En 40 minutos y con la ciudad de Panamá paralizada, la Asamblea Nacional aprobó el contrato minero

No hubo vuelta atrás. El tercer debate del proyecto de ley 1100 (que ahora es la recién sancionada Ley 406 de 2023), que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la explotación mineral en Donoso, provincia de Colón, fue un mero trámite.

Con avenidas cerradas en varios puntos del país por miembros del Sindicado Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y afines, 47 diputados, principalmente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), decidieron el futuro del contrato minero. Eso fue en la mañana del viernes. En la noche, el contrato apareció sancionado por el presidente Laurentino Cortizo en Gaceta Oficial. No se anticipaba que la vetara, ya que el Ejecutivo es el proponente. Su entrada en vigencia es inmediata.

Así fue la jornada en la AN

La sesión en la Asamblea Nacional (AN) empezó ayer viernes poco después de las 10:30 a.m. A las 11:10 a.m., tras la aprobación y la tradicional foto del recuerdo, el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, decretó un receso hasta el lunes. Y adiós.

En la foto quedaron los ministros Federico Alfaro (de Comercio e Industrias), Milciades Concepción (de Ambiente) y Doris Zapata (de Trabajo), así como los diputados Roberto Ábrego y Ariel Alba, presidente y vicepresidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la AN, respectivamente, y Vargas.

En la discusión en tercer debate únicamente participaron cinco diputados: los independientes Raúl Fernández, Juan Diego Vásquez, Walkiria Chandler (suplente de Gabriel Silva) y Edison Broce, así como Zulay Rodríguez, del PRD. Todos votaron en contra de la propuesta de ley, junto a Eugenio Bernal, también del PRD.

Hubo dos que se abstuvieron: los perredistas Daniel Ramos y Crispiano Adames.

El debate

En la sesión de ayer, Raúl Fernández afirmó que en el contrato no se establece un plan general de cierre de mina. Juan Diego Vásquez reiteró lo que ha dicho todos estos días: que el proyecto de ley 1100 no fue sometido a la correspondiente consulta ciudadana, como sí ocurrió con el contrato propuesto con anterioridad, el cual fue devuelto al Ejecutivo para que hiciera algunos ajustes.

Zulay Rodríguez opinó que Panamá debe contrademandar a Minera Panamá por los “daños ambientales irreversibles que está cometiendo”.

Walkiria Chandler resaltó que con este contrato, que estará vigente por 20 años, prorrogables por 20 más, se compromete la salud, la vida, el patrimonio, la soberanía y el futuro de los panameños.

“Los que rechazamos este contrato no nos oponemos al desarrollo. Este es un acuerdo económico que va a beneficiar a algunos sectores”, acotó Chandler.

A su vez, Edison Broce enfatizó que la población está preocupada por el manejo del país. Afuera, mientras los diputados sesionaban, había protestas que afectaron la libre circulación, el servicio del Metro y hasta las clases en la Universidad de Panamá, las cuales fueron suspendidas. En el recinto legislativo, las gradas estaban vacías. No se permitió el ingreso de nadie y la Asamblea estaba custodiada por agentes policiales, en arreos de combate.

“Si así votan con el proyecto más complejo de los últimos cinco años, ¿cómo será con otros temas? Ustedes quieren dejar la administración de su futuro a cargo de esta generación de políticos”, se preguntó Broce.

Acto seguido, se llevó a cabo la votación. A favor votó toda la bancada del PRD (salvo Rodríguez, Bernal, Adames y Ramos), los del Molirena y un puñado de diputados de la facción rebelde de Cambio Democrático (CD), que apoya al expresidente Ricardo Martinelli.

Al pleno no se presentaron los diputados del Partido Panameñista, ni habilitaron a sus suplentes. El diputado de La Pintada, Luis Ernesto Carles, brilló por su ausencia. También hicieron lo mismo los diputados que apoyan al candidato presidencial de CD, Rómulo Roux: Ana Giselle Rosas, Edwin Zúñiga y Rony Araúz.

El independiente Adán Bejerano tampoco se dejó ver por su curul, lo mismo que Mayín Correa, de CD.

A su salida de la Asamblea Nacional, el ministro de Comercio destacó que el contrato ley tiene efectos retroactivos, hasta diciembre de 2021, ya que la empresa pagará $395 millones, luego del fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte Suprema de Justicia, en el año 2017, sobre el contrato original de 1997.

En cuanto a las protestas, Alfaro reconoce que el contrato minero ha generado opiniones a favor y en contra. “Cada cual tiene el derecho a expresarse, pero como he dicho siempre, sin afectar a terceros y cerrar calle”, puntualizó.

En palabras de Alfaro, se estaba atendiendo un tema específico con la discusión de este contrato, lo cual no implica que se esté debatiendo el futuro minero del país. “Yo he dicho que si queremos ese debate, primero se debe modificar el Código Minero”, remarcó.

Empresarios se pronuncian

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió elaborar un nuevo Código Minero, que corresponda al mundo de hoy. El actual se remonta al año 1963.

“La justicia debe ser expedita. Esto es fundamental para que se entienda que se respeta la seguridad jurídica”, indicaron en un comunicado.

El Conep rechazó el cierre de calles como método de protesta, porque atenta contra la convivencia ciudadana; produce daños irreversibles a la productividad del país, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, y afecta a terceros que, en democracia, tienen el derecho a ejercer el libre tránsito, el cual debe ser garantizado por las autoridades.

Además, subrayan que “insistirán” en cambios institucionales que permitan más libertad y oportunidades. “El futuro debe estar en manos de los ciudadanos y no de quienes no aceptan que la democracia es convivir con las diferencias”, concluyeron.

Se anticipan más protestas

En otras áreas de la ciudad de Panamá, como la Universidad de Panamá, los estudiantes mantenían la vía Transístmica cerrada. También en la vía España se concentraron sindicalistas, ambientalistas y gremios magisteriales.

Dirigentes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá informaron que el próximo lunes se concentrarán en distintos puntos del país para llevar a cabo varias asambleas y decidir próximas acciones a tomar. No descartan una huelga nacional e invitaron a los demás educadores a no acudir el lunes a los centros educativos.

Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, sostuvo que seguirán en las calles con sus jornadas de protestas. “Nosotros vamos a seguir. Que nadie tenga duda de eso”, acotó.

A estas voces se unieron las de algunos candidatos presidenciales.

Ricardo Lombana, líder del Movimiento Otro Camino (Moca), indicó que la minería puede llenar bolsillos, pero jamás se volverán a llenar los ríos, ni ninguno de nuestros recursos naturales.

Mientras que Martín Torrijos, candidato a presidente por el Partido Popular, dijo que a pesar de las advertencias de la ciudadanía, la Asamblea Nacional aprobó “apresuradamente” el contrato minero.

En su momento, otros candidatos a presidente, como José Gabriel Carrizo, del PRD, han planteado que este contrato traería más beneficios que perjuicios al país en general.

En tanto, Ricardo Martinelli, de Realizando Metas, ha dicho que no se le puede cerrar la puerta a una empresa que genera 7 mil empleos directos y 40 mil indirectos.

Roux, de la alianza que integran los partidos Panameñista y CD, ha argumentado que hay aspectos puntuales del contrato minero que representan preocupaciones legítimas de panameños y panameñas, como lo es el tema de la expropiación de tierras, pero que estos asuntos se pueden corregir respetando la seguridad jurídica que se requiere para atraer inversión privada.

En cuanto a los candidatos independientes, Maribel Gordón es una de las más duras opositoras al contrato minero.

“No hay ninguna racionalidad en el contrato y en el orden económico. Es una lesión al pueblo panameño. ¿Quién negocia un contrato cediendo tanto?”, dijo.

Por cierto, Zulay Rodríguez también es candidata presidencial por la libre postulación.

Al cierre de la edición se pudo conocer que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 406 de 2023, que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad