El 31 de agosto pasado cuando fue a sustentar el presupuesto de 2023 a la Asamblea Nacional, Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), le aseguró a los diputados de la Comisión de Presupuesto que su administración ha “tratado de cambiar la imagen de politización que evidentemente ha cargado la institución por años, por décadas”.
Casi dos meses después de que formulara ese planteamiento en el Legislativo, Meneses, antiguo líder de la juventud del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), no ha podido aplacar las voces de rechazo a su gestión precisamente por el manejo político con que asigna los recursos de la entidad.
Esto luego de que quedara al descubierto que decenas de los denominados auxilios económicos quedaron en manos del círculo de poder de su partido el PRD.
Año de campaña política
Por eso ahora cuando se conoce el millonario presupuesto para el 2023, un año clave para las elecciones generales del 2024, se encienden las alarmas. Algunos como la docente e investigadora Ileana Gólcher, una de las que protestó frente a la entidad cuando estalló el escándalo de los auxilios económicos, aseguran que el aumento de los fondos “tiene un fin eminentemente electoral y clientelista”.
La entidad que dirige Meneses asignará buena parte de su presupuesto del próximo año precisamente al programa de Becas de Asistencia Educativa y Auxilios Económicos.
Se trata de $369.7 millones de los $442.2 millones que conforman el presupuesto total de la institución para el año entrante. La cifra es $8.5 millones más que la de 2022, cuando se le asignó $361.2 millones.
“Aquí no hay más nada que hacer que aumentar la veeduría ciudadana, estar pendiente de esto y denunciarlo. Hasta la fecha nada ha impedido que ellos sigan disfrutando de su dinero (los beneficiados). No van a regresar ese auxilio económico (...) Desde la década del 70 el Ifarhu ha pasado de prestar $5 mil a regalar casi $200 mil, porque eso es regalarlo (...)”, aseguró.
Gólcher también puso el dedo acusador en el contralor Gerardo Solís, pues asegura que este funcionario tiene que fiscalizar estos fondos “y no lo hace”. “Lo único que puede hacer un cambio es la presión ciudadana”, añadió.
La Fiscalía de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea, mandó una carta a Solís en la que le recuerda que la Contraloría tiene facultades para realizar inspecciones e investigaciones con el propósito de determinar la “corrección e incorrección” de las operaciones que afectan patrimonios públicos y en este caso, “presentar las denuncias respectivas”. La nota de la fiscalía surgió luego de que el abogado Ernesto Cedeño presentara una denuncia para que se investiguen las supuestas irregularidades en el manejo del programa. Hasta ahora el contralor Solís no se ha pronunciado por el tema.
La mirada de Cortizo
El escándalo suscitado por la discrecionalidad y criterio político con que se han repartido los auxilios económicos del Ifarhu estalló a finales de octubre pasado, periodo que antecedió a los asuetos por las fechas de la patria. Hasta ahora se desconoce qué cambios hará la entidad para que las ayudas no queden en manos de allegados al partido político de turno. El presidente Laurentino Cortizo dijo el pasado 4 de noviembre que es necesario “hacerle ajustes” a la reglamentación pero no precisó cuáles. “Yo estoy a favor de los auxilios económicos, siempre y cuando se combine la situación socio-económica pero también la académica”, manifestó el mandatario quien fue abordado por periodistas luego de los actos protocolares en el Día de los Símbolos Patrios, en la Presidencia. El gobernante también afirmó que desconoce quiénes son los beneficiarios de este auxilio económico que da el Ifarhu. “¿A quién se les entregó?, no, yo no tengo esa lista, yo no tengo esa lista”, expresó.
Entre los beneficiados con el auxilios económicos están Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Meneses ($81 mil), y Estefanía Guardia, exnovia del diputado Juan Diego Vásquez ($99,478).
