La mala práctica de estar moroso con el pago de la cuota obrero-patronal de la Caja del Seguro Social (CSS) prevalece en el Municipio de San Miguelito, a cargo de Héctor Valdés Carrasquilla.
Se trata de una práctica antigua y reiterada en cada una de las tres administraciones del actual alcalde, quien está cursando el tercer mandato (no consecutivo) y en octubre pasado dejó las filas de Cambio Democrático para sumarse al gobernante PRD. Ahora el tema vuelve a estar en el ojo público por las quejas de colaboradores que intentaron atenderse en la CSS, pero no contaban con su ficha digital al día.
Valdés Carrasquilla ha reconocido públicamente que no se pagó la cuota, aunque el municipio sí hace los descuentos correspondientes a los empleados. La incógnita es por qué evaden el pago y a cuánto asciende el monto total de lo evadido.
La Prensa solicitó una entrevista con Valdés Carrasquilla, pero se negaron. “No dará declaraciones hasta que se resuelva el problema”, dijeron en la alcaldía. Información a la que accedió este medio muestra que la morosidad del Municipio de San Miguelito con la CSS se remonta a octubre pasado y la deuda asciende a más de un millón de dólares, que podrían ser saldados a través de un arreglo de pago.
Con eso, la gestión de Valdés Carrasquilla desafía la Ley 51 de 2005, orgánica de la CSS, que dispone sanciones a los empleadores que no cancelan las cuotas de sus trabajadorese. También viola los artículo 241 y 242 del Código Penal, que penan con prisión a quienes retengan cuotas de la CSS cuando la suma supere los mil dólares.
En tanto, más de 900 funcionarios de ese municipio seguirán afectados.
Justificaciones que no justifican
Valdés Carrasquilla, que ejerció como alcalde de esa comuna entre 2004-2014, intentó justificar el impago. “La economía de los municipios se vio impactada con la pandemia”, dijo en una entrevista el 28 de noviembre pasado, a TVN.
Sin embargo, el Municipio de San Miguelito, como todos los demás, cuenta con una herramienta presupuestaria implementada por el Gobierno, justamente por la crisis generada por la pandemia.
El presidente Laurentino Cortizo avaló modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, para que tanto los municipios como las juntas comunales usen el 25% de los fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (un mínimo de $500 mil) para gastos de funcionamiento.
Es decir, los municipios pueden pagar planillas (incluyendo la cuota obrero-patronal), contratar personal y cubrir otros gastos con fondos de la descentralización. Recientemente, la ley fue modificada nuevamente, para permitir a los municipios utilizar hasta el 40% del presupuesto de inversión para pagar gastos de funcionamiento.
No es la primera vez que el alcalde es cuestionado por el mal manejo de los recursos del municipio. En noviembre de 2009, la Fiscalía Segunda Anticorrupción lo investigó por la presunta comisión del delito contra la administración pública. En ese entonces, se le acusó de retener los fondos de las recaudaciones de tesorería de ese municipio entre 2006 y 2008. Ello causó un perjuicio por 65 mil dólares a ese municipio, según dijo en su momento la Contraloría.
Ahora de nuevo, con una medida que afecta la salud de los empleados.
En su cuenta oficial de Twitter, el municipio publicó que la morosidad es una deuda “adquirida” y “heredada”. El exalcalde Gerald Cumberbatch lo desmiente.
“Nosotros pagamos la deuda en el primer año de gestión, que eran un poco más de dos millones de dólares. De allí en adelante, nosotros mantuvimos el pago de la cuota con la CSS”, dijo Cumberbatch a La Prensa.
Valdés prometió que pronto pagarán. “Nuestros funcionarios tendrán ya sus fichas digitales en los próximos días”, aseguró en la entrevista a TVN.
Auditoría e investigación
El abogado Ernesto Cedeño considera que esta acción del Municipio de San Miguelito amerita una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, debido a que se están haciendo los descuentos de las cuotas, pero no se remiten a la CSS. “Es fundamental la auditoría. Se está afectado a la Caja y a los trabajadores”, dijo Cedeño.
Mientras que Irma Hernández, precandidata a alcaldesa de San Miguelito por la libre postulación, manifestó que el Ministerio Público debiera estar realizando una investigación de oficio, ya que se trata de un delito.
“Eso es un delito. No hay manera más burda de decir: no me interesa mis funcionarios, que se hospitalicen, que se enfermen”, dijo.
