El procurador de la Administración, Rigoberto González, que coordina la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia envió la mañana de este jueves 26 de marzo una misiva a la Asamblea Nacional en la que plantea que ven con suma “preocupación”, la discusión del proyecto de ley 239, que modifica la ley de la carrera judicial y pide que se suspenda la discusión del mismo.
“Hacemos saber que las instituciones y agrupaciones que conformamos la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, hemos iniciado la fase de evaluación del proceso de implementación de la carrera judicial, conforme a lo establecido a la Ley 53...teniendo la oportunidad de escuchar las quejas de los servidores judiciales, que actualmente están incorporados a los despachos del sistema penal acusatorio, quienes no se sienten conforme con la aplicación de la ley”, manifiesta la carta.
En la misiva que está dirigida al diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, también se indica que la Comisión de Estado mantiene pendiente una reunión con el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial, quienes tienen la responsabilidad de la ejecución del proceso de implementación de dicha ley.
El procurador deja claro que no se ha podido seguir con las reuniones por motivos del estado de emergencia decretado por el Gobierno, debido a los efectos generados por el covid-19. “Como presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea requerimos de la manera más respetuosa , interponga sus buenos oficios con la finalidad que dicho proyecto de ley (239), sea retirado de la discusión ante la Comisión de Gobierno… para que el mismo logre producir una mayor consulta con las partes y técnicos interesados, de manera que se pueda obtener una mejor y sano criterio en el debate, una vez, el país logre superar la grave crisis como nación, en materia de salud pública”
Varias organizaciones de la sociedad civil como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, conformada por 20 organizaciones se han pronunciado en rechazo de la iniciativa impulsada por la diputada perredista Berta Moreno, suplente de Néstor Tin Guardia.
Advierte que de aprobarse el proyecto todos los funcionarios judiciales, con tres años o más en sus puestos que ingresen a la carrera entrarían sin concurso de méritos. Se incluirían a “todos los funcionarios que fueron nombrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución y la ley desde el año 2016, nombramientos que han sido rechazados por varios sectores del país. Muchos de estos nombramientos recayeron en asistentes y personas cercanas a los magistrados de la Corte, lo que fue denunciado en su momento”, señalo en un comunicado.
La Alianza asegura que no aceptará que se premie el tráfico de influencias, el oportunismo y el juega vivo en el proceso de la carrera judicial, puesto que la reforma planteada por la Comisión de Gobierno pretende que ingresen a dicho régimen todos los funcionarios judiciales que tengan tres años o más en sus puestos. “Exigimos concursos por méritos y respeto a la ley de carrera judicial y la Constitución”, manifestó.
La versión de la diputada Cano
Por su parte, la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, vicepresidenta de la Comisión de Gobierno y una de las que presentó cambios al proyecto de ley 239, ha dicho que la idea de las modificaciones incorporadas es aclarar los vacíos que tiene la ley y hacerle justicia a quienes tienen una “larga, intachable y prístina trayectoria en el Órgano Judicial”. Quienes, dijo, están ocupando cargos en la administración justicia.
“Todos en igualdad de condiciones y puedan aspirar a carrera judicial lejos de criterios subjetivos y amiguismo. Para formar parte de la carrera judicial tienes que ocupar un puesto por concurso pero en igualdad de condiciones”, añadió
Indicó que las modificaciones fueron inspiradas en la carta que la Comisión de Estado por la Justicia le envió el 9 de marzo de 2020 a la magistrada Margarita Centella firmada por el Procurador de la Administración Rigoberto González, por la opinión del Presidente del Colegio de Abogados Juan Carlos Araúz, y organizaciones civiles, que son los entes relacionados con la administración de justicia.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Arauz dijo que el CNA valora la lucha de los jueces y magistrados que reclaman igualdad de condiciones en el derecho de optar por las plazas en los concursos.
No obstante, planteó que si la redacción crea confusión lo más saludable es que la permita la posibilidad de corregir el defecto existente sin que pierda legitimidad la causa que busca resolver una injusticia.
