El contralor desatendió la mayoría de las solicitudes de auditoría del Ministerio Público

La Contraloría General de la República (CGR) ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría que le remitió el Ministerio Público entre el año 2020 y mayo de 2024.

Así lo plantea un informe estadístico del Ministerio Público, el cual detalla que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría General de la República 235 solicitudes de auditoría, de las cuales 17 fueron abiertas en tiempo oportuno y solo cuatro de ellas fueron “efectivas” para lograr condenas.

El informe, que lleva la firma del procurador Javier Caraballo, se da en respuesta a una nota que le envió el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, con varias interrogantes.

Dentro del documento se menciona que el Ministerio Público tuvo que archivar unos 38 casos por la falta de entrega de las auditorías solicitadas a la Contraloría, y en 16 investigaciones se han decretado sobreseimientos por no contar con las auditorías requeridas.

En la nota, fechada el 25 de julio de este año, Caraballo aclara que en los delitos contra la administración pública existe una pluralidad de pruebas que pueden determinar la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad de su autor, y que no solo se depende del resultado del informe de auditoría para lograr una condena.

Práctica habitual

El contralor, Gerardo Solís, no solo ignoró los pedidos de auditoría del Ministerio Público, sino también de la Fiscalía de Cuentas. Un informe estadístico de la Fiscalía de Cuentas precisa que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 52 solicitudes de auditoría, pero solo se abrieron cuatro de ellas.

En medio de este escenario, Cedeño solicitó este lunes 29 de julio en el pleno de la Asamblea Nacional que se evaluara la posibilidad de denunciar penalmente al contralor por no cumplir con su rol de fiscalizador de los fondos públicos.

“Horrible la escuálida colaboración del contralor”, dijo el diputado.

La gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales. Por ejemplo, la Contraloría escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.

A esto se suman las secuelas de la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción. Esta normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año.

Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público, y otorga facultades casi plenipotenciarias al contralor, lo cual puede prestarse a la arbitrariedad.

A pesar de las constantes críticas, el contralor dijo recientemente en la columna Knockout de La Prensa que quien lo reemplace dará fe y testimonio de lo que ha hecho en el cargo. “Los números y datos verán que hasta ahora ningún contralor ha fiscalizado ni más ni mejor que yo”, puntualizó.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política