La llamada “descentralización paralela” –esa que en tres años ha destinado transferencias del Gobierno por, al menos, unos $202 millones, a 475 de las 679 juntas comunales de todo el país– ha sido en extremo generosa con juntas comunales bajo la égida de diputados de gobierno PRD en la provincia de Coclé.
La tierra donde creció el vicepresidente de la República, José Gaby Carrizo no fue la excepción en la “descentralización paralela”. Entre 2021 y lo que va de 2023, 29 juntas comunales –de un total de 47– recibieron fondos fuera de lo que ya reciben del Programa de la Descentralización, repartidos en los seis distritos de la provincia.
En total, llegaron a las juntas comunales casi $7.5 millones, canalizados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), pero fuera de los procedimientos que dicta su Ley. Además, otros $3.5 millones fueron repartidos en los seis municipios de la provincia, para un total de $11 millones.
De los $7.5 millones, las juntas comunales en los circuitos que están bajo el control del PRD: 2-1 (Penonomé) y 2-2 (Antón) recibieron de la “descentralización paralela” $5.4 millones, es decir, el 73% de los fondos.
Los otros dos circuitos de la provincia 2-3 (La Pintada, Natá y Olá) y 2-4 (Aguadulce) recibieron solo el 26% de esos fondos: $983 mil (13.2%) y $1 millón (13.6%), respectivamente. ¿La razón de la inequidad? El partido.
El reparto
En el caso del circuito 2-1, hay dos diputados: Néstor Guardia y Daniel Ramos, ambos del PRD, cuyas juntas comunales acumularon el 34.5% de los fondos ($2.5 millones en total), mientras que en el circuito 2-2 también hay otro diputado del PRD: Melchor Herrera, cuyas juntas comunales se quedaron con una suma similar: $2.8 millones, es decir, el 38.6% de los fondos, para un gran total del 73% del dinero.
Por el contrario, el resto recibió muy poco. En el circuito 2-3, por ejemplo, está el diputado Luis Ernesto Carles (Partido Panameñista). Las juntas comunales de su circuito recibieron fuera del Programa de Descentralización poco menos de $1 millón o el 13.2% del dinero, mientras que en el circuito 2-4, el diputado en ejercicio es Bernardino González, suplente del diputado y también alcalde de Aguadulce, Jorge Luis Herrera (Partido Panameñista), cuyas juntas comunales recibieron poco más de $1 millón (13.6%).
Pero el alcalde aguadulceño parece tener sus propios tratos, pues, a diferencia de sus colegas coclesanos, los aportes de la “descentralización paralela” a su municipio fueron sustanciales: $2.7 millones (ver recuadro).
El color del partido
Al examinar el colectivo político del representante de corregimiento de cada junta comunal de la provincia, solo 3 de las 23 juntas comunales bajo el control del PRD no recibieron fondos de la “descentralización paralela”: Río Grande, en Penonomé; Cabuya, en Antón, y Pocrí, en Aguadulce. Es decir, solo el 13% de las juntas comunales del PRD quedó fuera de la “descentralización paralela”.
En cambio, de las 12 juntas comunales del Panameñismo en Coclé, 8 no recibieron de esos fondos, es decir, el 66% quedó excluida. Tampoco recibieron 4 de las 9 juntas que controla Cambio Democrático. Y ni un centavo de recibieron las juntas comunales representadas por el Partido Popular, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) ni los independientes.
En otras palabras, 20 de las juntas comunales del PRD –que representan el 42% de las juntas comunales de la provincia de Coclé– recibieron el 84% de los fondos de la “descentralización paralela”, mientras que el resto –el 58% de las juntas comunales de cuatro partidos políticos y un independiente– solo recibió el 16% de esos fondos. Es evidente que el reparto de estos recursos está muy lejos de la equidad que establece la Ley de Descentralización.
Leyes Vs desembolsos
Melchor Herrera, diputado del distrito de Antón, que incluye la zona playera de la llamada “Riviera del Pacífico”, y cuyas juntas comunales fueron receptoras del 38.6% de los fondos de la “descentralización paralela” destinados a la provincia de Coclé, tiene una carrera como diputado tan gris como la del resto de sus colegas coclesanos, salvo por el dinero recibido en las juntas comunales de su circuito, y dos polémicas leyes, una abolida, y la otra, ley de la República.
Una de estas fue la derogada Ley 314, de incentivos fiscales al turismo. Herrera llevó a la Asamblea Nacional (AN) esta iniciativa, que eventualmente fue motivo de protestas callejeras y rechazo generalizado, y que, entre otras razones, llevaron a la creación de la Mesa Única del Diálogo, en julio de 2022, tras las peores protestas callejeras de los últimos años.
La iniciativa de Herrera fue presentada ante la Comisión de Economía y Finanzas de la AN el 17 de marzo de 2022. Justamente, en esa misma fecha, fue refrendado un desembolso de la “descentralización paralela” a la junta comunal de Río Hato –del circuito de Herrera– de $225 mil, el mayor recibido entonces desde 2021, cuando empezaron estos desembolsos.
El proyecto de ley fue aprobado en tercer debate en abril de 2022. El presidente Laurentino Cortizo la sancionó en junio de ese año y la convirtió en la Ley 314 de junio de 2022. Pero, debido a las protestas de julio de 2022 y al rechazo generalizado, el Ejecutivo intentó derogar esta ley, junto con la 122 de 31 de diciembre de 2019–ambas de incentivos fiscales al turismo–, pero la propuesta fue rechazada por la AN.
Posteriormente, Herrera propuso otra iniciativa suya, en la que insistía en disposiciones fiscales a favor de los empresarios del turismo, pero esta vez para modificar la Ley 80 de 2012 para el fomento del turismo, mediante sacrificios fiscales. Esta iniciativa legislativa fue aprobada por los diputados por insistencia, tras ser vetada por el presidente. Las modificaciones a la Ley 80 de 2012 incluían la derogación de las leyes que antes había intentado abolir el Ejecutivo.
Pero Cortizo vetó este proyecto de Herrera, básicamente porque mantenía las mismas “condiciones especiales en favor de empresas turísticas”, las cuales tendrían “vida jurídica propia” fuera de la Ley 80 de 2012.
El proyecto, de hecho, revivía disposiciones contempladas en las leyes que su propio proyecto estaba derogando: las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022 sobre incentivos fiscales a esta actividad.
Cortizo dijo que “su proyecto de ley permite ahora materializar unos excesivos beneficios fiscales a los inversionistas hoteleros, que significan sacrificios fiscales para el país”, pero el diputado de la región con mayor potencial de explotación hotelera en el Pacífico tuvo éxito en frenar la derogación de su ley, incluso, a pesar de que Cortizo había aludido en su veto las exigencias de la Mesa Única del Diálogo, que exigía eliminar estos privilegios. Pero a Herrera poco le importó ese compromiso del Ejecutivo.
Premios
Pero mientras estos hechos discurrían, el propio Ejecutivo destinaba cientos de miles de dólares de la “descentralización paralela” a dos juntas comunales del circuito del diputado Herrera. Poco antes de presentar su segunda iniciativa legislativa, el 7 de septiembre de 2022, el Gobierno ya había destinado –un mes antes– dos desembolsos a la junta comunal de Río Hato, que sumaron $325 mil. Pero apenas era el comienzo de frenéticos pagos.
El proyecto de ley de Herrera que hoy es ley de la República fue aprobado por la AN a principios de febrero de este año. Menos de un mes después comenzaron los pagos escalonados –seis en total hasta ahora– a la junta comunal de Río Hato, que suman hasta principios de mayo pasado, más de $1 millón.
Dos de esos desembolsos, hay $600 mil que fueron refrendados el mismo día: el 3 de marzo de 2023, menos de un mes después de aprobarse su proyecto de ley. También ese mismo día –el 3 de marzo de 2023– le pagaron a la junta comunal de Juan Díaz –también del circuito de Herrera– $100 mil, y otros $40 mil, a finales de ese mes, siendo los dos únicos pagos que recibió esta junta comunal de parte de la “descentralización paralela”.
En total, la junta comunal de Río Hato recibió más que ninguna otra en Coclé: más de $2 millones, es decir, casi el 27.5% de todo lo recibido por las juntas comunales coclesanas de la “descentralización paralela”. Así, mientras en una cara de la moneda el Ejecutivo censuraba las iniciativas de ley de Herrera para favorecer los escandalosos incentivos fiscales al turismo, del otro lado, el Ejecutivo premiaba con desembolsos millonarios de la “descentralización paralela” a dos juntas comunales del circuito de Herrera, a las que concedió el pedazo de pastel más grande de la “descentralización paralela” y ahora no dan explicaciones de qué se hizo con esos fondos.
Otro aliado de Herrera resultó su colega de Penonomé, Néstor Guardia, quien se opuso a la derogatoria de las leyes de incentivos fiscales. El 28 de septiembre de 2022, Guardia fue uno de los cinco diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la AN que frenaron una iniciativa legislativa que pretendía derogar las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022. Pero, para entonces, tomaba cuerpo la segunda iniciativa de Herrera, que fue acogida por los diputados.
La Prensa intentó, al menos tres veces obtener una respuesta del diputado de Antón, pero, tras leer el tema de la entrevista, no respondió. Lo mismo ocurrió con la representante de Río Hato, quien, tras leer ayer el contenido del mensaje, lo ignoró por completo.
UN ALCALDE CON AMIGOS DE VERDAD
Si bien las juntas comunales del PRD recibieron la gran mayoría de los fondos de la llamada “descentralización paralela”, el dinero que recibieron los alcaldes de los seis distritos de Coclé –$3.5 millones en total– entre 2021 y lo que va de este año, cuenta otra historia. El municipio más favorecido fue el de Aguadulce, que recibió $2.7 millones (o el 76% de los fondos). El gran ganador fue el alcalde –y diputado– Jorge Herrera, quien no es miembro del PRD, sino del opositor Partido Panameñista.
Tan bien le va al alcalde de ese distrito, que el que ejerce la diputación del circuito 2-4 es su suplente, Bernardino González, quien, junto con otros dos colegas del Panameñismo, tuvieron que enfrentar un proceso de expulsión a mediados de 2021, luego de apoyar –en contra de lineamientos de su partido– la candidatura a presidente de la Asamblea Nacional (AN) del diputado Crispiano Adames, (PRD), quien ha sido elegido dos veces presidente de la AN: en julio 2021 y en julio de 2022.
Precisamente, por las cercanías de ambas fechas, el Municipio de Aguadulce empezaba a recibir los fondos de la “descentralización paralela”. Por ejemplo, en 2021, los pagos empezaron un mes antes de la elección de Adames y siguieron hasta noviembre de ese año, para reunir un capital de $1 millón 210 mil.
En 2022, los pagos a la alcaldía de Herrera empezaron también un mes antes de la reelección de Adames: en junio, y se extendieron hasta septiembre de ese año, cuando, después de cuatro pagos, el municipio de Jorge Herrera recibió un total de $500 mil.
Este año, cuando se celebrarán las elecciones internas del Panameñismo, los pagos al Municipio de Aguadulce empezaron temprano: de marzo pasado hasta mayo de este año han sido 7 pagos que suman, hasta ahora, casi $1 millón, y aún no acaba el año
El segundo municipio que más recibió de la “descentralización paralela” para los municipios de la provincia de Coclé fue el de Antón –parte del circuito 2-2. del diputado Melchor Herrera (PRD)–, con un total de $705 mil o casi el 20% de los fondos entre 2021-y 2023.
La Prensa le escribió ayer al alcalde aguadulceño para saber cómo ha dispuesto el gasto o inversión de estos fondos, pero tras leer el mensaje, el funcionario no respondió. Horas después se comunicó para decir que daría respuestas este lunes.
