¿Qué le falta a la sentencia condenatoria de New Business para que pueda quedar “en firme”? ¿Quién tiene el expediente? ¿En qué momento puede el Tribunal Electoral (TE) inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial?
En busca de estas respuestas, dos funcionarios del TE se desplazaron este viernes 23 de febrero al Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón, a fin de obtener copia de la sentencia expedida el 17 de julio de 2023 por la juez penal Baloisa Marquínez, que dicta una pena de 10 años y 8 meses de prisión contra Martinelli, por blanqueo de capitales.
El día antes, el director de Asesoría Legal del TE, Rubén Darío González, le había enviado una nota a Marquínez para preguntar si la sentencia condenatoria ya está “en firme y ejecutoriada a la fecha”, a fin de proceder a la inhabilitación de Martinelli. Pero en lugar de aguardar la respuesta escrita de Marquínez, González se presentó en el Palacio de Justicia. Llegó este viernes, cerca delas 2:20 p.m.
Primero se dirigió a la Sala Penal, que hace tres semanas no admitió los recursos de casación contra la sentencia condenatoria. Lo que encontró González fue el Edicto 40 del 22 de febrero de 2024, en el que las magistradas Ariadne García (ponente), María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo informan a las partes que se han rechazados “de plano, por improcedentes”, las solicitudes de Martinelli y otros condenados para que “aclaren” por qué no admitieron los recursos de casación.
Funcionarios del Tribunal Electoral (TE) fueron informados este viernes 23 de febrero que la sentencia condenatoria del caso New Business “todavía no se encuentra ejecutoriada”. Video Isaac Ortega https://t.co/xyiFzU8APB pic.twitter.com/iDonTWfK1u
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 23, 2024
El Edicto 40 deberá estar colgado en el mural de la Sala Penal por cinco días hábiles, a partir de este viernes. Así que aunque ya no caben más recursos u acciones legales contra la sentencia condenatoria, toca esperar pacientemente a que el referido edicto sea desfijado, lo que debería ocurrir el próximo viernes 1 de marzo.
Después de la Sala Penal, el personal del TE se dirigió entonces al despacho de la juez Marquínez. Ahí les dijeron que ellos también están esperando que la Sala Penal mande la documentación. Por tanto, la sentencia aún no se encuentra en firme.
![La juez de New Business le informa al TE que la sentencia está en el Tribunal Superior de Liquidación](https://prensa.com/resizer/v2/ERM7KT6WQNCCRGSU6NO2BXC6VY.jpeg?auth=ed8bb354124df8f7d89749e9d862385e900ea44f6e2eea5086769eba780e83c2&width=1200)
Después de eso, González le dijo a los periodistas que estaban en el lugar que el TE esperará a que el juzgado los notifique oficialmente y que de eso dependerá que el TE proceda a inhabilitar formalmente a Martinelli como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.
Momento en el que el Director de Asesoría Legal, Rubén González, verifica el estado procesal de la sentencia emitida en contra el candidato presidencial Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. pic.twitter.com/3t7aSOFdRh
— Tribunal Electoral (@tepanama) February 23, 2024
“Habrá que esperar la comunicación que tiene que hacer el propio tribunal a fin de que se surta lo que contempla la Constitución y la ley”, dijo González.
Ahí no quedó el asunto.
A las 5:26 p.m., el Órgano Judicial emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que informa que lo que le dijo González a los periodistas y que ha sido ampliamente difundido por todo el país, “no se ajusta a la realidad”.
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— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) February 23, 2024
Ahí aclaran, además, que la juez Marquínez jamás atendió personalmente a la comitiva del TE y que el expediente se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que también tiene sus oficinas en el Palacio Gil Ponce.
Que el expediente está en el Tribunal Superior está en la respuesta de Marquínez a la nota del TE. Esa respuesta fue recibida en el TE este viernes, a las 8:51 a.m.
La Constitución, en su artículo 180, prohíbe la elección como presidente de la República de una persona condenada a cinco años o más de prisión.