Cuando faltan dos semanas para terminar el año 2023, oficialmente la República de Panamá no tiene presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024.
En el último año de la administración del presidente Laurentino Cortizo (cuyo mandato termina el 30 de junio de 2024), esta situación genera un enorme grado de incertidumbre sobre el panorama de las finanzas públicas y de la economía nacional, ambas seriamente golpeadas por una variedad de situaciones como las protestas de rechazo al contrato minero, la caída de los ingresos del Estado y la perspectiva de un Canal de Panamá con menos agua de la necesaria.
En agosto pasado, cuando el panorama político y económico era otro, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó a la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de presupuesto general del Estado por la friolera de $32,754 millones, unos 5 mil millones de dólares más que el presupuesto del año actual. Por si fuera poco, la Comisión de Presupuesto (AN), presidida por el diputado Benicio Robinson, presidente del partido gobernante, el PRD, recomendó “reajustes” por $780.2 millones.
La cancha constitucional
En el ordenamiento constitucional panameño, la mejor mano en materia presupuestaria la tiene el Órgano Ejecutivo. Así, en el artículo 272 de la Constitución Política se establece que si al primer día del año fiscal no se ha aprobado el presupuesto general del Estado correspondiente, entrará en vigencia el proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo, aunque este no hubiese sido votado por la AN. Esto significaría que aquel proyecto de $32,754 millones se convertiría instantáneamente en el presupuesto general del Estado del 2024, el próximo 1 de enero.
Existen razones muy obvias por las cuales lo anterior no sería deseable para el ministro Alexander. Con el inminente cierre de la mina de Donoso, sumado al impacto de 38 días de protestas nacionales que incluyeron cierres y bloqueos de carreteras de primera importancia, y adicionado al hecho de la caída en ingresos del Canal de Panamá por el bajo nivel de lluvias, el horizonte queda sumamente nublado. Si se toma en cuenta que el próximo año el Programa de Beneficio Definido del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), también quedará en déficit, las motivaciones para reducir el presupuesto son convincentes, mucho más si se considera que el desproporcionado aumento propuesto tenía un fuerte olor a gasto electoral.
El as bajo la manga
El pasado jueves 14 de diciembre, el diputado Robinson expresó: “Yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander, qué está haciendo el Ejecutivo, pero lo que tiene que hacer es aprobar lo que nosotros destinamos. Pero si no tiene eso, entonces vamos a pasar a la siguiente fase”.
En otras palabras, el diputado manifestó su inconformidad con la intención del Órgano Ejecutivo de presentar un nuevo proyecto de presupuesto, presuntamente mucho menor que los $32,754 millones del proyecto original. Ante ese escenario, Robinson preferiría quedarse con el proyecto original, según la regla del artículo 272 de la Constitución.
Si el Órgano Ejecutivo, por medio del Consejo de Gabinete, aprobara otro proyecto de presupuesto general del Estado y convocara a la Asamblea a sesiones extraordinarias, tendría dos ventajas a su favor. Si el nuevo proyecto no fuera votado por los diputados, sería éste el que entraría en vigencia el próximo 1 de enero.
Supóngase que la mayoría de los diputados decide rechazar el nuevo proyecto de presupuesto, es decir, que ya sea en la Comisión de Presupuesto o en el pleno de la Asamblea Nacional, la votación mayoritaria fuera en contra del nuevo proyecto de presupuesto del Ejecutivo. Entonces se aplicaría lo contenido en el artículo 273 de la Constitución Política que establece lo siguiente: “Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley”. Esto significaría que el presupuesto del año 2023, por un monto de $27,579.4 millones, sería prorrogado en todo, salvo lo que corresponda al pago de la deuda pública y contrataciones del Estado autorizadas por la ley.
Este mandato constitucional se convierte en el principal escudo del gobierno del presidente Cortizo para aprobar un nuevo proyecto de presupuesto más realista y convocar a los diputados a sesiones extraordinarias, para que lo aprueben. De lo contrario, en el 2024 volvería a entrar en vigencia el presupuesto del 2023. El que ríe de último, ríe con la Constitución de su lado. ..
