Entre 2019 y 2022, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) gastó $74.7 millones en auxilios económicos que fueron entregados a 5 mil 930 personas.
La cifra es parte de las respuestas de un cuestionario de ocho preguntas que el director del Ifarhu, Bernardo Meneses, le respondió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en medio de la investigación que adelanta la entidad por las irregularidades detectadas en la asignación de estos recursos.
Este beneficio ha estado en el ojo de tormenta luego de que saliera a relucir que muchos de esos auxilios económicos han sido otorgados a allegados a figuras políticas, principalmente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La pesquisa de la Antai surgió a raíz de una denuncia que interpuso el abogado Ernesto Cedeño luego de que se dieran a conocer los auxilios económicos otorgados a Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; a Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); a Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); a Estefanía Guardia ($99,478), exnovia del diputado Juan Diego Vásquez, y a María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Meneses en el Ifarhu.
Meneses se negó a enviar los expedientes a la Antai, señalando que contienen datos personales que no se pueden compartir, pues a su juicio, lo prohíbe la Ley 81 de 2019. Sin embargo, ha proporcionado parte de la información solicitada por la Antai.
¿Rendición de cuentas?
En el documento donde hace referencia a los millones invertidos en auxilios económicos, Meneses también dio detalles de lo que, a su juicio, es el proceso de rendición de cuentas de aquellas personas que reciben estos beneficios. Explicó que los estudiantes deben mostrar sus avances académicos (créditos finales y diploma, debidamente acreditado por la institución educativa).
“Regularmente, el dinero del beneficiario se le entrega directamente a las universidades o escuelas, cual sea el caso, pero es poco usual que se le entregue dinero al estudiante de forma directa”, sostuvo.
También aseguró que, en el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario, se le cancela el auxilio económico y tiene la obligación de reembolsar al Ifarhu los dineros otorgados. Pero, cuando se trata de becas y se incumple, solo se le cancela el beneficio, sin ninguna otra obligación.
Además, explicó que entre las instituciones que han obtenido beneficios del Ifarhu está la Antai.
En su denuncia, Cedeño solicitó una auditoría sobre el tema, pero la Antai informó que no tenía competencia para hacer ese trámite, por lo que remitió el expediente a la Contraloría.
A la fecha, se desconoce si la Contraloría está haciendo la auditoría. Solo se sabe que el 9 de noviembre de 2022, la Contraloría indicó a Cedeño que no refrendará pagos de auxilios económicos, “siempre que se funden en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida”.
Cabe señalar que mientras a Meneses la Antai le solicitó la copia de los expedientes, al contralor Gerardo Solís le pidió información del registro de “quienes hayan realizado la descarga de la información referente a los contratos de auxilios económicos en el periodo de 2019 a 2022, o en su defecto el listado de los usuarios que tuvieron acceso a este aplicativo o a la base de datos de dichos contratos en ese mismo periodo”.
Esto, según la Antai “a fin de que conste como elemento de convicción en la investigación que dirige esta institución como ente rector en materia de transparencia y acceso a la información”.
Se desconoce si el contralor entregó dicha información, pues hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema.
Harán inspección
Recientemente, La Prensa informó que la Antai practicará una inspección ocular en el Ifarhu, como parte de las diligencias por la denuncia que presentó Cedeño. En una nota firmada por Orlando Castillo, director encargado de la Antai, se detalla que la diligencia se realizará luego de que el Ifarhu se negara a entregar la información completa requerida por la autoridad, sobre la asignación de los recursos a favor de 13 personas.
