El Decreto Ejecutivo No.204, que reglamenta el programa de retiro voluntario anunciado por el presidente Laurentino Cortizo como parte de las medidas de contención de gasto debido a la crisis económica que vive el país, contempla las reglas a seguir para acogerse al plan.
El 12 de julio pasado, en medio de las protestas que paralizaron el país por el alto costo de la vida y el despilfarro en las entidades oficiales, el Consejo de Gabinete anunció un plan para bajarle la intensidad al reclamo callejero. Eso incluía la reducción del 10% de la planilla estatal, entre otras medidas. En el Ejecutivo han asegurado que estas medidas podrían representar un ahorro de entre $25 millones y $30 millones mensuales en pago de planilla. A la fecha, no se ha concretado una estrategia ni existen directrices, al menos no públicas, que deban seguir las entidades. Según los reportes más recientes, entre enero y junio de 2022 se pagaron $2 mil 402 millones en salarios a funcionarios.
En el decreto se argumenta que el programa “representará ahorros en la planilla estatal, que servirán de apoyo para enfrentar económicamente la situación actual del país”.
El programa, además de estar dirigido a personal que tiene interés de retirarse del servicio y necesita un incentivo, también se basa en la población de funcionarios que ya estén en edad de jubilación, cobren pensión de la Caja de Seguro Social (CSS) y laboran actualmente en instituciones públicas. Podrán acogerse al plan los funcionarios que sean parte de la estructura permanente de la institución y tengan al menos dos años laborando en esta. Se trata de personal que cobra pensión pero se mantiene trabajando y, por ende, devenga un salario.
Este plan de retiro voluntario se reglamenta la misma semana en que expertos alertan sobre la falta de fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, el cual paga las pensiones. Se ha proyectado que se entrará en déficit para hacer frente a los pagos de pensiones a partir del próximo año.
De acuerdo con el decreto, a quienes se acojan a la medida se les pagará un bono que dependerá de su salario mensual y del tiempo que tengan laborando en la institución. Por ejemplo, si una persona tiene entre cuatro y cinco años como servidor público, se le pagará un bono correspondiente a cinco meses de salario. Si lleva más de cinco años en la institución, el bono corresponde a seis meses. De dos a tres años se le pagarían tres meses de salario y de tres a cuatro, son cuatro meses.
El documento también especifica que el bono se calculará con base al salario devengado al 30 de junio de 2022 y no se considerarán otras remuneraciones, como por ejemplo, gastos de representación. Los fondos para pagar estos bonos, especifica el decreto, saldrán de “los recursos que se generen del saldo no comprometido en las asignaciones de sueldos fijos de los servidores públicos que se acojan al programa”. Es decir, los salarios que se tenía previsto pagarle a dichos funcionarios se utilizarán para sufragar el bono. Los que deseen adherirse al programa deberán presentar su solicitud de retiro voluntario a más tardar el 15 de noviembre de 2022.
¿Hay proyecciones?
Si bien en el decreto se argumenta que la implementación del programa significa un ahorro en la planilla estatal, no se detalla cuántas personas son elegibles para el retiro, ni cuál es la proyección de personas que se acogerán a él.
Este medio llamó al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la Presidencia en busca de datos sobre elegibilidad y proyecciones. Al cierre de esta edición, no hubo una respuesta concreta sobre cuántas personas esperan que se acojan a la medida y el ahorro que esto significaría. En el Decreto Ejecutivo se insta a las instituciones públicas a divulgar la información sobre los requisitos para acogerse al programa y las fechas límite. Son las oficinas institucionales de Recursos Humanos de cada entidad las encargadas de gestionar los formularios y solicitudes.
