La controversia por invitar a un candidato a vicepresidente al debate presidencial y el proceso para inhabilitar a Ricardo Martinelli para correr en las elecciones del 5 de mayo, han marcado la agenda del Tribunal Electoral en los últimos días. En esta entrevista, Alfredo Juncá, magistrado presidente del TE habla de estos y otros temas.
¿El Tribunal Electoral recibió el oficio que notifica sobre la ejecución de la sentencia que condena al expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business?
Hasta el día de hoy (martes 20 de febrero), no hemos recibido oficio alguno, ningún reporte policial, ningún tipo de comunicación del Órgano Judicial diciendo que hay una sentencia de autoridad con una condena mayor de 5 años, lo que podría causar que el pleno tuviese que pronunciarse acerca de ese caso. Lo que sí te puedo garantizar es que el Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo. Vamos a respetar el debido proceso, y en el momento en que nosotros recibamos esta comunicación, de manera expedita y respetando el debido proceso, vamos a entrar a ver el caso.
¿La comunicación debe llegar a Secretaría General y de allí pasa al pleno?
La comunicación llega a Secretaría General y de allí continuamos con el procedimiento establecido que siempre se ha utilizado para la resolución del trámite de inhabilitaciones cuando se dan estos casos una vez recibido el oficio.
¿Cuánto tiempo estima que toma este proceso de inhabilitación?
La justicia electoral es bastante rápida. Salvo que hubiese algún gran debate (en el pleno) que nos tomara mucho tiempo para poder resolverlo, esto es algo que puede tomar algunas semanas.
Hay incertidumbre sobre el tiempo para la impresión de las papeletas para Presidente ante la posibilidad de que la foto del expresidente Martinelli aparezca en ella.
Ninguna persona que no sea candidato debe aparecer en una papeleta para ningún tipo de elección. El Tribunal Electoral tiene su propia imprenta que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo tanto, nosotros tenemos el tiempo requerido para poder tirar la papeleta de la elección en tiempo correspondiente.
Y a propósito de la imagen del expresidente, en la calle, hay vallas y propaganda en redes sociales y otros medios de comunicación que incluyen su foto, nombre y sus datos; una vez inhabilitado, ¿qué va a pasar con este material? ¿Qué procede con esto?
Todas las vallas en la campaña electoral deben tratar sobre la candidatura de una persona; una persona que no es candidato no puede tener una valla candidatizándose para algún cargo. Entonces, todo eso debe cambiar.
Por ejemplo, hay vallas de un candidato a la alcaldía de Panamá junto al expresidente, ¿las van a mandar a retirar o qué va a pasar ahí?
Depende mucho de la condición de la valla; hay algunas que admiten cambios, hay otras que simplemente tienen que retirarse porque no pueden ser cambiadas, depende de la valla, pero una persona que no es candidato no puede estar anunciándose como candidato.
¿Cómo ha sido el procedimiento para inhabilitar candidaturas en otros casos?
Esos casos se dieron mucho antes de que yo fuera magistrado. Los más recientes que yo he visto han sido del año 2009, pero han sido procedimientos bastante expeditos y sencillos.
¿Allí actúa el pleno o los juzgados electorales?
Depende del tipo de inhabilitación. Hay una competencia que es de los juzgados electorales, hay otra competencia que es del pleno. En el momento de que se abra el procedimiento, ustedes van a poder ver.
¿Por qué se decidió incluir a José Raúl Molino siendo candidato a vicepresidente en el debate presidencial?
Yo debo reconocer que en esa inclusión que se hizo, nosotros nos equivocamos, pero rápidamente al percatarnos del tenor del artículo 245 del Decreto 29, iniciamos entonces un debate para tratar de reforzar y reencauzar el proceso. La idea es que el Tribunal Electoral, que es la institución llamada a que se respete la ley, no empiece un procedimiento incumpliendo una norma electoral y el caso es que, a mi juicio, se estaba incumpliendo el artículo 245 (del Decreto 29) a todas luces, entonces no estaba dispuesto a que nosotros fuésemos a un debate con este tipo de incumplimiento. El debate en el pleno se extendió un poco, para poder tener entonces certeza de qué era lo que íbamos a hacer, se da entonces la suspensión.
Entonces, ahí fue cuando emitieron el decreto anunciando la suspensión.
Claro, emitimos entonces un decreto para suspender, poder terminar nuestras deliberaciones y entonces retomar el camino. Uno nunca debe, como funcionario o servidor público, tener miedo de enderezar la marcha como debe ser cuando detecta que existe algún tipo de error en un procedimiento.
Aparte de Maribel Gordón, ¿qué otros candidatos se quejaron?
Al momento de la suspensión, ya había cuatro candidatos que habían aseverado que no iban a asistir, justamente por el problema de lo que nosotros llamamos la “silla vacía”.
¿Qué posibilidad hay de que José Raúl Mulino participe en el debate del próximo lunes?
Depende, si José Raúl Mulino fuese el candidato presidencial podría participar. Pero si no lo es, quien debe participar es Ricardo Martinelli.
A propósito de Mulino, se ha planteado la posibilidad de invalidarlo de la candidatura por no haber ido a primarias y por lo que establece la Constitución sobre que se debe elegir un presidente y un vicepresidente en las elecciones generales. ¿Esto es posible?
Siempre es posible que algún ciudadano interponga algún tipo de solicitud de este tipo. Le he estado dando seguimiento (al tema) en redes sociales y he visto que ha cogido algo de vuelo. Falta ver en el momento indicado que se interponga un recurso o una solicitud y entonces el pleno entrará a verlo. No te puedo adelantar el criterio porque hay que ver qué es lo que van a traer para hacer los análisis correspondientes con respecto a si esto es o no es posible.
¿Tiene la inhabilitación de Martinelli algún efecto en la entrega del subsidio electoral para la campaña de RM y el partido Alianza?
No, porque es un tema de partidos, no un tema de candidatos. En lo que podría tener algún tipo de incidencia es en el tema de las donaciones para los fondos privados de la campaña. Pero eso es otra cosa que habría que verlo en el momento indicado.
¿Cómo ha afectado al Tribunal Electoral las nuevas reglas de la Comisión de Presupuestos para el traslado de partidas?
No puedo cuestionar la autoridad que tienen los diputados de la Comisión de Presupuestos de ejecutar lo que dice la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Lo que sí te puedo decir es que los traslados de partidas en un periodo electoral para el Tribunal Electoral son de suma importancia porque el dinero ya está presupuestado, no estamos pidiendo un crédito adicional. Estamos tratando de utilizar nuestras partidas de la mejor manera posible para atender las necesidades de un proceso que es cambiante y dinámico.
Entonces, el Tribunal Electoral necesita tener la flexibilidad y el dinamismo para rápidamente hacerle frente a diferentes necesidades. Tener que pasar por la Comisión de Presupuestos cada vez que haya que hacer movimientos, hace el proceso mucho más burocrático.
¿Qué están haciendo para atender las vulnerabilidades de los sistemas informáticos?
Ese informe que se hizo en aquel momento fue una prueba de penetración a las diferentes plataformas de la institución y la idea de esto no fue algo que alguien hizo por su cuenta, fue una empresa que contratamos para este trabajo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos trayendo nuevos contratistas de seguridad, estamos trayendo nuevos protocolos de seguridad, y estamos trayendo nuevo software y hardware dedicado a lo que es la seguridad del proceso electoral.
¿Manejan información sobre la entrada de dinero del crimen organizado y de fondos públicos en las campañas electorales? Y si es así, ¿qué medidas están tomando?
Existe mucho monitoreo en internet y redes sociales sobre las actividades de muchas campañas. El Tribunal Electoral está en estos momentos cooperando con las autoridades nacionales e internacionales en este tema para proteger el proceso electoral, para proteger las elecciones y mantenerlas libres de fondos que puedan provenir de crimen organizado, de narcotráfico, de corrupción pública, es decir, fondos de dudosa procedencia. ¿Cómo hacemos esto? A través de la fiscalización del financiamiento político.
Tenemos una Dirección Nacional de Fiscalización del Financiamiento Político que se encarga, junto con los tesoreros de cada campaña, de vigilar cómo ellos están, no solamente invirtiendo los fondos públicos, sino los fondos privados que entran a la campaña.
¿Se puede hablar de narcopolítica en el proceso electoral?
No me atrevería a hablar específicamente de narcopolítica. Lo que nosotros necesitamos buscar son los fondos que se están utilizando de manera errada en cada una de las campañas y enderezar las mismas.
El Tribunal Electoral recibe de cada campaña su informe de uso del financiamiento electoral. Pero antes de eso, ellos tienen oportunidades de reparar cualquier tipo de situación en sus informes cuando van presentando sus cuentas. Hay fiscalización. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos dejan por fuera los gastos que están haciendo. El Tribunal está en busca de esos gastos. Así que la recomendación que le hago a todos los candidatos es que se mantengan dentro del tope de campaña que les corresponde y que no utilicen otros fondos que no provengan de la cuenta única de campaña, que es de donde deben salir todos los pagos para los gastos de la campaña.
¿Tienen indicios de candidaturas que han violado esos topes, de aquellos con campañas ostentosas, que hacen grandes gastos, que reparten…?
Tenemos indicios de campañas que están haciendo un gasto excesivo. Todavía no hemos visto esos reportes. Los informes los estamos esperando.
¿Y con respecto al uso de dinero público en campaña?
Tenemos algunos casos donde algunos presuntos infractores han utilizado fondos públicos. Pero esto depende mucho de cómo se dé la investigación. Allí la Fiscalía Electoral debe hacer su parte. En algunos casos, se han remitido a la Corte.
Debo inferir que si los casos van a la Corte son de diputados
No necesariamente. Hay otros funcionarios que también caen bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Ahora, la Corte sí ha determinado que en la parte administrativa (el caso) le compete al Tribunal Electoral, que es lo que es la interposición de sanciones en forma de multas, de sanciones que se dan sobre casos como este.
Entonces, cuando tienen una misma conducta, esa misma conducta puede revestir distintos matices. Una misma acción puede ser tanto una violación a la vez electoral, como puede ser una violación a tope de campaña, como puede ser un delito electoral. Entonces, cuando eso se recibe aquí, uno fractura la causa y empieza a remitir a las distintas jurisdicciones que son las que tienen la competencia para que cada quien vaya viendo su parte.
¿En qué consiste el convenio entre el Tribunal Electoral y la DGI para intercambio de información sobre los candidatos a puestos de elección?
Nos hemos reunido con la Superintendencia de Bancos con miras a lograr un convenio con esta institución que nos permita regular el financiamiento en la política a través de las instituciones bancarias. De igual manera, esta semana estaremos firmando un convenio con la Dirección General de Ingresos (DGI), que es de intercambio de información, porque dentro de la parte de campaña hay un aspecto tributario que debe cumplirse. Entonces, la Dirección General de Ingresos está fortaleciendo sus capacidades para poder llevar adelante investigaciones. Nosotros estamos cooperando ampliamente con estas instituciones y tenemos pensado ir a la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia de Sujetos No Tributarios precisamente para cuidar nuestro proceso de forma tal que nosotros podamos tener una mejor elección, una elección transparente en donde además de eso haya equidad y rendición de cuentas.
¿Qué lecciones les dejaron los casos donde hubo lavado de dinero de por medio como Odebrecht y New Business?
La gran lección es que los funcionarios o servidores del Estado tenemos que dar la milla extra y llegar hasta donde la ley nos permita para cuidar cada una de nuestras áreas de competencias. En el área electoral, nosotros los magistrados tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra elección sea lo más transparente posible y que al menor indicio de irregularidades se ponga en conocimiento entonces a todas las instituciones del Estado que tengan competencia para ver este tipo de irregularidades.
¿Y en el tema de las donaciones?
Principalmente por el tema de las donaciones. La gran lección de estos casos es que se han movido grandes capitales, se han estado moviendo en distintas esferas y yo no creo que la esfera electoral esté exenta de esto, entonces hay que apoyarse unos con otros, precisamente para garantizar que vamos a tener una buena elección y que podamos salir adelante por nuestro país.
