Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), también ordenó ponerle freno a la ley federal destinada a evitar las prácticas corruptas en las empresas multinacionales, argumentando que genera un terreno de competencia desequilibrada para las empresas estadounidenses.
La Foreign Corrupt Practices Act ( ley contra prácticas corruptas en el extranjero) norma que nació en 1977 tras el escándalo Watergate, prohíbe a las compañías de Estados Unidos pagar sobornos a funcionarios de otros países para conseguir contratos millonarios.
La noticia impactó a académicos, activistas anticorrupción, expertos en gobernanza y transparencia, pues se trata de una herramienta central para la lucha contra el soborno transnacional que ayudó a poner en el banquillo de los acusados a los responsables de grandes escándalos, como los del conglomerado Siemens y la constructora Odebrecht. Ambos develaron una estructurada maquinaria de sobornos que implicó a funcionarios, empresarios y operadores. Corrupción de alto vuelo.
¿Y Panamá?
¿Qué impacto podría tener esta decisión en Panamá, un país donde los escándalos por sobornos han protagonizado capítulos frecuentes de la vida pública? Si se habla de procesos en los que empresarios de Estados Unidos pagaron sobornos a funcionarios panameños, la historia reciente muestra capítulos emblemáticos como los casos PECC y SAP.
Estos escándalos, que salieron a la luz en las últimas dos décadas, revelaron redes de corrupción en las que empresas estadounidenses sobornaron a altos funcionarios panameños para obtener contratos públicos y favores políticos. El caso PECC, relacionado con pagos por el servicio de las boyas y faros y el caso SAP, vinculado a la adquisición de software, no sólo expusieron las prácticas ilícitas entre actores privados y públicos, sino que también generaron un golpe a la gobernanza del país.
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Desde ya, activistas contra la corrupción y conocedores de los tejemanejes de las contrataciones públicas advierten que la decisión de Trump podría tener implicaciones significativas en la ética pública, empresarial, alianzas público privadas, concesiones y por ende la corrupción global.
Manuel González Caballero, gerente para América Latina de la oenegé Cost-Transparencia en Infraestructura, asegura por ejemplo, que esta decisión del gobierno estadounidense puede generar mayores riesgos de corrupción en la contratación pública, alianzas público privadas y concesiones.
“Definitivamente es un retroceso de 50 años en los esfuerzos por fortalecer la gestión de dineros públicos y disminuir las prácticas corruptas a nivel global”, aseguró. Para González Caballero, con este nuevo escenario, una empresa estadounidense podrá sobornar a servidores públicos para ganar contratos o concesiones con los Estados y no será sancionada por ello, aunque afirma que no está seguro que las empresas lo hagan, por el riesgo reputacional que implica.
Consultado sobre la manera en que como se debe abordar la ética empresarial y el cumplimiento de la ley, manifestó que como país se debe dar una lección de integridad “y fortalecer el sistema con una ley antisoborno, con una política anticorrupción y con ley de beneficiarios finales y ley de lobby; para de esta forma disminuir el riesgo al que nos enfrentamos por la decisión del gobierno estadounidense”.
Mientras que Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, al igual que González catalogó la suspensión de la ley antisobornos de EU como un “retroceso monumental”.
“En este momento parte de los fondos de cooperación internacional que nos permite a la sociedad civil abordar estos desafíos están bajo revisión. Aún no sabemos cómo se van a reprogramar las prioridades de estos fondos. Pero si tuviéramos que juzgar basados en la suspensión de la ley antisoborno, me atrevería a pensar que los programas de cooperación internacional provenientes del Departamento de Estado están en riesgo de no incluir dentro de sus prioridades la lucha contra la corrupción”, añadió.
Sin embargo, agregó que la coyuntura invita a la colaboración multisectorial, a ser resilientes, innovar y revaluar proyectos. “En nuestro caso la mayoría de nuestros programas eran financiados con fondos de agencias federales y están relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, promover los valores democráticos y la lucha contra la corrupción, por lo que todos han quedado cesantes”, contó.
Para la vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, con la suspensión de la ley antisoborno “se estarían legalizando prácticas desleales y criminales, abonando a una cultura de soborno y deshonestidad”.
“Para la región el impacto sería un mensaje devastador, sencillamente te dice “el crimen paga y todos son corruptos, así que legalicemos esto”, añadió.
El tema surge en la misma semana en que se divulgó que la percepción de corrupción en Panamá empeoró en 2024 si se le compara con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional (TI).
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