El Consejo Nacional del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), en sesión permanente desde el pasado 24 de octubre, adelantó que se recomendará implementar un sistema para que, “en aquellos casos de auxilio económico otorgado que pueden ser sufragados por los beneficiarios, se pudieran convertir en un crédito educativo adicional [préstamos]”.
De momento, no se han dado más detalles de cómo se implementaría ese cambio ni cuáles serían los parámetros utilizados para evaluar cada caso. Esto, según información dada a conocer en sus redes sociales y en un comunicado publicado ayer 25 de octubre, será “recomendado” por una subcomisión conformada por la Contraloría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
En la Antai, no han comunicado nada al respecto y, al cierre de esta edición, no habían recibido comunicación formal sobre la conformación de la subcomisión. Por otro lado, del Ifarhu no han notificado cuándo comenzaría a sesionar la misma.
La respuesta por parte del Ifarhu de transformar en créditos los auxilios entregados, la cual aún no está en firme ni ejecutada, se da a pesar de que la ciudadanía exige que se publique la lista completa de beneficiaros con las becas y auxilios económicos que otorga la entidad.
Luego de días de cuestionamientos y revelaciones por parte de distintos medios de personas allegadas a diputados, funcionarios y otros políticos que reciben onerosos auxilios económicos, de parte del Ifarhu se ha dicho poco sobre transparentar estas ayudas.
Se ha revelado, por ejemplo, que algunos de los beneficiarios de las “auxilios económicos” son Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Meneses ($81 mil), y Estefanía Guardia, exnovia del diputado Juan Diego Vásquez ($99,478), entre otros. Uno de los criterios para recibir estos auxilios es la situación económica del candidato.
Ni el presidente Laurentino Cortizo ni el contralor general de la Nación, Gerardo Solís, quien dirige la entidad que ha refrendado dichos desembolsos, se han pronunciado sobre el tema. Solís estuvo ayer en la Asamblea Nacional y evitó a los periodistas.
Los pronunciamientos por parte del Ifarhu se han dado mediante comunicados.
Desde el Ifarhu, entidad dirigida por el exsecretario de la juventud del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Bernardo Meneses, sostienen que las becas y ayudas se entregan mediante concurso.
Consejo y su alcance
El Consejo Nacional del Ifarhu está conformado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; los viceministros Académico y Administrativo del Meduca, Ariel Rodríguez Gil y José Pío Castillero, respectivamente; la secretaria general del Ifarhu, Ileana Molo; el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Ortega-Barría; el director de asesoría legal del Ifarhu, Jorge Chan, y Solany Ríos, representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
Meneses no participó de la primera reunión.
Según la ley orgánica del Ifarhu, el Consejo Nacional tiene la obligación de “supervisar” el funcionamiento de la entidad. Para ello, pueden requerir la información que estimen necesaria, inspeccionar e investigar.
Además, pueden solicitar informes al director de la entidad sobre distintos temas.
Luego de la primera reunión, el pasado lunes, el Ifarhu comunicó que se trabaja en la elaboración “de un informe de los programas de becas otorgadas por categoría [cantidad y monto]”. El informe será el resultado de “una auditoría externa”. No tienen contemplado publicar los nombres de los beneficiados.
Apoyo a Meneses
“Nando, ¡estamos contigo!”, publicaron algunos miembros del gabinete de Cortizo en sus redes la mañana de ayer, 25 de octubre. Bernardo Nando Meneses ha sido el centro de críticas sobre el aparente manejo político que se le da a las ayudas económicas con las cuales dispone el Ifarhu.
Reiteradas veces, Meneses ha dicho que todas las becas y ayudas se otorgan en base a concurso y méritos. No obstante, han salido a relucir una serie casos de personas con ayudas de decenas de miles de dólares para estudiar en el extranjero, cuyos padres o familiares ocupan cargos de elección popular por el partido de gobierno.
Mientras tanto, a partir del pasado lunes 24 de octubre, el Ifarhu, a través de sus redes sociales, ha iniciado una campaña publicitaria en la que destaca la entrega de becas por parte de la entidad a estudiantes de escasos recursos en todo el país.
Propuestas de ley
En la Asamblea Nacional, reposan dos anteproyectos de ley impulsados por diputados de la bancada independiente. El primero, presentado por Edison Broce, busca transparentar la entrega de becas y créditos educativos. El mismo fue presentado el pasado 5 de julio de 2022.
A la fecha, no se le ha dado primer debate al mismo en la comisión correspondiente. El anteproyecto de ley 005, el cual cuenta con cinco artículos, plantea que se debe publicar de forma semestral en el sitio web de las entidades todas las becas o créditos educativos que se otorguen con financiamiento público. Cada entidad deberá tener de forma visible las becas y créditos disponibles, los criterios completos, los listados de todos los participantes y de los seleccionados, el monto total de cada beca otorgada y el monto total de las becas, al igual con los créditos.
Otra iniciativa, pero presentada por Gabriel Silva, se refiere particularmente a las becas otorgadas por Senacyt. El anteproyecto de ley 109, también de este año, busca regular las convocatorias a becas que abre el Senacyt y transparentar el proceso para asegurar que las entregas sean en base a mérito y necesidad. A ninguna de las dos iniciativas se le ha dado trámite legislativo.
Silva, además, ha solicitado reiteradas veces al Ifarhu que se transparente la entrega de becas y ayudas económicas para fines educativos. Incluso, la Corte Suprema de Justicia negó un habeas data sobre el tema, alegando incumplimiento a la ley de protección de datos si se publicaba el listado con la cédula de identidad personal, teléfono, dirección laboral o domiciliaria, correo electrónico, monto individual desembolsado, fecha de desembolso y cualquier otro dato que por su naturaleza atente contra la seguridad del becario, prestatario o codeudor.
