La tijera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también impactó los números de la justicia al afinar el presupuesto general del Estado para 2025. De acuerdo con el documento que presentó el ministro Felipe Chapman a la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre, el Órgano Judicial, por ejemplo, contará con $351,234,473 para el próximo año. Esa cifra está dividida de la siguiente manera: $344,285,043 para funcionamiento y solo $6,949,430 para inversiones.
En el monto que se destinará a los asuntos de funcionamiento sobresalen $224,472,555 para la administración de justicia ciudadana, mientras que otros $48,096,479 son para transformación y desarrollo institucional.
Esto fue lo que sustentó el Judicial
Los $351,234,473 que tendría este poder del Estado para 2025 contrastan con la suma que en julio pasado sustentó María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ante la dirección de presupuesto del MEF. Ella pidió $419.7 millones: $369.2 millones para funcionamiento y $50.4 millones para inversión.
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Para este 2024 el presupuesto que se le asignó a este órgano del Estado por $385,139,400. Es decir, que el monto que se le pretende otorgar para 2025 es $33.9 millones menos que el actual.
En ese momento, narró que el presupuesto asignado entre 2021 y 2023 les permitió desarrollar planes para reducir la carga laboral en un 29.8%. En esa oportunidad (julio de 2024), mencionó que se habían realizado 525,317 audiencias en todo el país y habló sobre la importancia de la digitalización de los procesos penales a través del uso del expediente electrónico.
En el ámbito judicial, por ejemplo, hay 2 millones de documentos en formato electrónico que anteriormente se procesaban en papel. De este tema, la magistrada López también habló recientemente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, a donde acudió para solicitar traslados de partidas. Precisamente, $8.9 millones de los fondos que le aprobaron los diputados se destinarán a la compra de mil equipos de computadoras y 1,200 UPS (dispositivos de respaldo) para reemplazar los caducados.
Al sustentar el presupuesto de 2025, la presidenta de la Corte también habló del Plan Estratégico Institucional 2020-2030, que se fundamenta en cuatro ejes: resolución eficaz y oportuna de conflictos, acceso a la justicia, fortalecimiento institucional y consolidación de la imagen institucional.
La Procuraduría General de la Nación
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el presupuesto general del Estado que presentó el ministro Chapman, contaría con $276,572,240 para el próximo año. Se distribuye así: $199,901,049 para funcionamiento y $76,671,191 para medicina legal y forense.
El próximo año, la entidad encargada de perseguir los delitos tendrá un nuevo jefe: Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quien fue designado por el presidente José Raúl Mulino en reemplazo de Javier Caraballo, quien concluye su periodo en diciembre próximo.
De aprobarse el monto, sería levemente superior al asignado para este 2024: $275,862,219.
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El pasado jueves, Caraballo acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea a solicitar traslados de partidas por $4.2 millones. Parte de esos fondos se destinará principalmente a pagar el décimo tercer mes de los funcionarios, un compromiso institucional que, dijo, “ha aumentado debido a un fallo de la Corte que modificó el monto de este beneficio después de la aprobación del presupuesto anual”.
Además del fallo de la Corte mencionado por el procurador, existe otra sentencia que dio un espaldarazo a las finanzas de la justicia. En diciembre de 2021, el máximo tribunal emitió un fallo que obliga al Ejecutivo y al Legislativo a respetar los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público; de lo contrario, implicaría desconocer la potestad constitucional que tienen ambas instituciones para formular sus respectivos presupuestos, lo que, a su vez, conlleva una alteración que genera conflictos entre los órganos del Estado, específicamente en lo que respecta al principio de separación de poderes e independencia judicial.
El monto de la Procuraduría de la Administración
En tanto, la Procuraduría de la Administración, según el proyecto de presupuesto para el próximo año, contaría con $13,666,774. En esta institución también habrá cambios en 2025, pues el actual procurador Rigoberto González Montenegro culmina su gestión en diciembre de este año. Lo reemplazará Grettel Villalaz de Allen.
Para este 2024 a la Procuraduría de la Administración se el destinaron $12,114,120.
