La Dirección General del Sistema Penitenciario, entidad bajo el mando de Euclides Joel Castillo, salió en defensa del proceso de licitación para contratar a una empresa que suministre alimentos a seis cárceles del país, durante 10 años, a un costo de $441.1 millones.
Castillo, a través de su equipo de prensa, informó a este medio que el Ministerio de Gobierno, entidad que cobija al sistema penitenciario, adelanta un proceso de licitación de “manera transparente”, y recordaron que la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, permite la contratación hasta por 20 años.
“Por lo complejo de la alimentación, se tomaron las previsiones necesarias para mejorar la calidad, que la empresa a ganarse el contrato invierta en infraestructura, entre otros aspectos positivos. El actual contrato tiene alrededor de 11 años y se procedió a realizar un acto público de manera transparente”, añade la nota que llegó a esta redacción.
El periodo de la contratación, será por 3,653 días (10 años) y el precio de referencia calculado asciende a $441,127,150, de acuerdo con documentos publicados en Panamá Compra. En el proceso se tendrá en cuenta el mejor valor.
El contrato es para alimentar a una población estimada de 24 mil 153, personas (presos, custodios y policías) en los siguientes centros penitenciarios: La Nueva Joya (8 mil 883 raciones diarias), La Joya (5 mil 942 raciones diarias), La Joyita (6 mil 984 raciones diarias), Centro Femenino de Rehabilitación (1,304 raciones diarias), Centro Penitenciario de Tinajita (650 raciones diarias) y Centro Penitenciario El Renacer (390 raciones diarias).
La ración diaria incluye desayuno, almuerzo y cena.
El calendario
Según Panamá Comprá, la reunión de homologación será el próximo 16 de agosto de 2023, a las 9.00 a.m., vía virtual con el programa Microsoft Team.
Mientras que la presentación de las propuestas está prevista para el 14 de septiembre de este año, a las 9:00 a.m., de manera electrónica.
El abogado Ernesto Cedeño Ernesto Cedeño acudió a la Dirección General de Contrataciones Públicas, con una carta en la que solicitó a Raphael Fuentes que suspenda el acto público. Sustentó que este procedimiento no es “jurídicamente viable” ya que a su juicio, no se adecua a lo que establece el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 439 que obliga a realizar un estudio de mercadeo para este tipo de actos.
