ministro u otro alto funcionario?
Nunca he recibido ni aceptado presiones de nadie. Desde que asumí mi posición en interinidad, dejé claro que no solicitaría ser nombrado formalmente ni lo esperaba.
Siempre me concentré en hacer el trabajo día a día, y transmití esa misma filosofía a los fiscales. La labor de investigar debe estar completamente alejada de presiones políticas, económicas o sociales. Nuestro compromiso siempre fue actuar conforme a la Constitución y la ley.
¿A qué se dedicará ahora?
Soy un profesional del derecho con amplia experiencia en temas penales. Sin embargo, después de 46 meses extremadamente intensos laboralmente, planeo tomarme unos meses de descanso antes de decidir mi próximo paso profesional.
¿Qué legado deja?
Implementamos un nuevo modelo de gestión en el Ministerio Público que incrementó la efectividad de los casos en un 25%.
Mejoramos la infraestructura de la institución. Cuando llegamos, la sede de la Procuraduría, conocida como “la casita Porras”, estaba abandonada. La rehabilitamos, retomamos el edificio del antiguo registro de cedulación y lo reformamos.
También trasladamos las fiscalías especializadas a Central Park. En Coclé inauguramos el mejor edificio del Ministerio Público y abrimos cuatro personerías en 46 meses, dejando tres más en construcción.
Fortalecimos la transparencia y la rendición de cuentas mediante un noticiero semanal para informar a la ciudadanía sobre nuestro trabajo. Además, promovimos la independencia y la objetividad del Ministerio Público.
Por último, dejamos clara la necesidad de no improvisar un procurador cada 10 años o en cualquier intervalo. Así como no se improvisa un juez o un fiscal, no se debe improvisar a un procurador, a quien liderará el Ministerio Público. Al designar un procurador, debe considerarse a alguien que conozca la institución y tenga experiencia en investigación, para dirigirla con eficacia.
