La mañana parecía tranquila durante la entrega de credenciales por parte del Tribunal Electoral (TE), que entregó las credenciales a 70 de los 71 diputados electos durante las elecciones generales del pasado 5 de mayo.
Recibieron sus credenciales tanto los diputados principales como los suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.
No obstante, el magistrado del TE, Alfredo Juncá, tomó la palabra y les dejó el claro mensaje a los diputados electos que su principal reto era “despolitizar” los servicios técnicos de la Asamblea Nacional, para que ellos se dediquen meramente a debatir.
“Atrás deben quedar las viejas prácticas de la política, porque estoy más que seguro de que todos los que están sentados aquí entendieron el mensaje que los electores mandaron al resto del país, a la clase política y a los nuevos políticos que se están iniciando en este momento”, afirmó Juncá.
También le dijo a los diputados que ellos no son la “columna vertebral” del Legislativo, sino el personal técnico. Antes de ser magistrado del TE Juncá trabajó como asesor legislativo.
Juncá destacó que el personal capacitado se va de la Asamblea Nacional cuando ve que no hay oportunidades, que no pueden seguir ejerciendo las carreras para las cuales han estudiado. “¿Por qué? Porque llegan nuevas personas, por amiguismo, por política y sin méritos...”.
Alertó a los diputados para que no les extrañe que el 1 de julio, cuando tomen posesión de sus cargos, empiecen a recibir las “famosas” notas de licencia, préstamo o traslado administrativo, o cartas de renuncia, justamente debido al sistema administrativo que ha imperado en el órgano legislativo.
En este sentido, Juncá instó a los diputados a centrarse en sus deberes fundamentales: debatir y producir leyes que beneficien al país, mientras se trabaja, desde la parte administrativa, con el personal calificado para que la Asamblea siga funcionando.
Planilla y clientelismo
El regaño de Juncá tiene bastante sustento si se toma en cuenta que en los últimos cinco años (2019-2024) la Asamblea Nacional gastó más de 950 millones de dólares, de los cuales un 90% se va en el pago de planilla y otros gastos operativos.
Según la Contraloría General de la República, en la Asamblea Nacional laboran unos 4,200 funcionarios, entre permanentes y eventuales, y es la entidad estatal con más asesores: tiene unos 400 con ese cargo, que cuestan, en total, 14 millones de dólares al año.
Se trata de un incremento radical del 408% si se toma en cuenta que en 2010, hace 13 años, había 81 asesores en ese órgano del Estado cuyo costo anual era de 1.9 millones de dólares.
Los salarios entre los asesores de la Asamblea varían: ganan entre 800 y 5,000 dólares. Incluso están divididos por categorías. Por ejemplo, están el “asesor legal” y el “asesor I y II”. También están el asesor financiero y el técnico especializado.
Diputados independientes como Juan Diego Vásquez y Edison Broce han cuestionado esta práctica. De hecho, Vásquez ha indicado en su momento que la cantidad de asesores que tiene la Asamblea Nacional no se compadece con la realidad que hemos visto.
También organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han levantado su voz contra estos elevados gastos y la opacidad dentro de la Asamblea Nacional.
