Desde la embajada de Nicaragua, Ricardo Martinelli justificó su petición de asilo, pidió el voto para José Raúl Mulino, y concedió una entrevista a CNN.
En la entrevista con el periodista Fernando del Rincón siguió el libreto que empezó a implementar desde el inicio de esta semana: el del papel de víctima. Aseguró que es perseguido, que Panamá es una dictadura civil y que el presidente Laurentino Cortizo lo quiere matar.
Todo eso, ignorando lo que disponen las convenciones que sustentan la figura del asilo. La Convención sobre Asilo de 1928, una de las que invocó el régimen de Daniel Ortega para concederle la protección, en su artículo quinto, dice por ejemplo, que “mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública”.
La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece eso y añade algo más: “el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial”.
Sin embargo, el expresidente panamañeo, en la entrevista que dio a CNN, conducida por el periodista Fernando del Rincón, incluso dijo que él no está inhabilitado y que seguirá con su campaña política.
Martinelli se atrincheró en la embajada de Nicaragua luego de que el pasado viernes 2 de febrero, la Corte Suprema de Justicia anunció que no acogió el recurso de casación contra la condena de 10 años y 8 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business.
El próximo viernes 9 de febrero se vence el plazo para retirar el edicto de la Sala Penal de la Corte donde consta que la casación no fue admitida. Con ello se le pone punto final al tema y lo que seguía era una orden de conducción para que cumpla con la pena de cárcel.
Martinelli fue postulado por los partidos Realizando Metas y Alianza como candidato presidencial para las elecciones generales de mayo, pero el artículo 180 de la Constitución dice que “No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado con delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia”.
Significa que está impedido para seguir en el proceso electoral, por lo que su compañero de fórmula, el abogado José Raúl Mulino, deberá tomar la batuta de la candidatura principal, pues el Código Electoral no permite darle paso a una nueva figura.
En un comunicado divulgado este jueves 8 de febrero, el Tribunal Electoral comunicó que aún no ha recibido copia de la sentencia en firme en el caso del expresidente panameño. Recordó lo que establece el artículo 180 de la Constitución y añadió que le corresponde “inhabilitar” a aquellos que se encuentren en esta condición jurídica, según lo establece el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral.
Por último informó que cuando llegue la copia de la sentencia en firme autenticada, “se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecen la Constitución Política y la ley electoral”.
