En una multiplicidad de medios de comunicación impresos, audiovisuales y en redes sociales, reapareció una argumentación que en la narrativa de sus promotores debería anular la contundente sentencia condenatoria del asilado de La Alameda.
De acuerdo con este novelón jurídico, el principio de especialidad ha vuelto de su tumba, y por lo tanto, todo el proceso New Business debería ser anulado.
El principio de especialidad es una garantía procesal otorgada a la persona extraditada para que no sea procesada, sentenciada o condenada por delito distinto al que justificó su extradición.
De acuerdo con el Tratado de Extradición, suscrito entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en 1904, solo existen tres formas de cesar el principio de especialidad: El consentimiento del Estado que lo extraditó, la decisión voluntaria del extraditado, o que el extraditado haya salido del territorio del país que lo procesó y haya regresado voluntariamente al mismo.
El recorderis
Se ha divulgado muy ampliamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la actual administración, certificó, que por su conducto no se hizo trámite por parte del Ministerio Público, o del Órgano Judicial, para que los Estados Unidos de América diera su consentimiento al procesamiento del expresidente Ricardo Martinelli, por una causa distinta al del caso de los pinchazos por el cual fue extraditado a Panamá en el año 2018.
El 9 de abril de 2019 se firmó un “canje de notas diplomáticas” entre Estados Unidos y Panamá sobre el mecanismo para solicitar el consentimiento de la contraparte para levantar el principio de especialidad en caso de extradición.
El canje de notas es para los tratados bilaterales, lo mismo que un Decreto Ejecutivo para una Ley, es la reglamentación que permite cumplir con lo establecido en dicha norma jurídica.
En el canje de notas del 9 de abril de 2019 se estableció que la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá sería la autoridad encargada de consentir o solicitar el levantamiento del principio de especialidad, y por parte de los Estados Unidos, el Departamento de Estado sería el encargado de lo mismo. El mecanismo establecido en el canje de notas para que ambos países intercambiaran sus consentimientos o solicitudes fue identificado como una oficina en el Ministerio de Gobierno que se encarga del cumplimiento del Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países.
El TALM
El 11 de abril de 1991 se firmó el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal entre los Estados Unidos y Panamá. El jefe del equipo negociador panameño fue el entonces viceministro de Relaciones Exteriores José Raúl Mulino.
El Tratado fue aprobado por la entonces Asamblea Legislativa el 16 de julio del mismo año. Como parte de la ejecución de dicho tratado, el Estado panameño estableció dentro del Ministerio de Gobierno una oficina denominada Dirección Nacional del Tratado de Asistencia Legal Mutua, para que fuera el punto focal en lo relativo en la ejecución de dicho tratado, sobre todo en lo pertinente a los procesos de extradición.
En el año 2019, luego de una solicitud por parte de la entonces procuradora general de la nación, Kenia Porcell, para que los Estados Unidos levantara el principio de especialidad al expresidente Martinelli, el consejero legal del Departamento de Estado, Thomas B. Heinemann, le expresó a la procuradora Porcell, por medio de una carta fechada el 12 de diciembre de 2019, que para los efectos del gobierno de los Estados Unidos el expresidente Martinelli no tenía la protección del principio de especialidad, debido a que se había ausentado de Panamá después de su absolución del caso de los pinchazos y había regresado al país voluntariamente, por lo que el Estado panameño no tenía que tramitar solicitud alguna. Ambas comunicaciones fueron intercambiadas por medio de la oficina del TALM en el Ministerio de Gobierno.
Luego de la salida de la procuradora Porcell de su cargo, en diciembre de 2019, el Ministerio Público recibió el 17 de enero una nota del entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vladimir Franco, en la que le remitía la comunicación escrita de la embajada de los Estados Unidos en Panamá del 15 de enero de ese mismo año. En la comunicación escrita, la consejera de Asuntos Económicos, Roxanne Cabral, le enviaba la carta del consejero legal Heinemann, con su debida traducción, en la que expresó que el principio de especialidad ya no le era aplicable al exmandatario. Así que la nota de Heinemann llegó a manos panameñas por vía de la oficina del TALM del Ministerio de Gobierno y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pretender que con un subterfugio narrativo se puede revivir el principio de especialidad y anular la condena del caso New Business, es un ejercicio verdaderamente osado. La verdad es que un tratado negociado por José Raúl Mulino ha servido para cerrarle la puerta a Ricardo Martinelli.
