Pese a que públicamente considera un “descaro” que los diputados le dirijan notas para pedir nombramientos en la Caja del Seguro Social (CSS), el director de esa entidad, Enrique Lau Cortés, se negó a entregar copias de dichas cartas, porque -según él- se trata de información “confidencial”.
Esa fue la respuesta de Lau Cortés, el jueves 23 de febrero, a una petición de información del presidente del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, quien requirió conocer sobre estas solicitudes de los diputados y otros altos funcionarios del gobierno al director de la CSS.
El 4 de septiembre de 2022, en una entrevista titulada ‘Con tantas mesas, pongamos la mueblería’, en el Knockout de La Prensa, Lau declaró que la petición más descarada que le han hecho como director de la Caja había sido la de “diputados pidiendo los 70 nombramientos a los que, según ellos, tenían derecho”.
En esa misma entrevista reveló que “como 55″ de los 71 diputados que tiene la Asamblea Nacional, “de todos los partidos”, le han pedido nombrar gente. Al preguntársele qué porcentaje de la planilla de la CSS corresponde a gente que recomendó algún diputado, se limitó a decir que “Panamá es chico. Los nombro, pero no por ellos, sino porque igual los necesito”.
En base a esas declaraciones, Lombana presentó una solicitud de acceso a la información, de “toda la correspondencia y correos recibidos por la institución para pedir nombramientos, puestos o contratos de trabajo, por parte de diputados de la Asamblea Nacional, diputados del Parlamento Centroamericano, ministros de Estado, directores nacionales y miembros de la junta directiva de la CSS, entre otros funcionarios con mando y jurisdicción”.
Pero ahora, el director de la CSS respondió a Lombana que por ser una entidad pública, cualquier persona puede girar recomendaciones a la misma. “Entre estas recomendaciones, el referir personas para el ejercicio de un cargo público, puede ser efectuado por cualquier ciudadano, sin tomar en cuenta el hecho de que este último ejerza una función como diputado, ministro, alcalde, representante, miembro de la sociedad civil, etc”.
Además, Lau recurrió a los artículos 1 y 8 de Ley 6 de 22 de enero de 2002 o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (que es la misma norma invocada por Lombana en su solicitud de información), para negar la petición.
Lau sostiene que no puede entregar las copias completas y autenticadas de todas las cartas, notas, correos electrónicos y memorándum presentados a su despacho para solicitar nombramientos en la institución, debido a que la Ley 6 -según él- se lo impide.
Cita en su nota a Lombana que “las instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido”.
“De acuerdo a lo anteriormente señalado, la información solicitada constituye información de carácter confidencial, por lo que no puede ser divulgada, bajo ninguna circunstancia por agentes del Estado, tal cual como también lo señala el Artículo 13 de la Ley en referencia”, dice Lau.
Sobre el tema, el procurador de la Administración, Rigoberto González, ha dejado claro que información confidencial se limita a aquella que “versa sobre la condición de las personas que ha llegado a agentes del Estado que tenga relevancia con respecto a datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades materiales u oriental social, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico...”
Lau, por otra parte, expresa que la CSS cuenta con un “sistema de reclutamiento y selección, que cumple con los requisitos establecidos para solicitudes de empleo en general”.
Justificando su negación, el director expresó que, en octubre de 2019, la planilla de la CSS era de 35,293 servidores públicos; ahora hay 35,067 funcionarios, al 30 de enero de 2023. Es decir, que en casi cuatro años, bajó en 226 funcionarios. “Estamos reestructurando nuestros procesos en la organización”, planteó.
En su momento, Lombana manifestó que “las solicitudes de un partido político para nombramientos en el Gobierno son un delito electoral y eso ocurre todos los días. Así se reparten los pasteles y mucha gente se queda sin oportunidades”.
