El Ejecutivo, poder del Estado que lidera el presidente José Raúl Mulino, aspira a que antes del 15 de enero se apruebe el proyecto de ley 163, que reestructura la Ley 51, orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Así lo comunicó el mandatario a la bancada legislativa del partido Cambio Democrático el pasado 19 de diciembre, cuando se reunieron para discutir la propuesta. La Asamblea Nacional, aseguró el presidente, “tiene toda la facultad de hacerle modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo, pero deben demostrar al país que esos cambios le darán sostenibilidad al sistema de seguridad social panameño a largo plazo”.
Posibles cambios
¿Cuáles podrían ser estos cambios? Desde la CSS proponen al menos 25 modificaciones. Entre ellas, lo relativo a los poderes del director, la gobernanza, las atribuciones de la junta directiva, las pensiones por viudez, la inclusión de los independientes y la mora en el pago de la cuota empleado-empleador.
“Ellos ya tienen el compendio de sugerencias a las propuestas de modificación”, manifestó Dino Mon, director de la CSS, en una reciente entrevista con La Prensa.
Las modificaciones están en manos de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, que preside el diputado Alaín Cedeño, e instancia que analiza el documento en primer debate.
La edad de jubilación, el dilema
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto de reforma es el aumento de tres años en la edad de jubilación, pasando de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres. Diversos sectores de la sociedad rechazan este incremento.
Sin embargo, el director de la CSS afirmó a este medio que “cualquier otra reforma que no toque la edad de jubilación es una reforma temporal”. Añadió que la actual propuesta que presentó el Ejecutivo (proyecto de ley 163) “es indefinida”.
En esa misma línea se expresó el presidente Mulino: “No será perfecto. Pero la integralidad del proyecto es vital. Este proyecto no funciona sin los tres años de edad de jubilación, no funciona sin el aumento del 3 puntos porcentuales de la cuota para el empleador, no funciona si el Estado reduce los $966 millones que está comprometiéndose a aportar al fondo común solidario de la Caja de Seguro Social”, manifestó en una de sus conferencias de prensa semanales.
No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguran que el gobierno estaría dispuesto a negociar ajustes en el incremento de la edad de jubilación.
‘Problema gordo’
Tanto el presidente de la República como el director de la CSS han advertido sobre los riesgos para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) si no se aprueban las reformas a tiempo, pues el sistema enfrenta problemas estructurales y financieros que requieren medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad.
Mon explicó que en febrero próximo se podrá sentir el impacto: “Saber que en febrero tengo que afrontar un problema enorme de flujo de caja para poder pagar es un problema gordo”, dijo sobre el subsistema de beneficio definido.
En su entrevista con La Prensa, el actuario advirtió que ese subsistema terminará este año “solamente” con $351 millones en reserva. “Eso no alcanza ni para los primeros meses del año”, señaló.
Por ello, el director de la CSS ha abogado por contar con un instrumento jurídico que permita realizar transferencias para cubrir cualquier déficit en la administración y garantizar el pago de las jubilaciones.
Propuestas y debate
Las consultas al proyecto de ley 163 concluyeron el pasado 18 de diciembre en Metetí, provincia de Darién. Durante 24 días, los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea escucharon a 485 personas de las 891 inscritas para participar en esta etapa del debate.
Según una nota de la CSS, entre las propuestas más frecuentes se encuentran:
Establecimiento de un banco del asegurado.
Transferencia de ingresos del Canal de Panamá.
Transferencia de porcentajes de ingresos del Aeropuerto de Tocumen, el Ferrocarril y las Zonas Especiales Libres de Impuestos.
Impuestos a las transferencias interbancarias.
Financiamiento de proyectos seguros y rentables.
Transferencia a la CSS de los subsidios a partidos políticos.
Cobro de la morosidad en la cuota empleado-empleador.
Disminución o eliminación de la evasión fiscal.
Transferencia de un porcentaje del Fondo de Ahorro de Panamá.
Uso de tecnología en programas de prestaciones de salud y económicas.
Sistema único de salud público CSS-Minsa.
Fortalecimiento de la gobernanza.
Facilitar el ingreso de los independientes a la seguridad social.
El pasado lunes 23 de diciembre, la comisión desmanteló una comisión tripartita (trabajadores, empleadores y Ejecutivo) que había creado para analizar las propuestas al proyecto de ley 163. Ese día también definieron la metodología para el primer debate.
Se discutirá en cuatro bloques:
Artículos 1 al 50: naturaleza jurídica y fines de la institución, incluyendo disposiciones sobre la junta directiva, la transparencia y la prevención de actos de corrupción.
Artículos 51 al 105: derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, inscripción, afiliación, pago de cuotas y sanciones por declaraciones falsas, además del propósito del Sistema de Servicios de Salud administrado por la CSS.
Artículos 106 al 159: modalidades y cálculos de pensiones, requisitos para la Pensión Básica Universal y modernización de la CSS.
Artículos 160 al 210: aportes estatales al Fondo General de Reserva, fundamentales para garantizar la sostenibilidad futura del sistema.
El presidente Mulino abogó para que el proyecto esté aprobado en primer debate antes del próximo 31 de octubre. Sin embargo, el calendario de esta propuesta está bajo presión.
