Una de las instituciones de control más importantes del Estado para evitar el despilfarro de fondos públicos es la Contraloría General de la República. Por esa razón el contralor es un funcionario nombrado por el poder Legislativo y solo puede ser destituido por la Corte Suprema de Justicia. Además, tiene voz dentro del Consejo de Gabinete.
El actual contralor Gerardo Solís fue designado por el pleno de la Asamblea Nacional, conformado por 71 miembros, el 13 de agosto de 2019. Ese día, 68 de los 71 diputados votaron por él. Pero su desempeño en los últimos meses ha estado en tela de duda.
Dos razones hacen eco en la sociedad: su actuar ante los diputados de la Asamblea Nacional, institución que maneja un presupuesto de $181.2 millones y el manejo de los millonarios fondos de las juntas comunales. Ello, sin contar los avales que ha dado a millonarios contratos de empresas con el Estado, como el caso de Panamá Ports Company.
Las planillas
Desde hace 20 días se encuentra en manos de Solís una petición para que audite las planillas legislativas. La petición la hizo la Fiscalía de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea, quien pidió a Solís “examinar” la solicitud del abogado Ernesto Cedeño, que solicitó la auditoría.
Cedeño invitó al contralor a hacer la “auditoría” en la Asamblea a objeto de verificar si todas las personas nombradas o contratadas en el Legislativo ejecutan su labor diariamente o si, por el contrario, ha habido una “lesión patrimonial” al no cumplir sus funciones.
La Asamblea Nacional, según datos de la propia Contraloría, está entre las instituciones con mayores aumentos de funcionarios, hasta marzo pasado, con 1,543 servidores públicos adicionales.
Por ahora, la Contraloría no ha dicho si entrará a auditar las gestiones de los diputados. Ya el contralor Solís dijo el pasado 4 de enero de 2022 en el pleno del Legislativo que él promueve una “la cultura de la corrección” entre los funcionarios y de paso aprovechó para defender las planillas de los diputados, así como la legalidad de las licencias con sueldo y los gastos en que incurre “el poder popular”.
Los gastos de los gobiernos locales
Recientemente, por publicaciones de este diario, se conoció que el Consejo Municipal del distrito de San Lorenzo, en Chiriquí, aprobó un acuerdo municipal que aumenta en al menos cinco veces los gastos de representación que recibe el alcalde de esa área.
Cedeño pidió una revisión del acuerdo de San Lorenzo por parte de la Contraloría, pero la entidad le sugirió que vaya a la Corte Suprema de Justicia a demandar dicho acuerdo.
La Contraloría dijo, sin embargo, que “la entidad estará siempre anuente a cumplir con su mandato constitucional y legal por lo que, si en algún momento se realizara algún pago incorrecto , se solicitará de forma inmediata el resarcimiento de dichos montos”. Acto seguido le indicó que “si lo que procura es un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del aludido acuerdo municipal, debe - en atención a lo preceptuado en el artículo 206 , de la Constitución-, elevar su pretensión al pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la competencia exclusiva para pronunciarse sobre la guarda de la integridad de nuestra Carta Magna”.
Por Constitución (Artículo 280) a la Contraloría le compete hacer “inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas”.
Además, está facultada para “demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los casos, de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos”. Incluso, la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, orgánica de la Contraloría, en su artículo 55, plantea, entre las funciones del contralor, que podrá ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. También lo comisiona para presentar las denuncias y demandas que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría. “Cuando sea necesaria de acuerdo con la Ley, el contralor otorgará poder a uno de los abogados de la Contraloría General para ese propósito”, añade.
El aumento de los gastos de representación se dio después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 14 de marzo de 2022 que declaró inconstitucional las licencias con sueldo que beneficiaban a las autoridades locales. En ese fallo, además, se advirtió que “los servidores públicos deben ejercer sus funciones personalmente”. Estas licencias en el caso de las autoridades locales tenían un costo anual de $3.2 millones.
Los aumentos de los gastos de representación no solo se dieron en el distrito de San Lorenzo, un área de mucha vulnerabilidad social, sino también en el Consejo Municipal de Arraiján y otros municipios del país. Ello luego de que la Contraloría suspendiera el pago de gastos de movilización a partir del 4 de marzo pasado.
El Consejo Municipal de San Lorenzo aprobó trasladar $30 mil del presupuesto asignado a los gastos de movilización al renglón que pagaría ahora gastos de representación. Con lo aprobado el alcalde, César Raúl Hernández, pasará de recibir $400 en gastos de representación a $2 mil 100.
Pese a estas situaciones y en medio de la crisis que vive el país, Solís no se ha pronunciado. Las quejas por el descontrol de los fondos públicos y el despilfarro también han marcado las protestas ciudadanas y cierres de calles debido al incremento del costo de la vida.
La Ley 32 también señala que es función de Solís elaborar y presentar al Gabinete, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, un “plan de reducción de gastos”. Además, está facultado para asistir al Gabinete con derecho a voz y a las de cualquier otro organismo público de carácter nacional, cuyas funciones se refieran a la administración de los patrimonios públicos.
