En el año de las elecciones generales, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tendrá más fuerza. Los nuevos poderes se los concede la Ley 418 del viernes 29 de diciembre de 2023 (Gaceta Oficial 29940-B) que dicta el presupuesto general del Estado para 2024.
Resulta que ahora esta instancia legislativa, que está bajo el control del diputado perredista Benicio Robinson, decidirá si aprueba o rechaza los traslados de partidas de “cualquier monto”. Antes, este organismo de la Asamblea solo analizaba los de $200 mil en adelante.
Todo está contemplado en el artículo 325 de la ley, que se refiere a los traslados de partidas. “Los traslados de partidas de cualquier monto se remitirán a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo. Una vez aprobados mediante resolución por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas incorporará esta aplicación al Sistema Informático aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y notificará a la entidad” se lee en uno de los párrafos del artículo, que además establece que “si la comisión no realiza ninguna actuación dentro de los quince días calendario siguientes al recibo de la solicitud, se entenderá que ha sido aprobada la modificación correspondiente”.
En esta última parte también hubo un cambio, pues se bajó el plazo de 30 a 15 días para que los diputados se pronuncien sobre el traslado.
Más poder para Benicio Robinson y Raúl Pineda
Este cambio en la ley de presupuesto tendría un importante impacto en lo administrativo y en lo político, ya que burocratiza el proceso de traslados de partidas poniendo en riesgo la eficiencia del manejo de las finanzas públicas; y pone a las entidades bajo el control absoluto de la comisión, principalmente de la directiva: Benicio Robinson, presidente; Raúl Pineda, vicepresidenta y Cenobia Vargas, secretaria. Los tres pertenecen al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y buscan la reelección en las elecciones del 5 de mayo de 2024.
Las historias del ‘cuartito’
En el opaco mundo de la dinámica de la Comisión de Presupuesto, tras bastidores la directiva es la que más beneficios obtiene de los procesos que ejecuta. De acuerdo con diputados consultados para esta nota, por ejemplo, tienen capacidad de maniobra con ministros y entidades, para solicitar puestos de trabajo, incidir para que un determinado contratista se quede con alguna obra o servicio y hasta presionan para obtener beneficios para sus propios negocios. Por lo general, los pactos entre diputados y funcionarios del Ejecutivo se consolidan antes de la sesión legislativa en alguno de los salones cercanos a la comisión. En los famosos “cuartitos”.
En los pasillos del palacio Justo Arosemena, cada tanto se recuerda un mensaje que en julio de 2020 envió el diputado del PRD, Leandro Ávila, a sus copartidarios Benicio Robinson, Raúl Pineda y Crispiano Adames, directivos de la Comisión de Presupuesto de la época. “Que le expliquen al país porqué quieren estar en la Comisión de Presupuesto”, dijo. En ese momento en el Legislativo se libraba una enconada lucha por el control de las comisiones.
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También resuena la confesión que hizo el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano. “Me metieron en el cuartito y me quitaron el celular”, contó Quijano a Eco TV en mayo de 2022. El exjefe de la ACP narró que los diputados de la Comisión de Presupuesto “querían subir el presupuesto de (aportes del Canal al Estado) de $1,640 millones a $1,800 millones”, y también le solicitaban plazas de trabajo y “aumentos específicos para empleados que eran parte de sus grupos”. La escena que describió Quijano ocurrió en 2017. El presidente de la comisión era Luis Barría, del Partido Panameñista. Con las elecciones de 2024, Barría busca regresar a la Asamblea de la mano de la alianza entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático.
¿Exceso de control o poca fiscalización?
Los nuevos poderes que ahora tiene la Comisión de Presupuesto pasaron prácticamente inadvertidos en los debates legislativos de la semana pasada. Solo el diputado independiente Juan Diego Vásquez, se refirió al asunto.
¿Cómo el presupuesto más alto de la República ($30 mil 690 millones) se va a poder ejecutar con eficiencia si antes de que un dólar se mueva de una institución a otra, tenemos que verlo 15 diputados?, se preguntó.
Vásquez también dijo en el plano que le consultó a “altos dirigentes” del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema y le dijeron que en un mes complicado ellos ven mil traslados de partidas. Es decir, con el cambio a la ley, esos mil traslados tendría que verlos la Comisión de Presupuesto.
“Imagínense ahora ministros, si en la tardanza los dejan esperando horas, imagínense ahora que la carga laboral se aumente a mil más por mes. No quiero ni saber. Y esto deja dos opciones: o que el presupuesto quiere ser controlado en exceso, (...) o que como bajaron el tiempo del silencio administrativo a 15 días, quieren que no tengamos tiempo de no ver nada y que se les apruebe todo sin que nadie lo vea. Es una o la otra. Quieren que seamos ineficientes o quieren que ustedes tengan, sin mayor fiscalización, todo el dinero que pidan. Ambas son irresponsables”, manifestó el diputado mientras miraba a los ministros que estaban en el pleno legislativo en la noche del jueves 28 de diciembre cuando se discutía el presupuesto en segundo debate.
De acuerdo con la ley de presupuesto, las instituciones pueden iniciar el trámite de traslados de partidos entre el 15 de enero y el 15 de noviembre de cada año.
A partir del 15 de enero, cualquier traslado de partida de un centavo en adelante debe pasar por la Comisión de Presupuesto que preside Benicio Robinson. Esto está contemplado en la ley de presupuesto. Ya no queda duda quien manda en este país. pic.twitter.com/Qve4cO2x4C
— Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) December 28, 2023
