La posibilidad de que el Instituto de la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), divulgue los nombres de los beneficiarios de las becas y auxilios económicos que entrega la institución, se aleja cada vez más. Ileana Molo, directora de la institución, le aseguró al procurador de la Administración Rigoberto González, que la entidad que dirige es “garante” de la protección de datos de los beneficiarios, ya que es “un derecho fundamental” del ser humano desarrollado en el artículo 29 de la Constitución, el artículo 1 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre la transparencia en la gestión pública; y La Ley 81 de 2019, sobre datos personales.
La respuesta de Molo surgió a raíz de que el Procurador, le consultó si había cumplido con algunas sugerencias que le hizo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), sobre el programa de Becas de Asistencia Educativa y Auxilio Económico, ayudas que están bajo escrutinio, a raíz de que quedara al descubierto que las mismas se asignan con criterio político.
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Después de que octubre pasado se dio a conocer que allegados de políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvieron auxilios económicos sin ningún sustento, el abogado Ernesto Cedeño pidió a la Antai que investigara el tema. La entidad que dirige Elsa Fernández, concluyó que no se pudo comprobar que el Ifarhu incurrió en irregularidades administrativas o faltas al Código de Ética al otorgar los auxilios económicos. Entonces sugirió al Ifarhu que confeccione un reglamento con las pautas para otorgar los auxilios económicos.
Al respecto, Molo manifestó al Procurador que la entidad cuenta con un reglamento de Becas y Asistencias Económicas, Educativas y Auxilios Económicos, cuya última modificación se efectuó en febrero de 2022.
La Antai también recomendó una rendición de cuentas “mensual” por medio de la publicación (ya sea en medios de comunicación escritos o en la página web institucional) de los beneficiarios y montos desembolsados, especificando quiénes son los que ya han concluido sus estudios y quiénes han incumplido.
Pero Molo citó una disposición de la Constitución que entre otros aspectos, dice que “la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención”.
Molo, también señala al Procurador que los nombres completos de los beneficiarios, sus números de cédula, sus representantes legales, los montos desembolsados y a desembolsar , son datos confidenciales que “nuestra institución está obligada a salvaguardar, máxime cuando, bajo la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, se rigen los principios de proporcionalidad y seguridad de datos , los cuales nos obligan como institución a garantizar la protección de los datos sensibles”.
El proyecto 1031
La Antai impulsa la derogatoria de la Ley 6 de 2002 sobre transparencia y para ello presentó a la Asamblea Nacional el proyecto 1031. Según el documento, en la lista de temas que los funcionarios (sujetos obligados) están obligados a divulgar (artículo 15 del proyecto de ley 1031) no figura nada referente a quiénes son los beneficiarios de programas de gobierno. Es decir, precisamente blinda información referente a programas de becas que implican millonarios recursos del erario. Esto imposibilitaría, por ejemplo, tener acceso a los favorecidos con becas y auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
La acción de Ileana Molo, se suma a la práctica del Ifarhu de negar información a la ciudadanía. Bernardo Meneses, exdirector de la entidad hasta febrero pasado, sacó a relucir una y otra vez la Ley 81 sobre protección de datos, para no dar a conocer los beneficiarios de las becas y auxilios económicos.
El programa de Becas y Auxilios Económicos contará para el 2024, en pleno año electoral, con $518.1 millones, $148.4 millones más que en 2023, cuando se le asignó $369.7 millones, y $156.9 millones más que en 2022, año en que le tocaron $361.2 millones.
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