El gerente general de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Carlos Mosquera, quien solicita una indemnización de casi $250,000 por dejar el cargo, se negó a realizar los aumentos salariales acordados en la convención colectiva sindical, argumentando que la entidad enfrentaba “un gran déficit”.
Así está consignado en una nota que Mosquera envió a Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa), el pasado 31 de octubre.
La convención colectiva 2020-2024, en su cláusula 22, indica que la empresa realizará un ajuste al salario base del trabajo de un 3%, el cual se hará efectivo a partir de la primera quincena del mes de abril de cada año. Pero esa cláusula tiene un parágrafo, que establece que cuando la convención tenga dos años de vigencia, se realizarán las evaluaciones que correspondan “con el fin de verificar si las condiciones económicas del país o de la empresa permiten un incremento o aumento al salario de los trabajadores”.
Y a ese parágrafo es al que apela Mosquera para negar el aumento salarial que pide el sindicato.
En la nota a Muñoz, Mosquera apuntó que, luego de de realizar análisis y evaluaciones, se ha determinado que “las condiciones económicas actuales de la empresa y del país, el cual se encuentra con un gran déficit, no permiten considerar la posibilidad de realizar los ajustes establecidos en la cláusula 22 de la actual convención colectiva”.
El 31 de octubre del 2023, la gerencia de Etesa se negó a negociar aumentos salariales con los trabajadores argumentando que no había dinero, sin embargo si hay dinero para las liquidaciones de los directivos. pic.twitter.com/sjdCpPEhhg
— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) June 24, 2024
El gerente general culpó a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) por la situación, ya que redujo la tasa de rentabilidad del 7.76% al 7.30%, lo que, según él, significa cerca de $40 millones menos en el presupuesto de Etesa.
Mosquera, que gana casi $14,200 al mes, acordó una liquidación por mutuo acuerdo que incluye una indemnización de $249,195.
El subgerente Óscar Rendoll también llegó a un acuerdo mutuo y solicita $306,615.
Solo las indemnizaciones de Mosquera, Rendoll y otros cuatro funcionarios de confianza costarán cerca de un millón de dólares.
El presidente electo, José Raúl Mulino, solicitó a la Contraloría General de la República que no refrende esos pagos.
