A la Asamblea Nacional, dirigida por el diputado perredista Crispiano Adames y uno de los órganos del Estado más cuestionados por los ciudadanos debido al presunto mal manejo de los fondos públicos, le tocará ahora tomar parte de los acuerdos que se debaten entre el Ejecutivo y la mesa única del diálogo por Panamá.
El pleno Legislativo deberá derogar las leyes sobre incentivos turísticos y la posible modificación de la norma que rige la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
En efecto, el pasado 25 de julio el Consejo de Gabinete dio luz verde para que el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, presente ante la Asamblea el proyecto de Ley 12-22, que deroga la Ley 314 del 20 de junio de 2022 y la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que modifican la Ley 80 de 2012 y dictan normas de incentivos para el fomento de la actividad turística. Estas normas fueron impulsadas por la bancada de gobierno.
El ministro Alfaro explicó que el proyecto avalado por el Gabinete, que solo contiene dos artículos, es de orden público, de interés social y tiene efectos retroactivos.
Desde hace cuatro semanas, cuando el descontento social se desbordó en cierres de calles y protestas en todo el país debido al despilfarro de los recursos del Estado, el alto costo de la vida y del combustible, más allá de crear comisiones, reunirse con gremios y un anuncio de contención de gastos, la Asamblea ha intentado pasar la crisis con un bajo perfil, pese a que uno de los catalizadores que desató la furia ciudadana fue la fiesta de los diputados oficialistas del pasado 1 de julio, viralizada en las redes sociales a través de un video en el que se observa a diputados de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) riendo, bailando, bromeando y tomando whisky Macallan, que en licorerías cuesta alrededor de $400 la botella y en restaurantes y hoteles unos $600.
Hasta ahora, el discurso predominante de los que lideran el poder Legislativo se ha limitado a responsabilizar a otros sectores, particularmente a los empresarios y con muy poca autocrítica.
Al menos así lo ha hecho Adames, quien sin concretar nada viajó por cuenta propia a Viguí, provincia de Chiriquí, para pedirle a los dirigentes de los pueblos originarios abrir la calle.
“Este órgano no es culpable del intermediarismo en los alimentos, cadena de distribución de alimentos, consecución del combustible internacional ni en la cadena de medicamentos”, dijo el diputado en su momento, y además aseguró que “las protestas son una acumulación de malestares sociales, económicos y políticos, que no han sido atendidos de manera prudente y que hoy propician este conflicto social”.
En medio de los cuestionamientos ciudadanos, los diputados anunciaron que presentarían una solicitud de contención de gastos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero a la fecha la Asamblea no ha hablado más del tema.
De hecho, las medidas de contención que anunciaron los diputados parecen irrelevantes respecto al presupuesto modificado de $181 millones 253 que maneja esa institución para este año, pues solo sumarían 3% del presupuesto total.
Esta planteada contención del gasto no incluye una reducción de la planilla, sino de viajes y viáticos –tanto al interior como al exterior de Panamá– de los diputados principales y suplentes, así como el personal administrativo y asesor. Además, se refiere a los aumentos salariales, nombramientos permanentes y contratos de proveedores de alimentos y los servicios de publicidad.
El 20 de julio, tras la instalación de la Comisión de Economía, se propuso el establecimiento de una mesa técnica para hacer un diagnóstico de la situación que vive el país, evaluar y cuantificar los daños causados a la economía y abordar el tema de la recuperación, a fin de rendir un informe al pleno.
Antes, el 11 de julio pasado, se creó una comisión de investigación para “atender la problemática planteada por los distintos gremios, organizaciones y sectores que se han manifestado a nivel nacional”. Dicha instancia quedó facultada para citar a los funcionarios, representantes de gremios, organizaciones y demás personas, con la finalidad de encontrar una solución a través de la vía legislativa a la problemática planteada por los distintos gremios del país.
¿Quién ha sido citado? ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión? ¿Qué conclusiones arroja su trabajo? Son preguntas cuyas respuestas están pendientes.
Mientras, surgen voces como la del precandidato a la Presidencia por la libre postulación Eduardo Quirós, quien pidió la renuncia de la directiva de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Presupuesto, que en este periodo también será presidida por el diputado perredista Benicio Robinson.
Quirós alega que estos diputados no han desempeñando su trabajo de fiscalización, en un escenario en el que los otros órganos de control, como la Contraloría General de la República, tampoco lo han hecho.
En tanto, el diputado independiente Edison Broce considera que la Asamblea debe, como mínimo, reducir su presupuesto a menos de la mitad del actual y eliminar privilegios.
