Hasta el momento el contralor Gerardo Solís no se ha pronunciado sobre el escándalo suscitado por la discrecionalidad y criterio político con que se han repartido los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Esto, pese a que esa institución es la encargada de refrendar los pagos. El pasado 8 de noviembre a la Contraloría llegó una carta de la fiscal de cuentas, Waleska Hormechea, en la que esta funcionaria le informa a Solís sobre una denuncia que llegó a la fiscalía por las supuestas irregularidades en el manejo de ese programa. A raíz de eso, la fiscal le recuerda al contralor que la Contraloría tiene facultades para realizar inspecciones e investigaciones con el propósito de determinar la “corrección e incorrección” de las operaciones que afectan patrimonios públicos y en este caso, “presentar las denuncias respectivas”.
La denuncia en cuestión fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien sostiene la tesis que de determinarse que hay una lesión al patrimonio en el tema de los auxilios económicos del Ifarhu, “todos los que participaron en el proceso, incluyendo al personal de la Contraloría, podría ser sujeto de investigación patrimonial”. No obstante, en la Asamblea Nacional recientemente se aprobó el proyecto 907, que reforma la ley orgánica de la Contraloría, y excluye a los funcionarios de la institución de responsabilidad patrimonial en el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Esta propuesta legislativa en este momento se encuentra en la Presidencia de la República para su sanción o rechazo.
Algunos beneficiados
La Contraloría refrendó pagos para auxilios económicos a Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Meneses ($81 mil), y Estefanía Guardia, exnovia del diputado Juan Diego Vásquez ($99,478), entre otros.
“El hecho de que la Contraloría haya dificultado el conocimiento público de todos los nombres de los beneficiarios de estos auxilios solo tiene una calificación: complicidad”, escribió el abogado Rodrigo Noriega en un análisis titulado “Ifarhu: legalidad y responsabilidad de los auxilios económicos”, publicado en este medio el pasado 4 de noviembre.
Preguntas
La Prensa envió ayer viernes un correo con tres preguntas al contralor Solís a través de su equipo de prensa. Se le consultó ¿qué hará la Contraloría respecto a la solicitud de la Fiscalía de Cuentas? ¿auditará el programa? y ¿cuál es la posición de la institución sobre los auxilios económicos que el Ifarhu ha dado a personas allegadas al partido oficialista, muchas de las cuales, cuentan con recursos económicos para adelantar estudios sin la necesidad de la ayuda del Gobierno? Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
El tema salió a la luz pública a finales de octubre pasado debido a publicaciones del medio digital Foco Panamá. La ciudadanía pidió la renuncia de Bernardo Meneses, director de la entidad, y antiguo líder de la juventud del oficialista Partido Revolucionario Democrático. Pero, el funcionario se defendió argumentando que la ley dice que el auxilio se le puede otorgar a personas con escasos recursos o que tengan créditos académicos que lo validen. “Yo no hice nada ilegal. La carrera del hijo de Roberto Ábrego cuesta 400 mil dólares. Le dimos menos de la mitad. Ellos deben pagar el resto”, manifestó en una entrevista que concedió a La Prensa.
El abogado Cedeño también solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que investigue el tema. Esta entidad reaccionó con un comunicado en el que informó que adelanta una investigación administrativa, pero hasta ahora no se ha conocido nada al respecto. Tampoco se sabe que decisión tomó el Consejo Nacional del Ifarhu, organismo que el pasado 24 de octubre se declaró en sesión permanente y adelantó que se recomendarían implementar un sistema para que, “en aquellos casos de auxilio económico otorgado que pueden ser sufragados por los beneficiarios, se pudieran convertir en un crédito educativo adicional [préstamos]”.
El Consejo Nacional del Ifarhu está conformado por la ministra de Educación, Maruja Gorday; los viceministros Académico y Administrativo del Meduca, Ariel Rodríguez Gil y José Pío Castillero, respectivamente; la secretaria general del Ifarhu, Ileana Molo; el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Ortega-Barría; el director de asesoría legal del Ifarhu, Jorge Chan, y Solany Ríos, representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
