El gobierno panameño ha dirigido una nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados, como -advierte- ya ocurrió en el año 2016.
“Entendemos que ustedes, en colaboración con otros medios de comunicación, están trabajando en una investigación sobre finanzas offshore, con la intención de publicar los resultados en una serie de países. Antes de proceder, debe saber que la cobertura mediática anterior iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio (los ‘Panama Papers’) lo que causó un gran daño a Panamá. El Gobierno está decidido a actuar para que el ICIJ o cualquier otro medio no repita esta falsedad”, señala una nota que la firma de abogados estadounidense Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, que representa al gobierno panameño, envió vía correo electrónico el pasado 16 de septiembre a Brenda Medina y Emilia Diaz Struck, periodistas de investigación del ICIJ.
La nota la firma J. Erik Connolly, de la referida firma con sede en Chicago, y en la misma, recuerda las “enormes consecuencias negativas para el país, que persisten aún hoy”, derivadas de la investigación denominada Panama Papers, sobre las actividades de Mossack Fonseca, en el año 2016. Las publicaciones originaron varias investigaciones en distintos países, incluyendo Panamá, y el escándalo conllevó el cierre de la firma.
El abogado recordó que, aunque las sociedades panameñas representan el 0.27% de todas las sociedades offshore registradas en el mundo, aquella investigación hizo que el nombre de Panamá quedara “asociado” con la industria offshore y el lavado de dinero.
“Esa marca difamatoria ha persistido”, sostiene Connolly. Por eso, ante la posibilidad de que el ICIJ realice nuevas publicaciones “que aborden temas similares”, el Gobierno de Panamá consideró importante advertirle al consorcio de periodistas que “cualquiera que sea la percepción que el ICIJ tenía de Panamá en 2016, en cuanto a los requisitos de diligencia debida y la supervisión de los bufetes de abogados, no se parece en nada al Panamá de hoy”.
Como prueba de las acciones emprendidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, Connolly cita que Panamá ha suspendido el registro de 395 mil 415 sociedades y fundaciones, las cuales representan el 50% del total.
Además, se han hecho ajustes al marco legal: ahora es obligatorio que las firmas de abogados que actúan como agentes residentes identifiquen al beneficiario final; las autoridades fiscales panameñas comparten información de los ciudadanos extranjeros con su jurisdicción de origen y se creó la Superintendencia de Sujetos no Financieros, son algunos ejemplos listados en la carta al ICIJ.
Connolly remarca en la nota que su cliente es respetuoso de la libertad de prensa y no pretende impedir cualquier investigación periodística, “simplemente asegurarse que el ICIJ tenga información precisa antes de su publicación”, para lo que se pone a disposición de los miembros que integran el consorcio. No se precisa quiénes sería los “representantes del gobierno” que aclararían cuál es el marco actual y las acciones concretas que se han emprendido en los últimos cinco años.
“Cualquier publicación futura que refuerce esa falsa percepción o ese apelativo difamatorio tendrá consecuencias devastadoras para Panamá y su pueblo. Esta vez el daño podría ser insuperable para un país que apenas se recupera de la pandemia y que tiene una de las economías más afectadas de la región”, cierra la nota.
