El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que “entre derechos fundamentales” como el acceso a la información y la protección de datos personales, “no existe de antemano controversia”.
Lo que puede surgir, añadió González, es un “conflicto” de acuerdo a las circunstancias de los casos que se conllevan. La transparencia es parte del derecho del acceso público, remarcó.
El procurador hizo sus observaciones este miércoles 13 de septiembre, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, donde se reanudó la discusión del proyecto 1031, que deroga la Ley 6 de 2002 de transparencia y la remplaza por una norma que limita el acceso a la información pública y burocratiza la acción de habeas data. Una veintena de organizaciones y gremios periodísticos ha pedido el retiro del proyecto de ley 1031.
El propio González ha pedido la suspensión del debate del proyecto, ya que es una norma que requiere de una amplia consulta ciudadana.
“La actual ley es extraordinaria, aunque no es perfecta... ¿Cuál es el apuro, si tenemos la Ley 6? Creo que debemos ser cautos y darnos la oportunidad de que salga algo mejor”, indicó el procurador en su intervención en la Comisión de Gobierno.
González también señaló que “toda gestión que tenga que ver con el manejo de fondos públicos tiene que estar clara que tiene que haber rendición de cuentas. No hay que esperar a que alguien le pida a un funcionario la rendición de cuentas. Tiene que rendir cuenta”.
“Toda la información que tenga que ver con el manejo de fondo públicos tiene que ser de acceso público, en principio. Pueden haber excepciónes”, agregó. Además, les recordó a los funcionarios que desde el momento en que asumimos un cargo público tenemos que saber que quedamos expuestos al cuestionamiento de la opinión pública ¿por qué?, porque ellos (los ciudadanos) son los dueños del poder que temporalmente estamos llevando”.
El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Irvin Halman, presente en la Comisión de Gobierno, respaldó la opinión del procurador. Explicó como surgió la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales.
Yelenis Ortiz, directora de Protección de Datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información (Antai), coincidió con que no se puede poner “un derecho por encima de otro”.
Ortiz anunció que la Antai pidió que se modificara algunos artículos del proyecto 1031, entre ellos, el artículo 20.
El procurador González comparó las modificaciones a las normas de transparencia con una reforma constitucional, pues las leyes de transparencia y de protección de datos personales tienen carácter constitucional. Por tanto, considera que su discusión debe estar precedida de una amplia consulta ciudadana y es por eso que recomienda dejar la discusión al gobierno que asuma las riendas del país a partir del 1 de julio de 2024.
"El proyecto de Ley 1031 contiene los principales puntos de la actual Ley 6, los estándares internacionales de la Ley modelo 2.0 y las recomendaciones recibidas en la consultas ciudadanas que iniciaron en el 2020" Juan Pablo Rodríguez, Director de Acceso a la Información. #ANTAI https://t.co/304K7OcXH6
— ANTAI (@ANTAI_Panama) September 13, 2023
El diputado Luis Ernesto Carles, quien es miembro de la Comisión de Gobierno, insistió en que el proyecto de ley 1031 propuesto por el Ejecutivo (a través de la Antai) “no ha partido del consenso”.
“Yo sí logro determinar de manera muy categórica que este no es el espacio para discutir de manera sosegada, amplia e inclusiva. Se están diluyendo los elementos garantistas que se tienen que dar a los ciudadanos y la Antai no se la está dando”, remarcó Carles.
Elección del director de la Antai iría a la Comisión de Estado
Durante las consultas de ayer miércoles, la vicepresidenta de la Asamblea y diputada de la Comisión de Gobierno, Corina Cano, manifestó que aún cuando las sesiones permanente son presenciales, los diputados, junto a sus asesores y la secretaría técnica, han seguido analizando las propuestas que han recibido de parte de todos los sectores.
Adelantó que están evaluando incorporar cambios al método de elección del director o directora de la Antai. Proponen que el proceso sea similar al de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Es decir, que los interesados deberán presentar su hoja de vida ante la Comisión de Estado Por la Justicia. De allí una terna deberá ser remitida al presidente de la República, para que seleccione al director de Antai”, explicó Cano, quien dijo que no se puede hablar de retroceso, sino de los avances que se están dando en las consultas.
“Los nueve diputados que formamos parte de esta comisión tenemos el interés y la voluntad de avanzar, no significa por ninguna circunstancia un retroceso. Vamos a avanzar, vamos a modificar aquellos aspectos que son buenos, que son correctos y que han funcionado a la fecha en la Ley de Transparencia vigente (...)”, acotó.
Próxima reunión: una mesa técnica de trabajo
El presidente de la comisión, Leandro Ávila, informó que la próxima reunión será el miércoles 20 a las 10:00 a.m., pero ese día se instalará una mesa técnica, donde se elaborará un borrador de proyecto con los cambios propuestos por los diferentes gremios, organizaciones y ciudadanos.
Ávila también emplazó al representante del ministerio de la Presidencia, el abogado Andrés Wong, para que informara sobre si en el Palacio de las Garzas, tienen el interés de continuar con el debate del proyecto 1031, que es rechazado por los ciudadanos, gremios y organizaciones del país.
