El apagón nacional del pasado sábado 15 de marzo puso nuevamente en el centro del debate las denuncias y cuestionamientos contra la termoeléctrica de La Chorrera. Raúl Ossa, de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, advierte que este incidente confirma las advertencias que por años han realizado sobre los riesgos de la planta y su operación.
“Ahora se confirma todo lo que nosotros veníamos diciendo”, sostuvo Ossa en entrevista telefónica con La Prensa. “El apagón evidenció los peligros que hemos denunciado por años”, manifestó. Recordó que la comunidad ha denunciado reiteradamente el incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa responsable de la termoeléctrica. A pesar de que en el pasado presentaron denuncias ante el Ministerio Público, el caso ha enfrentado diversos obstáculos judiciales que han favorecido a la empresa.
Ciudadanía pierde en los tribunales
Según Ossa, la lucha legal contra la termoeléctrica ha estado llena de complicaciones. “Pusimos una denuncia en el Ministerio Público por incumplimiento del estudio de impacto ambiental y ellos se valieron de un tecnicismo”, explicó. A lo largo de los años, contó, la empresa presentó al menos 20 incidentes de nulidad y cinco amparos de garantías constitucionales, hasta que finalmente un tribunal superior civil falló a su favor.
Para el movimiento ciudadana, este fallo significó “un golpe muy duro”. “Un manejo de la justicia realmente de espaldas a las necesidades y al derecho, especialmente porque la empresa ha estado cometiendo un delito continuado de incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y todavía lo está cometiendo, pero hay mucho poder en la empresa, mucho poder político, mucho poder económico, las autoridades desde los tiempos de Juan Carlos Varela (2014-2019) no reaccionaron a esto absolutamente para nada, no nos paraban bolas de ninguna manera, la empresa buscó un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia como su abogado”, añadió.
El apagón, según las primeras versiones oficiales, fue ocasionado por la explosión de un transformador de 50 MegaVoltios-Amperios (MVA) de la termoeléctrica. Sin embargo, Ossa afirma que manejan información no confirmada de que el incidente pudo haberse originado en uno de los motores de la planta. “Nosotros sentimos una gran explosión y una serie de detonaciones como de cortocircuito”, describió Ossa, alertando que cerca del lugar se encuentra una planta de embotellamiento de acetileno, lo que representa un peligro mayor en caso de un siniestro de mayor magnitud.
Ossa también denunció que los niveles de contaminación generados por la termoeléctrica continúan afectando a la población. Añadió que la organización ha realizado pruebas de laboratorio en Estados Unidos que han detectado la presencia de químicos derivados del búnker en el torrente sanguíneo de algunos habitantes cercanos a la planta. “Esos tóxicos afectan la salud y también están deteriorando las estructuras metálicas de nuestras casas, debido al azufre que contienen los gases emitidos”, denunció.
Ante esta situación, Ossa insta al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) a realizar una investigación seria e independiente, con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá y otros sectores de la sociedad civil.
El abogado y líder comunitario también recordó que, según la resolución que autorizó la instalación de la termoeléctrica, la empresa debía presentar un cronograma para la transición del búnker al gas natural en un plazo no mayor a seis meses a partir de 2016, compromiso que hasta la fecha, agregó, no se ha cumplido.
“Es fundamental que las autoridades asuman su papel como protectores de la ciudadanía y tomen decisiones contundentes sobre esta situación. No podemos seguir permitiendo que la salud de más de 100 mil personas en un radio de ocho kilómetros siga viéndose afectada por la contaminación de esta planta”, concluyó.
Hasta el momento, Pan Am Generating Ltd., no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.
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