Este domingo 30 de junio culmina la administración del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), caracterizada por los escándalos de derroche de miles de millones de dólares y el clientelismo rampante, gracias al uso de fondos públicos que beneficiaron a políticos y personas vinculadas a éstos.
La lista de escándalos que marcaron este quinquenio es extensa, pero la ironía es que no hay un solo caso de alto perfil investigado en el Ministerio Público o en la Contraloría General de la República; los que han sido abiertos no han prosperado.
Ahí están los casos de los ventiladores, el hospital modular, los vales digitales, los auxilios económicos del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la llamada “descentralización paralela”, el uso de los ahorros de la deuda pública para pagar la planilla de la Asamblea Nacional (AN) y las donaciones “secretas” a la campaña de Cortizo para llegar a la Presidencia de la República, entre otros.
El secreto detrás de los ventiladores
Desde muy temprano en el gobierno, los escándalos empezaron y florecieron durante la pandemia, como el caso de la frustrada compra de ventiladores –por $5.2 millones– del Ministerio de la Presidencia a la sociedad Muriba Company, Inc., para pacientes críticos durante la pandemia de la covid-19. Esta compra escondía un secreto y explicaría por qué el caso nunca tuvo futuro: sus integrantes son familiares de una sobrina del presidente Cortizo.
Muriba Company, Inc. —empresa desconocida en el sector salud— se comprometió a entregar 100 ventiladores, a razón de $48,950 cada uno, cuando su precio en el mercado no llegaba a $7,000 la unidad (lo que representaba una compra de apenas $700,000 en total).
La sociedad había prometido al Gobierno algo que sería virtualmente imposible de cumplir. La Prensa comprobó que no tenía registro de importaciones de ningún tipo desde diciembre de 2017, situación que se ha extendido hasta junio de este último año, según registros de la Autoridad Nacional de Aduanas.
Y ese no sería su único problema. La Comisión Nacional de Registro de Oferentes (CNR) del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que Muriba no contaba con un certificado nacional de oferentes. Eso significaba que “si la empresa no está registrada [en el CNR], no puede vender ningún producto para la salud humana al Estado”, advirtió en esa oportunidad la entidad.
Las conexiones Muriba
La secretaria de Muriba Company, Amor Ibáñez, tiene un hermano llamado Diógenes Ibáñez, cuya esposa es Esther Zanetti. Esther es hija de Dorinda Cortizo de Zanetti, hermana del presidente. Y a ello hay que añadir que la familia del esposo de Amor Ibáñez —Fernando Murillo— también mantiene una vieja relación con Cortizo y su entorno familiar. La hermana de Fernando, Irma Murillo, es suscriptora en tres sociedades familiares de Cortizo: Corporación Corco, S.A., Hermacor Vacamonte, S.A. y Panarrican Holding.
Desde enero de 2022, La Prensa solicitó —a través de la Ley de Transparencia de 2002— a Cortizo que respondiera sobre la vinculación de la familia política de su sobrina en Muriba, pero luego de ocho correos y meses de espera, no hubo respuesta. El silencio también lo mantuvieron su hermana Dorinda y su sobrina Esther Zanetti.
Este medio también consultó al exviceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz. Contactado en octubre de 2021, prometió hablar de este “sensible tema”, como lo calificó. Luego de acordar una entrevista, nunca más respondió las llamadas ni los mensajes. En enero de 2022, se le volvió a contactar, pero tampoco respondió a las interrogantes enviadas a su teléfono. La Prensa también se comunicó con la firma de abogados de Murillo, pero a pesar de que la recepcionista aseguró que devolverían la llamada hace un año, jamás lo hicieron.
En tanto, este caso fue archivado por la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, quien afirmó que acudió al Registro Público para conocer si habría algún posible conflicto de interés en relación con la actual administración, pero la “investigación no arrojó ningún hallazgo”.
Y lo mismo hizo la fiscal anticorrupción Anilú Batista, quien archivó la investigación en mayo de 2022, tras concluir que no se había constituido un delito porque “nunca se consumó”.
El hospital modular
Esta misma fiscal –Anilú Batista– también archivó el escándalo del hospital modular, cuyo costo rondó los $12 millones, de los cuales $6.5 millones se pagaron a la empresa SmartBrix Centroamérica. Hoy, este hospital de construcción improvisada en 2020 se encuentra en el abandono total y ocupa unos terrenos en Albrook cuyo desalojo reclama su legítimo propietario.
Algunas de las irregularidades ignoradas por las autoridades fueron, por ejemplo, que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge –a cargo de la obra–, reveló que antes del anuncio de la construcción del hospital modular contactó a tres empresas para que presentaran sus cotizaciones, pero que de antemano sabía que SmartBrix sería la elegida.
También que el empresario turco Alí Kemaloglu, CEO de Turmaks, que ofrecía el servicio de hospitales móviles, afirmó que nunca autorizó la presentación de una oferta para construir un hospital en Panamá en respuesta a una cotización que misteriosamente apareció en la “licitación”.
Vale digital en una quesería
También, durante la pandemia, lo que serviría de alivio para miles de familias a fin de adquirir comida, medicinas y artículos de primera necesidad, se convirtió en un escandaloso negociado para un minúsculo grupo de funcionarios del Ministerio de la Presidencia, políticos y personas vinculadas a estos.
A pesar de todo ello, según el vicepresidente Carrizo, no había razón para hacer una investigación más profunda ni presentar una denuncia.https://t.co/TTAspmhxFq pic.twitter.com/GccXz4pARc
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 12, 2023
Una auditoría interna de la entidad reveló que una quesería artesanal en Chitré intentó redimir 47 mil bonos solidarios, valorados en casi $1 millón, en 2021. Esa misma auditoría recomendó al vicepresidente José Gabriel Carrizo –por entonces ministro de la Presidencia– interponer una denuncia ante el Ministerio Público por un posible fraude contra el Estado, pero el funcionario jamás lo hizo. Su omisión impidió una investigación de enormes proporciones.
Los auxilios económicos del Ifarhu
Una investigación de La Prensa reveló uno de los mayores escándalos del gobierno de Cortizo: la distribución de jugosos auxilios económicos no reembolsables a favor de 2,144 personas vinculadas a este Gobierno.
Los beneficiados con esos auxilios del Ifarhu, que representan un gasto de $141.6 millones entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, se mantenían en secreto, ya que favorecían a hijos, sobrinos y familiares cercanos de ministros, diputados de la Asamblea Nacional y diplomáticos. El nombre de otros 2,759 desembolsos se mantiene oculto, gracias a la Contraloría y el Ifarhu, pese a que la información es de naturaleza pública, de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia.
Lea aquí la nota 'El listado que el Ifarhu no quería que vieras'
Descentralización paralela
La opacidad fue una regla en el manejo de $1,164.8 millones a cargo de la Autoridad Nacional de Descentralización en el quinquenio que hoy termina, cuya información, una vez más es de carácter público. No obstante, la Corte Suprema de Justicia impidió, mediante un fallo, que se investigara el presunto desvío de fondos públicos en juntas comunales controladas principalmente por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Una de las juntas comunales más beneficiadas fue la de la comunidad de Chagres, en la provincia de Colón. El representante de la zona es vecino de Cortizo, quien tiene una finca en ese sector. El funcionario administró un monto superior a los $6 millones en cuatro años.
Ahorros de la deuda pública para pagar planilla
En el más absoluto secreto, la Comisión de Presupuesto de la AN –presidida por el presidente del PRD y diputado por Bocas del Toro, Benicio Robinson– trasladó, al menos $100.5 millones del ahorro de la deuda para pagar planillas de ese órgano del Estado entre 2019 y 2023.
El traslado del dinero fue avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, que autorizó el uso de los ahorros obtenidos en los préstamos con organismos internacionales y otros con fondos destinados al pago de intereses de la deuda pública. Millones de dólares fueron desviados de proyectos de inversión paga pagar supuestas planillas en la Asamblea.
La cuenta secreta de Cortizo
En 2018, Bagatrac, a través de sociedades fantasmas creadas por personas cercanas a Luis Acevedo, socio de Carrizo, recibió fondos que se elevaron a cientos de miles de dólares para la campaña de Cortizo, quien pretendía ganar las primarias del PRD.
Estos fondos no fueron declarados al Tribunal Electoral (TE). Tampoco las donaciones detectadas en una investigación de este medio por montos desconocidos recibidos por Cortizo en 2019 para la campaña nacional del PRD. Estos aportes fueron entregados por empresarios que luego recibieron contratos del gobierno saliente. Las autoridades jamás investigaron estos desembolsos.
No son todos los casos, solo los más simbólicos. Y a estos habría que sumar la aprobación de leyes para el sector turismo que mecoscaban en más de mil millones al fisco; la renovación del contrato con Panama Ports Company (PPC), gracias a una auditoría de la Contraloría que nadie vio; cientos de miles de dólares en aumentos y doble salarios de alcaldes y representantes; el nunca investigado caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi); los millonarios inmuebles del vicepresidente Carrizo ni los millones asignados a ciertas juntas comunales controladas por diputados que llevan una vida de lujos y excentricidades.
