El Ifarhu y la Contraloría ocultan el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios

Siguen brotando más sorpresas de la base de datos interactiva presentada por La Prensa sobre los auxilios económicos que entregó el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El Ifarhu ha hecho todo lo posible por ocultar la información y casi lo logra por completo. La Prensa pudo incluir en su base de datos los nombres de 2,144 beneficiarios del programa de auxilios no reembolsables, pero hay 2,759 desembolsos adicionales que se mantienen en secreto, con una leyenda que reza “información del beneficiario final oculta por Contraloría”. Esto representa el 56.13% del total de los auxilios.

Los dineros, repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, representan un gasto total de $141.6 millones: 47% corresponde a los beneficiarios identificados y 56%, a los ocultos. Se trata de $75.5 millones repartidos a discreción y ni la Contraloría ni el Ifarhu quieren decir ahora quiénes son.

Además, entre los desembolsos cuyo beneficiario se mantiene “oculto” hay 98 que recibieron más de $100 mil de auxilio no reembolsable. Para 24 de ellos el desembolso fue de más de $190 mil. ¿Quiénes son? Si son fondos públicos, ¿por qué nadie puede saber cómo se llaman?

Ingrese a la base de datos de los auxilios del Ifarhu aquí

Es poca la información que hay sobre los criterios del Ifarhu para conceder auxilios económicos, salvo que son fondos no reembolsables, sin concurso y entregados a discreción; tampoco se exige un promedio académico alto o destacar en alguna disciplina deportiva o las bellas artes.

La nieta de Noriega y otros más

A la lista de beneficiarios hay que agregar a Ana Lorena Romero Noriega, nieta del exdictador Manuel Antonio Noriega, quien habría recibido un auxilio de $80,000.

En tanto, hubo $50,000 en auxilio para Haiman Shabetay, hijo de la comerciante Poulett Morales, ligada a varios escándalos de compras en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Hablan los candidatos

Cuatro de los ocho candidatos a la presidencia de la República han cuestionado la entrega de jugosos auxilios a personas ligadas a los círculos de poder o que pertenecen a familias sin aparentes necesidades económicas.

Rómulo Roux, candidato de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, pidió una auditoría de esos desembolsos, mientras que Maribel Gordón, quien compite por la libre postulación, prometió eliminarlos.

Ricardo Lombana, postulado por el Movimiento Otro Camino (Moca), pidió que se abra una investigación y dijo que, si gana el 5 de mayo, encontrará el mecanismo legal para que los beneficiarios devuelvan la plata.

“Ya veo por qué quien dirigió el Ifarhu hoy corre para diputado, porque necesita protección de fueros, inmunidad”, dijo Lombana.

Melitón Arrocha, otro candidato de la libre postulación, pidió que los auxilios sean reglamentados “para que se garantice un uso en favor de quienes tienen la necesidad y el mérito”, e insistió en que desconocía que su sobrino Juan David Sosa Arrocha es uno de los beneficiarios, con un pago de $60,000.

La candidata y diputada Zulay Rodríguez también habló, pero para protestar por la información divulgada por La Prensa. Insiste que su hija Paola Testa Rodríguez, aunque aparece en la lista de las personas auxiliadas por el Ifarhu con $61,000, recibió en realidad un préstamo. La deuda, según la diputada, es abonada por su esposo Álvaro Testa.

Lo que (no) dice el reglamento

En el reglamento de becas, asistencias económicas educativas y auxilios económicos del Ifarhu, que consta de 71 artículos, están listados los requisitos, derechos y obligaciones de los estudiantes acreedores de los programas de becas y de asistencias. En ambos se resalta que se dará preferencia a aquellos estudiantes “económicamente más necesitados”, de áreas vulnerables o en situación de riesgo social.

Ese no parece ser el caso de muchos auxilios económicos, ya que en la lista se puede reconocer la presencia de funcionarios y familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado, miembros del PRD y hasta del presidente Laurentino Cortizo. También de personas sin aparentes necesidades económicas.

Además, tanto en el programa de becas como en el de asistencia económica se reparten cantidades fijas: entre $35 a $150 al mes.

En el reglamento también está que el beneficiario debe dar su consentimiento para que el Ifarhu pueda comunicarse con el centro de estudios y obtener las calificaciones, si lo considera necesario. Si el becado pertenece al programa del concurso general para estudiantes distinguidos, pierde la beca si su promedio a final de año es menor a 4.2. Igualmente, debe aportar copia de la matrícula y del boletín de calificaciones, para justiciar que, en efecto, está cursando estudios en algún plantel.

Eso es en cuanto a los programas de becas y asistencias económicas. El de auxilios es otro cantar: se le dedica apenas dos de los 71 artículos del reglamento del Ifarhu. En uno se explica que está dirigido “a funcionarios públicos y docentes universitarios que asistan a programas de educación continua. También podrán acceder a estos auxilios económicos los funcionarios del Ifarhu, los estudiantes panameños que requieran un aporte económico para sus estudios superiores en universidades del país o extranjeras, y los estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales”.

En el otro se indica que “este programa será sujeto a una reglamentación especial”.

La Prensa intentó obtener copia del referido reglamento, lo cual no fue posible. Tampoco está disponible en la sección de transparencia del sitio ifarhu.gob.pa.

Tampoco queda claro quién decide estos auxilios. En el reglamento sí se menciona que todo lo relativo a la administración de las becas es competencia del “director de becas y asistencia educativa” del Ifarhu, cargo que actualmente desempeña Tania Menard, cuyo hijo Esteban Solís Menard fue beneficiado con un auxilio de $138,720, en el año 2021.

Lea aquí la nota 'El Ifarhu entregó auxilio al hijo de su directora de becas'

El director de becas preside una “comisión de concursos de becas” que tiene la tarea de “compendiar” la información y preseleccionar a los beneficiados. La selección final es responsabilidad única del director general de la entidad, cargo que ostenta Ileana Mola desde febrero de 2023, cuando renunció Bernardo Nando Meneses, ahora candidato a diputado del PRD en La Chorrera.

Por cierto Meneses, cuando fue director, modificó el reglamento para hacerlo más flexible. Hasta entonces, el documento indicaba que los solicitantes de los auxilios económicos debían sustentar “la necesidad económica”. De manera excepcional se otorgaba para realizar estudios o cursos en el extranjero, “en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo del país”. Eso fue modificado hace dos años y ahora los solicitantes deben justificar la ausencia de recursos económicos únicamente en determinados casos.

La última instancia sería el denominado “consejo nacional del Ifarhu”, que preside la ministra de Educación, Maruja de Villalobos. Este consejo atiende las apelaciones que se presenten contra las decisiones de la dirección general.

Hasta ahora, ni el Ifarhu ni la Contraloría ni el Ministerio de Educación han dado explicaciones o reaccionado a la información contenida en la base de datos presentada por La Prensa.

Mónica Palm

Jefe editorial.