La Ley 418 de 2023, que dicta el presupuesto general del Estado para 2024 (Gaceta Oficial 29940-B), otorga gastos de representación a los alcaldes y representantes de corregimiento del país. Aunque los alcaldes ya perciben esta asignación, con esta norma el beneficio queda blindado.
La medida está consignada en el artículo 294 de la ley, que además establece que estos fondos serán pagados por cada entidad nominadora, es decir, por los municipios y juntas comunales con dinero de los contribuyentes. La disposición también beneficia al presidente, secretario y tesorero de los consejos provinciales.
Originalmente, la propuesta que Héctor Alexander, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó a la Asamblea Nacional (que era el otrora proyecto de ley 1041), no contemplaba este privilegio para las autoridades de gobiernos locales. Sin embargo, el artículo fue modificado en la comisión legislativa de Presupuesto, instancia que preside el diputado Benicio Robinson, que aprobó la iniciativa en primer debate. Robinson es el presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo que acapara la mayoría de los gobiernos locales del país.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez considera el tema como “una afrenta a la ciudadanía”.
“Este presupuesto crea gastos de representación a los alcaldes de distrito y representantes de corregimiento, lo que no se puede entender como otra cosa que como un salario o un ingreso adicional pagado por los contribuyentes municipales. ¿Cómo se explica eso en plena crisis?”, manifestó. Además, advirtió que este gasto debilita a los municipios, porque, en su opinión, un distrito “necesita plata, pero para obras”, no para pagarle nada que no sea su salario al alcalde ni al representante.
Gol en 2023
Esta historia no termina aquí. Resulta que en la ley de presupuesto de 2023 también se incluyó este emolumento, pero el tema pasó desapercibido. Fue un gol. De esta manera, la Asamblea Nacional compensó a a los alcaldes y representantes de corregimiento, a quienes en 2022, por presión ciudadana, se le recortaron sus ingresos mensuales, después de que se eliminaron los controvertidos gastos de movilización.
Sin los gastos de movilización, ese año (2022), las autoridades locales emprendieron una batalla para recuperar esos fondos, una cruzada que incluyó protestas, lobby ante autoridades del Ejecutivo y visitas al Legislativo, que en ese momento estaba presidido por el diputado perredista Crispiano Adames.
En una reunión a puerta cerrada, Adames les prometió que tendrían “lo justo y lo responsable por encima de lo que digan los intereses económicos”. Allí también estaba la diputada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, quien se unió al coro de Adames.
“Ustedes no pueden tener miedo. Estuve reunida con más de 100 representantes de Cambio Democrático y hablé a nombre de la bancada. Estoy dispuesta a defender a los representantes del país”, manifestó.
Fue así como por esos días se intentó modificar la Ley 37 de 2009 (que descentraliza la administración pública) para incluir el pago de gastos de representación a los 81 alcaldes y 679 representantes del país, pero la propuesta fue ampliamente cuestionada y no prosperó.
Entonces, recurrieron a otro plan: introducir los gastos de representación a través de un artículo (el número 288) de la Ley 336 del 14 de noviembre de 2022 (Gaceta Oficial 29662-A), que adoptó el presupuesto general del Estado para 2023.
La Prensa llamó telefónicamente en cuatro ocasiones y envió un mensaje vía chat a Carlos González, viceministro de Economía, para que hablara del tema y precisara el monto que este gasto implica, pero al cierre de esta edición no había respondido.
Otros cambios
Este es solo uno de los múltiples cambios que realizó la Comisión de Presupuesto al proyecto de ley que presentó el MEF. En su artículo 372, la propuesta decía que las entidades públicas no podían realizar ajustes salariales en 2024, a excepción de las que se rigen por leyes especiales. Sin embargo, ese artículo fue eliminado.
También modificó un artículo para atribuirse de la función de aprobar o rechazar los traslados de partidas de “cualquier monto”. Antes, esta comisión legislativa solo analizaba los traslados de $200 mil en adelante. Además, se bajó el plazo de 30 a 15 días para que los diputados se pronuncien sobre el traslado.
A juicio del diputado Vásquez, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto, esto plantea dos opciones: “o quieren controlar el presupuesto en exceso o quieren que no tengamos tiempo de no ver nada y que se les apruebe todo sin que nadie lo vea. Ambas son irresponsables”.
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