La planilla del Sistema de Protección Institucional (SPI), con mil 966 funcionarios, le cuesta a los contribuyentes 30 millones 210 mil 863 al año; sin embargo, la entidad opera en total opacidad.
Por ejemplo, una de sus funciones, la de prestar el servicio de escolta a un grupo privilegiado del gobierno y de la política, tiene un manto oscuro. Se desconoce cómo se distribuye la custodia de los funcionarios que están en el poder, así como la de los expresidentes y exvicepresidentes de la República, entre otros.
A través de una solicitud de información, este medio quiso conocer sobre el tema, pero Julio César Jean-Louis Garrido, director de la entidad, informó que “no es viable” hacer pública esa información, pues “pondría en riesgo la seguridad y, por ende, la integridad física de las personas”.
La Prensa preguntó cuántas personas tienen escolta, quiénes son los escoltados, la cantidad de miembros asignados a cada uno, sus rangos oficiales y la duración de la asignación. El pasado 7 de septiembre, el director del SPI contestó la solicitud de este medio, negando la información requerida; incluso, dijo que no podía suministrar los nombres de los agentes, pero en la carta enviada por La Prensa no se le solicitó ese nivel de detalle.
La ley
El marco legal que dicta la competencia del SPI es el Decreto Ley 2 del 8 de julio de 1999. En el mismo, se especifica que tendrán seguridad institucional los presidentes, vicepresidentes, expresidentes y exvicepresidentes (estos últimos, siempre que hayan asumido el cargo presidencial en algún momento). Los expresidentes tendrán protección vitalicia.
En 2008, durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), la norma fue modificada con el propósito de que los expresidentes puedan tener hasta 12 miembros del SPI a su servicio. Todo pagado por el Estado. Antes de eso, el número de agentes asignado era ocho para cada expresidente. La norma también dispone que la cantidad podría aumentar, “dependiendo del núcleo familiar o cuando las circunstancia lo aconsejen”.
Para los allegados al poder
En el artículo 3 de la ley, donde se definen los propósitos de la institución, se detalla que además del presidente y los expresidentes, recibirán escolta “aquellas personalidades que determine el presidente de la República”. Es decir, que cualquier persona de su círculo podría tener custodia pagada con dinero público. Tampoco hay un límite sobre la cantidad de personas que podrán tener este privilegio ni el número de agentes que estarán a su disposición. Actualmente, se desconoce cuántas personas son custodiadas por el SPI por orden directa de Laurentino Cortizo, pues esto es parte de la información que se negó.
Por eso en Panamá es usual observar que familiares, amistades y socios de negocios del presidente de turno, circulen por ahí con agentes del SPI. En 2009, cuando David Murcia Guzmán, fundador de la pirámide DMG, fue extraditado a Colombia en medio de una investigación por estafa, este dijo que en Panamá había recibido protección del SPI. En una conferencia de prensa, el entonces ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, admitió que tres agentes de la institución custodiaron al colombiano. Mezquita dijo que los agentes prestaron el servicio en su tiempo libre.
El artículo 3 de la norma también detalla que el secretario del SPI recibirán protección, al igual que sus antecesores en el cargo, “hasta por tres meses por cada año de servicio”. Cada uno podrá disponer hasta de cuatro escoltas. También se contempla que se asignará hasta seis agentes a cada uno de los candidatos presidenciales durante el periodo de campaña, y hasta 15 días después de las elecciones generales. Al presidente electo se le asignará una protección “similar” a la del presidente de la República.
Personal
De los mil 966 funcionarios que tiene la entidad, mil 422 son agentes, es decir, miembros de la Fuerza Pública. De estos, 949 tienen el rango de cabo primero o segundo. En cuanto a los altos mandos, hay 41 mayores en el SPI, siete subcomisionados y tres comisionados en sus filas.