Al menos 10 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional entre julio y el 31 de octubre de este año esperan la decisión del presidente José Raúl Mulino: su sanción o veto.
Estas propuestas legislativas abarcan reformas en áreas como educación, patrimonio cultural, protección ambiental y derechos sociales, entre otros temas. La mayoría fueron presentadas por diputados que asumieron su cargo en el Legislativo el pasado 1 de julio.
En la lista se encuentran iniciativas que buscan centralizar la educación artística en el Ministerio de Cultura (proyecto 79), actualizar el convenio de aviación civil (proyecto 68), adoptar medidas contra la ciberdelincuencia (proyecto 61) y modificar la normativa sobre trata de personas (proyecto 60).
En su última conferencia de prensa, el presidente Mulino se refirió al proyecto 61 sobre ciberdelitos, a raíz de una pregunta sobre un artículo que permite a los fiscales incautar, copiar, borrar o inhabilitar equipos electrónicos —como computadoras y celulares— sin autorización judicial, con el fin de recolectar evidencia en casos de delitos cibernéticos.
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El mandatario aseguró que analizará, junto con su equipo legal, si la normativa cumple con los requisitos constitucionales y legales antes de tomar una decisión. Sin embargo, destacó el trabajo de los fiscales, afirmando que desempeñan un rol crucial en la investigación penal y deben actuar bajo la figura de la autoridad judicial. “El fiscal no está pintado en la pared”, manifestó.
Aunque los proyectos aprobados en tercer debate por el Legislativo son importantes, ninguno apunta directamente a combatir la corrupción, una de las principales demandas de la sociedad panameña. Esta omisión se produce pese a la existencia de iniciativas anticorrupción impulsadas por diputados independientes de la bancada Vamos, que siguen en espera de ser discutidas en distintas comisiones de trabajo. Entre ellas están las propuestas que buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea.
El presupuesto del próximo año
Además, otros dos proyectos fueron aprobados por el Legislativo el último día de sesiones (31 de octubre) y serán remitidos al Ejecutivo en los próximos días. Se trata del proyecto de ley 143, que dicta el presupuesto general del Estado ($30,111 millones), y el proyecto 172, que sanciona a quienes dañen bienes públicos.
Lista de proyectos enviados al Ejecutivo y su alcance
Reformas en educación y cultura (proyecto 79) Propuesto por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y enviado el 17 de octubre, transfiere la administración de los centros de educación artística al Ministerio de Cultura.
Actualización del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (proyecto 68) Presentado por el canciller Javier Eduardo Martínez Acha, esta enmienda actualiza el número de miembros en el Consejo de Aviación Civil de 36 a 40.
Contra la ciberdelincuencia (proyecto 61)Impulsada por el procurador general Javier Caraballo y enviada el 11 de octubre a la Presidencia de la República, establece acciones para combatir delitos digitales. Sin embargo, grupos de la sociedad civil y periodistas advierten que esta normativa podría atentar contra la privacidad y el debido proceso, al otorgar facultades excesivas a los fiscales y abrir la puerta a posibles abusos contra los ciudadanos.
Reforma contra la trata de personas (proyecto 60) Presentada por el diputado del Partido Panameñista, Francisco Panchito Brea, y enviada a la Presidencia el 17 de octubre, actualiza la Ley 79 de 2011 sobre la trata de personas conforme a estándares internacionales, e incluye nuevas modalidades de este delito.
Protección del patrimonio histórico (proyecto 84) Este proyecto, impulsado por el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, protege la ruta transístmica de Panamá y prohíbe alteraciones en sitios arqueológicos de valor histórico. Incluye los vestigios del camino real, camino de cruces y las ruinas de la capilla de La Palangana, y crea un área de amortiguamiento libre de construcciones o alteraciones, salvo para visitas y estudios de los sitios.
Derecho al acceso al agua potable (proyecto 15) Presentado por el diputado independiente Lenín Ulate y enviado al Ejecutivo el 30 de octubre, establece el derecho humano al agua potable.
Modernización de la Gaceta Oficial (proyecto 29) Esta propuesta del independiente Manuel Cheng Peñalba exige que las publicaciones de la Gaceta Oficial se presenten en formatos actualizados y editables.
Inclusión de personas con espectro autista (proyecto 20)Propuesta por la diputada independiente Yarelis Rodríguez, crea un marco para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista.
Convenciones colectivas en empresas estatales (proyecto 23) Impulsada por Ariana Coba, del Partido Panameñista, establece normas para las prestaciones laborales de los funcionarios que ocupen cargos de gerente, subgerente y auditor interno al concluir su designación o ser reemplazados.
Regulación de sustancias en estéticas (proyecto 18) Este proyecto de ley, presentado por el diputado Cipriano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, establece sanciones para el uso de sustancias no permitidas en tratamientos estéticos, con un enfoque en la protección de la salud.
La Asamblea Nacional, poder del Estado presidido por la diputada Dana Castañeda, sesionará de manera extraordinaria del 6 al 31 de diciembre exclusivamente para abordar el tema de la Caja de Seguro Social.