En su primer informe a la nación desde la Asamblea Nacional como presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo hizo un recuento de lo que encontró cuando asumió el control del país. “En los últimos 10 años la deuda de Panamá, la de todos los panameños se triplicó, de 11 mil millones pasó a más de 30 mil millones. Esto equivale a una deuda de 22 mil 300 balboas por hogar”, sustentó.
De inmediato dijo que en los últimos cinco años la economía de Panamá refleja “una clara desaceleración” y el desempleo aumentó. Remarcó que su gobierno recibió “deudas no registradas” a proveedores, contratistas, docentes, productores, bancos y a la Caja de Seguro Social, por 1,738 millones de dólares.
“Además, en el 2018, el gobierno anterior sobrestimó ingresos por 1,100 millones de dólares. O sea, calcularon bastante mal”, indicó.
Narró que 159 proyectos “críticos” de infraestructuras públicas quedaron pendientes. Muchos, sustentó por falta de pagos, otros baja ejecución, algunos fueron abandonados y otros “detenidos por múltiples disputas legales”. Mencionó a los hospitales Amador Guerrero en Colón, Metetí, en Darién, y Bugaba, Chiriquí, además del Hospital del Niño y la Ciudad de la Salud, en la ciudad capital.
En la lista incluyó al mercado de La Chorrera, los estadios deportivos Mariano Bula de Colón y Juan Demóstenes Arosemena, y a las ciudades deportivas de David y Colón, entre otros. No hizo mención a la construcción del cuarto puente sobre el Canal, actualmente paralizado por orden del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que pidió al contratista hacer ajustes al proyecto originalmente licitado.
Habló del “grave deterioro” de la institucionalidad, pues encontraron un Ejecutivo que irrespetó el equilibrio de poderes. “Una democracia distorsionada por mecanismos antidemocrático, la corrupción a niveles nunca vistos, y la desorganización, improvisación y caprichos fue la conducta de los últimos gobiernos”.
Cuestionó el programa barrios seguros, que la resocialización en las cárceles ha fracasado, y que la ciudadanía exige un sistema de justicia independiente con procuradores, magistrados y jueces que hagan bien su trabajo. Aseguró que encontró “un desastre”: “finanzas públicas maquilladas, listas grises”, además mora en la designación de magistrados, corrupción, inseguridad ciudadana.
Pese al oscuro panorama que describió, manifestó que se siente “optimista” y enumeró algunos de las acciones que han implementado en los primeros seis meses de Gobierno: la emisión de 2 mil millones de dólares en bonos, la cancelación de deudas por más de 1,700 millones de dólares, la ejecución de 36 proyectos de infraestructura y el aval, por parte de la Asamblea, a la ley de Asociación Público Privada.
Habló del proyecto de ley presentado al Legislativo para reformar la ley de contrataciones públicas, el aporte de $20 millones al Fondo de Promoción Turística, la creación del gabinete turístico, y de ProPanamá, entre otros. También invirtió varios minutos en destacar el plan Colmena para combatir la pobreza.
Sobre las naviferias del IMA, anunció que regresarán en diciembre de 2020, con la compra de 500 mil jamones. En las ferias de la navidad pasada, se vendieron 288 mil jamones, todos de producción nacional.
Diálogo para la CSS
Prometió que la Caja de Seguro Social (CSS) no será privatizada, y que cuando se tengan todos los informes financieros sobre el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se convocará a un “gran diálogo nacional”.
El tema de seguridad ciudadana también ocupó un espacio importante en el primer discurso de rendición de cuentas que da Cortizo en el Legislativo. Dijo que el tema de seguridad requiere de una política de Estado que vaya más de un gobierno. Volvió a cuestionar a los pasados gobiernos. Informó que en 2019 hubo 39 homicidios más que en 2018. Incluyó a los 14 producto de la masacre en la cárcel La Joyita.
En sus primeros seis meses como presidente, Cortizo y su Gabinete han designado a un procurador general de la Nación (Eduardo Ulloa), a dos procuradores suplentes (Javier Caraballo y Mónica Castillo), a tres magistrados principales (María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo y Carlos Vásquez) y a seis magistrados suplentes.
“Nadie buscó incondicionales, ni amigos ni protección de ningún magistrado a futuro”, remarcó.
Estos nombramientos, según Cortizo, se hicieron “de cara al país”, cumpliendo el compromiso de tomar en cuenta el Pacto de Estado por la Justicia.
“Pero, adicionalmente, por primera vez en nuestra historia, esos magistrados fueron evaluados, designados mediante un proceso transparente, profesional, sin influencias de ningún tipo. Un proceso inédito”, señaló.
Anunció que desde marzo se dará inicio al programa al programa “Encontrando el Camino Correcto”, que estará ubicada en Veracruz, y que atenderá a jóvenes en riesgo social, de 12 a 18 años de edad.
Sobre las reformas constitucionales, recordó que solicitó a la Asamblea el retiro del paquete de reformas para someterlo a un “amplio diálogo”, cuyo facilitador será el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).
Respecto a la educación, anunció la apertura de la “Academia Panamá para el Futuro”, en la Ciudad del Saber, que será un internado para 100 estudiantes “sobresalientes” de escuelas oficiales, de décimo a duodécimo grado. A estos alumnos se les dará una formación en inglés, “a fin de prepararlos para su ingreso a las mejores universidades de Panamá y del mundo”.
