El financiamiento público para el proceso electoral es de $109 millones

El financiamiento público o subsidio para los partidos políticos y candidatos por libre postulación durante el presente proceso electoral será de $109 millones, de los cuales $54.5 millones corresponden al periodo preelectoral y $54.5 millones una vez concluyan las elecciones.

El monto equivale, como dice la normativa electoral, al 1% de los ingresos corrientes del año anterior a la elección general, en este caso del año 2023, los cuales fueron calculados en $10 mil 900 millones, según consta en el presupuesto general del Estado

Esta información fue suministrada por Isidro Carbonell, director de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral (TE), quien también se refirió al porcentaje de candidatos que entregó sus informes de ingresos y gastos, luego de culminar las primarias partidarias y el proceso de recolección de firmas de los aspirantes por la libre postulación. Carbonell también habló de los controles que está implementando el TE, para evitar que el crimen organizado financie campañas políticas.

Se trata de un escenario electoral que está compuesto no solo por el financiamiento público, sino también por donaciones privadas.

Carbonell subrayó que en el caso de los candidatos proclamados o ya reconocidos, ya el 97% ha entregado sus informes de ingresos y gastos, debido a que el periodo se venció el pasado 14 de agosto.

“En el caso de los ingresos, refleja todas las contribuciones que recibieron de fuentes privadas. En este caso podríamos considerarlo como donaciones y, además de eso, están los recursos propios que tengan en un momento dado, como parte de la campaña, que pongan de su dinero”, dijo.

A esto hay que agregar que también están las “donaciones en especies”, en las que no hay dinero de por medio y que puede ser, por ejemplo un automóvil o artículos promocionales, pero que igual se tienen que declarar.

Crimen organizado

Sobre qué está haciendo el TE para evitar que dinero del crimen organizado ingrese a las campañas políticas, Carbonell señaló que cualquier información que se presenta en los informes de ingresos y gastos les permite detectar el flujo del dinero y, en este tema, la lista de donantes es la que brinda una “idea” más detallada sobre si hay un monto sospechoso o bastante significativo, que les permita buscar la fuente exacta de ese dinero.

Agregó que sostienen conversaciones para establecer alianzas con otras instituciones del Estado, como por ejemplo la Dirección General de Ingresos (DGI), los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita a la Presidencia de la República.

A su vez, recordó que en la última reforma se estableció que empresas que proporcionan servicios al Estado tampoco pueden ser donantes de campaña.

Los topes

El Código Electoral establece que quienes aspiren a presidir el país tendrán un tope de financiamiento privado de $10 millones para la elección general, mientras que para el cargo de diputado, el tope de financiamiento privado es de $300 mil por candidato.

Carbonell explicó que se acaba de de implementar un sistema tecnológico para recibir los informes de ingresos y gastos, pero se pondrá en marcha para la elección general. Aunque aclaró que, por tratarse de un sistema nuevo, puede que su uso no sea obligatorio.

“Lo que estamos recibiendo en este momento es puro papel y ese papel lo estamos escaneando y publicando en la página web del Tribunal Electoral”, explicó.

Reconoce que es muy difícil lidiar con la amenaza del crimen organizado, porque el sistema bancario pondera la privacidad de sus clientes.

“El Tribunal Electoral va a mirar en esa línea, para que tengamos un poquito más de injerencia en la búsqueda de la información de la fuente de financiamiento, porque estamos un poco limitados en ese sentido. Y si hay alguna sospecha, pasarla al Ministerio Público, en el caso tal de que sea una situación de tipo penal o si puede alcanzar una situación de blanqueo de capitales”, apuntó Carbonell.

También defendió el financiamiento público, argumentando que mientras más recursos del Estado haya, menos riesgo habrá que el proceso electoral sea usado por el crimen organizado o el blanqueo de capitales.

“Todos los candidatos presidenciales están siendo auditados, porque a diferencia de los demás cargos, en el caso de los presidenciales deben entregar un informe cada mes”, detalló Carbonell, quien agregó que una de las principales faltas que están encontrando es que algunos candidatos pagan publicidad de su propio dinero y no lo ingresan a su cuenta de campaña, como lo establece la normativa electoral.

En cuanto al financiamiento público que se ha destinado al presente proceso electoral, precisó que para los partidos políticos y candidatos de libre postulación es de $109 millones, de los cuales $54.5 millones corresponden al periodo preelectoral y $54.5 millones una vez concluyan las elecciones.

El periodo postelectoral incluye a los partidos políticos que sobrevivan y también a los candidatos de libre postulación electos.

Visión internacional

El pasado mes de junio se llevó a cabo el foro en el foro denominado “Integridad política y el financiamiento de la democracia”, que puso sobre la mesa los claroscuros del financiamiento de los partidos, campañas y candidatos y su impacto en la democracia.

Aquella vez, Sandra Martínez, directora de Iniciativas, Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de Transparencia Internacional, habló sobre la penetración del crimen organizado en el poder.

“Muchas de las instituciones están creadas para favorecer intereses particulares. Vía financiamiento de la política se captura al sistema democrático. Es el financiamiento que permite la compra de votos, extorsión de candidatos (...)”, manifestó.

Sin embargo, abogó por no estigmatizar el financiamiento privado. Debidamente reportado, fiscalizado, con topes máximos de gastos y seguimiento en tiempo real, es útil para el sistema democrático.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política