Tras la concesión del salvoconducto que permite al expresidente Ricardo Martinelli asilarse en Nicaragua, surge una interrogante clave: ¿qué ocurriría si decide viajar a un tercer país? Mientras que su aliado político, el diputado Luis Eduardo Camacho, sostiene que su condición de asilado no limita su movilidad, varios expertos en derecho, entre ellos exmagistrados, advierten lo contrario.
Cuatro especialistas coinciden en que, si Martinelli abandona Nicaragua, perdería la protección otorgada por ese país y quedaría expuesto a una eventual detención si la nación de destino reconoce las solicitudes de extradición emitidas por Panamá u otros países donde enfrenta procesos judiciales.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda de Troitiño, advirtió que el asilo político otorgado al expresidente Martinelli en Nicaragua se basa en una premisa cuestionable, ya que −según ella− no se trata de un perseguido político, sino de una persona procesada y condenada por la justicia panameña por delitos que no tienen un trasfondo político. En ese sentido, destacó que el primer paso es refutar dicha calificación y recordar que la condena impuesta en Panamá responde a delitos comunes y no a una persecución ideológica. Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso “New Business”.

Troitiño explicó que, si bien el salvoconducto otorgado por la Cancillería de Panamá le permitió viajar a Nicaragua, ese es el único país donde su condición de asilado tiene validez. En caso de que decida trasladarse a otra nación, Panamá tiene la facultad de solicitar su extradición, ya que su estatus de asilado no se extiende automáticamente a otros países.
Además, subrayó que el manejo del asilo político debe analizarse dentro del contexto jurídico, diferenciándolo de casos donde realmente exista una persecución política legítima. La exmagistrada insistió en que, dado que Martinelli enfrenta una condena firme en Panamá, el Órgano Judicial panameño mantiene la potestad de solicitar su extradición si viaja fuera de Nicaragua. “Si él se mueve a otro país que no sea el que le otorgó el asilo, entonces Panamá puede pedir su extradición”, afirmó.
Llamado al Gobierno
Por su parte, el abogado Alonso Illueca advirtió que, tras la emisión del salvoconducto, es fundamental que el Gobierno panameño demuestre un compromiso real en la lucha contra la impunidad. En este sentido, señaló que corresponde a las autoridades solicitar una alerta roja a Interpol para impedir que el exmandatario viaje libremente a otros países y evitar que utilice su estatus de asilado como un medio para evadir la justicia panameña.
Otorgado el salvoconducto, si existe un compromiso real del Gobierno Nacional 🇵🇦 en la lucha contra la impunidad, corresponde solicitar una circular roja a INTERPOL para prevenir que el asilado viaje libremente a distintas jurisdicciones.
— Alonso E. Illueca (@alonsoillueca) March 27, 2025
“Otorgado el salvoconducto, si existe un compromiso real del Gobierno Nacional en la lucha contra la impunidad, corresponde solicitar una circular roja a Interpol para prevenir que el asilado viaje libremente a distintas jurisdicciones”, acotó.
Prescripción y condena
Mientras tanto, la exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez advirtió que cualquier intento de viajar a otra nación lo expondría a una posible captura, ya que Panamá lo considera un prófugo de la justicia. Además, recordó que Martinelli enfrenta procesos no solo en su país de origen. Gómez subrayó la importancia de que Panamá mantenga activas las alertas de Interpol y refuerce sus solicitudes de extradición en cualquier destino donde el exmandatario intente refugiarse. “Él es un hombre libre dentro de Nicaragua, pero fuera de ahí debe ser detenido”, enfatizó la exprocuradora.
La exprocuradora también se refirió a la condena y prescripción del caso Martinelli, argumentando que la condena del expresidente prescribe, según el artículo 119 del Código Penal, en el mismo tiempo que dura la pena, es decir, 10 años y 8 meses.

Para evitar que prescriba, es responsabilidad del Poder Judicial, específicamente del juez de cumplimiento, mantener activas las solicitudes correspondientes. A su vez, destacó que si, por ejemplo, un día antes de que prescriba la condena, se activa una solicitud de extradición, esta acción interrumpe el proceso de prescripción.
Por lo tanto, Martinelli deberá ser considerado un prófugo de la justicia durante al menos 10 años, más los meses adicionales de condena. En cualquier lugar donde ponga un pie en Panamá, advirtió Gómez, deberá ser detenido y encarcelado, y lo mismo ocurriría si sale de Nicaragua.
Otros procesos
Al respecto, el abogado y exfiscal Boris Barrios explicó que, desde el marco del derecho internacional, el asilo concedido al expresidente en Nicaragua restringe su movilidad internacional. De acuerdo con la Convención sobre Asilo de 1954 y la Convención de Caracas del mismo año, el Estado asilante no está obligado a garantizar libertad de tránsito a otros países.
Barrios señaló que Nicaragua debería explicarle a Martinelli la prohibición de abandonar su territorio para evitar que sea capturado o extraditado por otra nación. Sin embargo, si el exmandatario decide viajar a un tercer país, perdería automáticamente la protección de Nicaragua y quedaría expuesto a una posible detención si la nación de destino reconoce las solicitudes de extradición emitidas por Panamá, España o Estados Unidos, donde mantiene investigaciones pendientes.

Además, destacó que el asilo no otorga un “pasaporte universal” ni el derecho a libre tránsito, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, Barrios indicó que si Martinelli deja Nicaragua, cualquier Estado con acuerdos de extradición con Panamá podría detenerlo y entregarlo a las autoridades panameñas. “En la práctica, el asilo lo obliga a permanecer en Nicaragua para mantener su protección”, acotó.
Todo indica que Martinelli podría perder la protección que le brindaría Nicaragua y exponerse a la detención y extradición en naciones que reconozcan las solicitudes de Panamá u otros países que lo investigan. Así, su permanencia en Nicaragua se presenta como la única garantía de seguridad frente a los riesgos legales que enfrentaría fuera de su territorio de asilo.