Después de largos encuentros marcados por recesos, reclamos, acuerdos y las llamadas mesas de contacto, el diálogo entre el Ejecutivo y los sectores sociales que paralizaron el país en julio pasado llega hoy 21 de agosto a un mes de haberse instalado en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé, Coclé.
La mesa única del diálogo, instalada el pasado 21 de julio tras protestas y cierres de calles en diferentes áreas del país, ha abordado siete temas: canasta básica, combustible, energía, educación, medicamentos, Caja de Seguro Social (CSS) y corrupción.
Si bien ha transcurrido un mes, ha habido al menos tres recesos que, en total, suman 12 días. La mesa no sesionó del 30 de julio al 3 de agosto; del 6 al 11 de agosto, y del 14 al 17 de agosto.
Este sábado, el equipo facilitador de la Iglesia católica asumió un nuevo rol: observador. Ello, luego de que las partes agotaran en la noche del viernes 19 de agosto el debate del tema corrupción y transparencia y decidieran llevar las conversaciones a una mesa de contacto, para tratar de lograr acuerdos.
Precisamente, este sábado se cumplió una semana desde que la Iglesia anunciara que adoptaría el papel de facilitadora, con la esperanza de que se entre a una segunda fase en la que se involucraría a otros actores, como se ha prometido desde hace semanas. No obstante, al cierre de esta edición esto no se había definido.
Los pactos avalados por la mesa integrada por tres grupos sociales (Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado -Anadepo- y Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos), así como por representantes del Ejecutivo (ministros, directores y administradores de diversas instituciones), han sido convertidos en decretos ejecutivos y resoluciones, y en otros solo ha habido compromisos por escrito.
Acuerdos y quejas
Se pactó congelar el precio del combustible por galón a $3.25, acuerdo que, pese a algunas críticas, marcha sin mayores contratiempos.
Se puso en marcha el control de precio de varios productos de la canasta básica. Los consensos se lograron en los precios tope, subsidio al consumo y reducción arancelaria. Las medidas complementarias establecidas en el acuerdo fueron adoptadas mediante decreto ejecutivo y tendrán una vigencia de seis meses prorrogables. Se trata de unos 72 productos y el Gobierno espera una rebaja del 30% de la canasta básica.
Las primeras normas tomaron forma el 28 de julio pasado, cuando el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 16, que establece el margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados. Entre los productos regulados se encuentran la pasta de dientes, papel higiénico, jabón de baño, conservas de pescado, aceite vegetal, harina de trigo, hojuelas de maíz y la fórmula para niños de 1 a 5 años de edad.
Mientras que con el Decreto Ejecutivo 17 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) se creó el programa “Productos Panamá”, cuyo objetivo es poner a disposición productos nacionales a precio de descuento, en las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
El pasado 17 de agosto arrancaron las agroferias en varios puntos del país. Ayer, por ejemplo, en Pan de Azúcar, San Miguelito, se observaron largas filas de ciudadanos que intentaban aprovechar los precios más bajos.
La queja recurrente en el diálogo y que, de hecho, ha retrasado la discusión de otros temas ha sido el cumplimiento de estos acuerdos. Reiteradamente los dirigentes piden que vuelvan a la mesa de Penonomé las autoridades del ramo a responder sus preguntas, pero el equipo del Ejecutivo insiste en que están tratando precisamente de hacer que se cumpla lo pactado, porque deben tratar no solo con los consumidores, sino con los productores y comerciantes.
La mesa de diálogo también terminó de discutir el tema de educación, cuarto punto de la agenda. Allí pactaron que se designe el 6% del producto interno bruto a la educación. El Gobierno aceptó destinar el 5.5% del presupuesto nacional para la educación en 2023 y el 6% para 2024.
El diálogo también empujó a que el Ejecutivo buscara un “paliativo” al tema de los medicamentos. Entre estos está que, recientemente, el Gabinete autorizó al ministro de Salud, Francisco Sucre, para que presentara ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 16-22 que modifica el literal “d” del artículo 8 de la Ley 24 de 1963, para permitir la importación de medicamentos por parte de las farmacias. Su implementación es ahora una gran incógnita.
También el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó el pasado 10 de agosto el Decreto Ejecutivo 17 del Mici, que disminuye en 30% el precio de medicamentos, el cual empezó a regir el pasado 15 de agosto, por seis meses prorrogables. Esta decisión trajo quejas no solo en la mesa de diálogo, sino también entre las propias farmacias, que decidieron cerrar porque no podían otorgar ese descuento. Además, emitió el Decreto Ejecutivo 115 del 16 de agosto de 2022 que reglamentó la Ley 1 de 10 de enero de 2001 que permitiría la apertura del mercado para la importación de medicamentos de forma que aumente la competencia y, por ende, disminuyan los precios. Esto todavía está por verse.
Cuestionan políticas económicas de Penonomé
Otros sectores, sin embargo, ven con recelo no solo el hecho de que los hayan excluido del diálogo, sino el tipo de políticas económicas que están emanando de Penonomé. Un total de 150 asociaciones de comerciantes, agricultores, ganaderos, cooperativistas, clubes cívicos y otros sectores productivos del país han creado la Gran Alianza por Panamá, que ha exigido no solo participación en el diálogo de Penonomé, sino que ha cuestionado los acuerdos. Esta agrupación es apoyada por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
En general, cuestionan que las medidas adoptadas por el Gobierno para calmar la tensión social se han basado principalmente en controles de precios y de márgenes de comercialización, subsidios y una mayor intervención en la cadena de comercialización.
