Ricardo Martinelli no es el único inhabilitado para correr a un puesto de elección popular en las elecciones del próximo 5 de mayo.
De acuerdo con información del Tribunal Electoral (TE), hasta la fecha se han inhabilitado a al menos 20 aspirantes a distintos cargos de elección a raíz de que tienen condenas de cinco o más años.
Sin embargo, la lista seguirá creciendo, pues de acuerdo con Osman Valdés, director de Organización Electoral (TE), “la inhabilitación por condena a más de 5 años no es un proceso que se detiene”.
![El club de los condenados: al menos 20 personas han sido inhabilitadas para competir en las elecciones](https://prensa.com/resizer/v2/RXSAJOQFPVH7PKLTOQS6IJ56SE.jpg?auth=4eeaf4f5ef2ffd6002de3bcb6a68857dfdcf699dbbbf4c713a979cf59578c9fd&width=1200)
“Incluso después de haber ganado. Si alguien es condenado a más de cinco años, después de haber obtenido un puesto, se aplica la ley, se inhabilita”, manifestó Valdés a La Prensa.
Los artículos 226, 153 y 180 de la Constitución establecen que para ser representante de corregimiento, diputado y presidente de la República, respectivamente, se requiere no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, dictada por un tribunal de justicia.”
El TE inhabilitó al exgobernante Ricardo Martinelli, para correr a diputado y presidente de la República, a raíz de que está condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.
Según explicó Valdés, una vez la Dirección de Organización Electoral del TE, recibe las postulaciones, solicita a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Policía Nacional, que les comunique si en la lista hay condenaods y con esa información empieza el trámite para inhabilitarlos.
“La Secretaría General hace una resolución en la regional correspondiente y se inhabilita”, explicó Valdés, quien añadió que el trámite no requiere la participación de los juzgados electorales.
Algunos casos
El 31 de enero pasado, Israel Rodríguez, jefe de asesoría legal de la Fiscalía General Electoral, acudió al TE para solicitar la separación del cargo de Aristides Vásquez, representante del corregimiento de Las Uvas, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.
Vásquez, militante del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), tiene una condena por el delito contra la administración pública, pero al mismo tiempo fue postulado por el PRD para buscar la reelección.
Rodríguez explicó que la petición se basó en el artículo 498 del Código Electoral, que dicta las pautas para la pérdida de la representación, la revocatoria de mandato de los alcaldes, de representante de corregimiento, y concejales, postulados por partidos políticos y electos por libre postulación. También mencionó el artículo 507 de esa norma: “en caso que se dicte condena en contra de un representante de corregimiento por la comisión de un delito, el tribunal competente de la causa está obligado a remitir, inmediatamente quede ejecutoriada, una copia de la sentencia al Tribunal Electoral y a la Fiscalía Electoral.
Los tres condenados en el distrito capital
En el distrito de Panamá hay tres autoridades locales condenados por peculado. Se trata del perredista Ramón Ashby, quien hasta hace poco fungió como representante. El pasado 12 de marzo, su suplente Rogelio Saldívar asumió como nueva autoridad del corregimiento.
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Ashby fue condenado por el delito de peculado en perjuicio de su junta comunal. En agosto pasado, la Corte le negó una aclaración de sentencia.
También están condenados por peculado el representante de corregimiento de San Felipe, Mario Kennedy y la representante de corregimiento de Chilibre, Yoira Perea. Los dos también son miembros del oficialista PRD.
Al parecer, ninguno de los dos está inhabilitado, pues Yoira Perea tiene activa su campaña para la reelección en Chilibre, según se puede observar en sus redes sociales. Lo mismo ocurre con Mario Kennedy, en San Felipe.