El procurador general de la Nación Javier Caraballo, habló de distintos temas de la agenda pública este jueves 17 de octubre: gestión ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para investigar al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo; la presencia en Panamá de los grupos criminales Tren de Aragua y el Clan del Golfo; la operación Jericó y el diputado Raúl Pineda, y los avances en los casos que adelanta el Ministerio Público por el escándalo de la descentralización paralela, entre otros asuntos.
Competencia para investigar a Carrizo
El procurador confirmó que en efecto, recibieron una denuncia relacionada con Carrizo, vicepresidente de la República hasta el pasado 30 de junio. También fue el candidato presidencial del PRD en las elecciones del 5 de mayo pasado.
Como el Ministerio Público (MP) no tiene competencia para investigar a miembros del Parlacen, solicitó una certificación para determinar si Carrizo se juramentó como parlamentario centroamericano. Si lo hizo, el expediente deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia constitucional para procesar a los diputados (principales y suplentes) del Parlacen y de la Asamblea Nacional.
Hasta ahora no le han dado respuesta.
La denuncia contra Carrizo guarda relación con el presunto uso de la aeronave HP-20 propiedad de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) para realizar viajes de carácter personal. Fue presentada por los abogados Alejandro Pérez y Carlos Navarro, quienes solicitan que se investigue al exfuncionario por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, pues alegan que el exvicepresidente cometió una serie de irregularidades en el manejo de recursos del Estado.
Caraballo añadió que en su despacho hay otra denuncia contra Carrizo por hechos distintos, aunque no detalló el contenido de la misma.
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Influencia de grupos criminales en Panamá
Caraballo también se refirió a la presencia de grupos criminales en el país, como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.
Señaló que el Clan del Golfo ha estado activo en el país desde hace algunos años, mientras que el Tren de Aragua es un fenómeno más reciente.
A pesar de la amenaza que representan estos grupos, añadió, las autoridades de seguridad y la fiscalía están alertas y continúan realizando operaciones para contrarrestar su influencia, especialmente en delitos relacionados con el tráfico de drogas.
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Jericó y el diputado Pineda
Sobre la operación Jericó y los coletazos al diputado perredista Raúl Pineda, aseguró que la Fiscalía de Drogas está recopilando pruebas adicionales para cumplir con los requisitos de la Corte Suprema de Justicia y enviar “nuevamente” el expediente a ese tribunal.
En un fallo del pasado 11 de julio, con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte Suprema de Justicia salvó al político del PRD de ser procesado por su nexos con la operación Jericó. ¿El motivo? Arrocha consideró que la información aportada por el MP hasta ese momento era insuficiente.
La descentralización paralela
Caraballo mencionó que hay una investigación relacionada con la descentralización en la gestión pública y añadió que la Fiscalía Anticorrupción está en proceso de obtener pruebas para determinar la existencia de responsabilidad penal.
Adelantó que espera recibir más denuncias. Hasta el momento, las que tiene son “genéricas” y aún no se han identificado casos específicos de mal manejo de fondos por parte de juntas comunales o alcaldías.
En el gobierno de Laurentino Cortizo se repartieron al menos $320 millones entre juntas comunales y municipios controlados por el PRD, escándalo conocido como descentralización paralela, que quedó al descubierto a raíz de una investigación de La Prensa.
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El final de su gestión
Al ser consultado sobre su salida del cargo de procurador, el 31 de diciembre de este año, dijo que se marcha con satisfacción por el trabajo realizado durante su gestión. Estuvo como procurador tres años, cuando reemplazó a Eduardo Ulloa. Ulloa, a su vez, había reemplazado en 2015 a Kenia Porcell.
Entre los tres, completaron el periodo de 10 años para el cual había sido designada Porcell.
El reemplazo de Caraballo es Luis Gómez, abogado personal del presidente José Raúl Mulino. Gómez todavía debe ser ratificado por la Asamblea Nacional.
Solicitud de traslados
Caraballo acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea a solicitar dos traslados de partidas. Uno por $4 millones, que se destinará principalmente a pagar el décimo tercer mes de los funcionarios del Ministerio Público, un compromiso institucional que, dijo, “ha aumentado debido a un fallo de la Corte que modificó el monto de este beneficio después de la aprobación del presupuesto anual”.
El otro traslado fue por $1.2 millones, para concluir la construcción de las nuevas instalaciones del Ministerio Público en la provincia de Coclé. Este nuevo edificio, que albergará a 255 funcionarios, mejorará la comodidad y eficiencia en la prestación de servicios.
