Unidad, fortaleza, diálogo, progreso. Palabras que destacaron en el discurso que pronunció ayer Jaime Edgardo Vargas Centella, el presidente de la Asamblea Nacional. Era martes 2 de enero, una fecha importante para el poder del Estado que dirige: el Legislativo retomó sesiones después del receso de noviembre y diciembre.
Vargas, darienita, perredista, y hombre de confianza del presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, omitió el capítulo más relevante de su mandato: las masivas protestas ciudadanas en contra de la Ley 406 del octubre de 2023, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre pasado, por violar 25 artículos de la Constitución.
No incluyó un mea culpa, una disculpa a la ciudadanía, ni tampoco dio una explicación, a pesar de que el órgano que representa aprobó el contrato en solo tres días, ignorando las voces ciudadanas.
En cambio, Vargas pronunció frases como: la Asamblea “no sólo escucha sino que actúa en consecuencia”, o “una nueva ruta en la política panameña”.
El presidente de la Asamblea, también se jactó de que en el presupuesto de 2024, proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate el viernes 29 de diciembre, se estableció que el 7% del Producto Interno Bruto, será para la educación, tema que también se atribuyó el presidente Laurentino Cortizo en su informe a la Nación.
Sin embargo, este fue uno de los temas que surgió del diálogo de Penonomé, una mesa de conversación entre distintas organizaciones y el Ejecutivo, que se instaló luego del estallido social de julio de 2022.
También dijo que en ese presupuesto ($30 mil 690 millones) se incorporó “un aumento sustancial” para la construcción del Instituto Oncológico Nacional. Sin embargo, ese “aumento sustancial” del que habla Vargas, llega a sólo $20 millones, lo que representa el 27.5% del costo total de la primera fase de este centro médico ($72.7 millones).
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La construcción de un nuevo oncológico ha sido postergado por los distintos gobiernos. Pero ahora es una bandera de la ciudadanía que cada tanto presiona en redes sociales y otros espacios de discusión para que se le otorguen los recursos.
De vez en cuando, el presidente de la Asamblea cambiaba las palabras. Por ejemplo, por decir desafíos, dijo “desanfrío”.
Al igual que su copartidario el presidente Laurentino Cortizo, Vargas también mencionó el proceso electoral de 5 de mayo, fecha en que Panamá escogerá a sus autoridades. “No permitiremos que las agendas políticas ensombrezcan el proceso”, dijo. También abogó por un torneo “justo, transparente y digno”. “Instamos a todos los candidatos a actuar con el más alto grado de integridad”, manifestó al tiempo que hizo un llamado al Tribunal Electoral (TE) para que desempeñe su función. “Estaremos vigilantes”, mencionó, olvidando que el órgano que preside cambió a última hora las reglas para las postulaciones por residuos.
Reformó el Código Electoral a comienzo de octubre de 2023, pese a la advertencia de los magistrados del TE. Sin embargo, este tema fue opacado por la ira ciudadana debido al contrato minero.
Tampoco habló del futuro de proyectos importantes que esperan debate, como el que propone la extinción de dominio para bienes ilícitos o el de las modificaciones al reglamento de la Asamblea. En julio de 2023, cuando tomó el control del Legislativo, Vargas prometió que la extinción de dominio sería una prioridad. Nunca cumplió.
Adelantó que se enfocarán en leyes que fomenten el desarrollo social y lo económico, al igual que en temas vinculados a la creciente problemática del agua.
