¿Cómo le resumiría la situación política de Nicaragua a una persona que no ve noticias?
Se vive bajo un Estado policial desde las protestas de abril de 2018. No hay libertad de reunión, movilización, asociación, prensa ni expresión. Tenemos más de 190 presos políticos, aislados y torturados, y más de 200 mil exiliados. Es una dictadura que apunta y pretende consolidarse como una totalitaria y familiar.
¿De qué síntomas deberíamos estar pendientes en nuestros países para no convertirnos en Nicaragua?
Cada país debe tener un sistema como de semáforos para vacunarse frente a proyectos dictatoriales y autoritarios.
A ustedes no les pasó de ya para ya...
Tomó más de 15 años. Fraude electoral, concentración de poderes del Estado, reelección inconstitucional y también complicidad en los primeros años: se dio un pacto entre el régimen autoritario y el sector privado y empresarial, que permitió un cogobierno en temas económicos para el sector privado, mientras el régimen tenía el monopolio de la política. Eso trajo inversiones, pero a costa de democracia y transparencia.
¿Qué papel jugó la sociedad civil?
La sociedad civil es clave: debe estar fuerte, unida y con capacidad de exigir rendición de cuentas del poder. En Nicaragua, la sociedad civil resistió, pero el régimen acumuló mucho poder e incluso obtuvo el apoyo popular.
Hasta 2018…
Sí. En 2018, ese apoyo popular colapsó por la represión, porque se volvió antiético y moralmente insostenible seguir teniendo relación con un gobierno que había masacrado y organizado matanzas contra ciudadanos. La dictadura institucional se convirtió en una represión masiva sangrienta.
Esa rebelión provocó un diálogo en el que se planteó una reforma electoral para ir a una elección libre...
Y esa demanda fue masacrada. Se mantuvo la reelección y también el estado policial. En 2019, hubo un segundo diálogo y el gobierno se comprometió a levantar el estado policial. No lo hizo: lo reforzó.
Y en 2021, antes de las elecciones, encarceló a los líderes de la oposición.
Una elección sin competencia. Ortega se autoproclamó ganador y hubo una creencia en la comunidad internacional de que se iba a abrir el sistema.
Eso no sucedió, ¿o sí?
Lo que hubo fue una radicalización del régimen. El cierre de todos los espacios cívicos. Se cancelaron mil 400 personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil. Se prohibió el derecho a la asociación, hay 3 medios ocupados por la policía y confiscados, y más de 120 periodistas exiliados.
Y ahora, la iglesia…
Lanzaron una persecución contra el último espacio cívico que quedaba de libertad de consciencia y religiosa. Hay un obispo y más de 10 sacerdotes exiliados. Otros 10, secuestrados. Es un totalitarismo político.
¿Y en el campo económico?
Seguimos siendo una economía abierta y de mercado, pero la libertad de empresa se ejerce bajo restricciones, persecución, demandas, extorsión tributaria y aduanera. Ya los empresarios no son aliados: ahora están siendo perseguidos. De hecho, ya hay cinco empresarios presos.
La diferencia entre la dictadura de Ortega y la de Venezuela o Cuba.
La economía no está colapsando, exportamos mano de obra y la migración ha crecido sustancialmente.
Ortega usa la fuerza contra los medios. ¿Cómo fue ese proceso?
Al principio fueron ataques selectivos. Alguna gente decía que ese era problema del gobierno con El Confidencial (que hizo la primera denuncia de corrupción contra el régimen). Lo que empezó como un ataque violento con intimidación terminó en el cierre del acceso a la información pública. Hubo una ley de acceso a la información, pero nunca se aplicó.
Y luego el régimen creó su aparato de medios privados…
Canales de televisión, emisoras, sitios de internet… controlados como un negocio familiar y dirigidos por hijos de Ortega. Después de 2018, se impuso la censura de facto y luego el asalto a las redacciones, el encarcelamiento de periodistas, la criminalización de leyes contra el periodista y contra las fuentes. En la cárcel, hay presos porque dieron una entrevista u opinaron del gobierno. Pero confiscaron las redacciones, nunca a los periodistas.
¿Cómo se hace buen periodismo en un clima de persecución, sin acceso a la información oficial y con miedo de las fuentes a hablar? ¿Cuál es la clave para resistir, tomando en cuenta que, ante el silencio de las fuentes, llega el conflicto de las fuentes anónimas, a las que la ciudadanía muchas veces no les cree?
Es difícil hacer periodismo desde el exilio, en un estado de criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero es posible. La clave está en no someterse a la censura ni a la autocensura, seguir protegiendo a nuestras fuentes, aumentar el rigor y los estándares profesionales para publicar información confiable, y cultivar la confianza de las audiencias. Nuestra única protección es hacer periodismo de calidad y preservar nuestra credibilidad ante las audiencias.
¿Dónde acuden en caso de abusos, si la maquinaria dictatorial ya es total?
Cuando fui atacado, recurrí a la Comisión Civil de Derechos Humanos. Y al arzobispo, para que preservara documentos de manera privada. Ese centro fue despojado de su personería. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue expulsada del país, igual que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Y la iglesia es objeto de persecución. La única defensa que tiene el periodismo hoy es su credibilidad y audiencia.
Ortega usa el sistema de justicia para atacar al que se le oponga. ¿Cómo se fueron perdiendo esos contrapesos y cómo se cayó la institucionalidad?
La institucionalidad y la justicia ya eran débiles. Pero había cierto equilibrio. El sistema se contaminó con el acuerdo entre Ortega y Arnoldo Alemán: se repartieron la Contraloría, la justicia, la fiscalía, todo… . Y cuando Ortega regresó al poder, ese bipartidismo se volvió un monopolio. Hoy no hay ninguna ventana de autonomía. Son maquinarias represivas y ejecutoras de órdenes políticas.
¿La policía y los entes de seguridad entran en esa misma descripción?
La policía tenía mucha credibilidad: era una de las joyas de la corona. Pero se revirtió en una entidad partidaria, sometida al control… Es una policía política que ejecuta órdenes. Como el ejército.
¿Cómo influyeron en esta dictadura los cambios de las leyes electorales?
Ese cambio, fundamental, se consolidó en el pacto de Ortega con Arnoldo Alemán, que estableció un control bipartidista del sistema y redujo el umbral para ganar en primera vuelta. Se necesitaba el 40% o 45% para ganar; ellos lo bajaron a 35%, si el partido que obtenía ese porcentaje tenía 5 puntos por encima del segundo lugar. Y así fue como Ortega volvió al poder: la oposición se dividió y esa regla le permitió ganar.
Luego, ¿cómo se mantuvo en el poder?
Ya en el poder, en 2014, hizo una reforma constitucional y eliminó la segunda vuelta y el derecho a la observación nacional e internacional. Y prácticamente el sistema electoral perdió autonomía.
Características de todo autócrata.
El poder, el control y la falta de escrúpulos para preservar ese poder.
¿Pueden los políticos opositores o los empresarios cooptar las instituciones del Estado sin estar en el poder?
Los pactos antidemocráticos son escaleras para la consolidación del autoritarismo. El pacto partidiza las entidades políticas… y también el pacto económico, para seguir manteniendo sus negocios.
¿Cómo se logra que una protesta haga corregir el rumbo de un gobierno y no acabe doblegando a los ciudadanos?
No hay una receta. En otros países, las protestas provocan cambios; acá desembocó en una masacre. Es muy difícil deponer una dictadura sin escrúpulos con una protesta pacífica.
¿Por qué la comunidad internacional no es enérgica frente a los abusos de Ortega? ¿Por desinterés o intereses?
Ha habido ya más de 20 reuniones de la OEA y la ONU. Condenan la represión y la violación de derechos, la supresión de la democracia y los crímenes de lesa humanidad. Pero eso no se traduce en acciones políticas efectivas para ejercer presión. La OEA reunió 27 votos para condenar la represión y violación de derechos humanos, pero no los 24 votos para condenar al régimen por la violación de la Carta Democrática Interamericana.
¿Qué medidas debería tomar la comunidad internacional?
Una presión que apunte a lograr la liberación de los presos y la recuperación de las libertades democráticas. La solución está en Nicaragua, no en Washington ni en Bruselas. Sin embargo, sin esa presión es más difícil. Las sanciones internacionales no son suficientes, pero son necesarias. Por ejemplo, cerrando llaves de financiamiento económico del Fondo Monetario Internacional o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tomó partido con el régimen.
Los gobiernos más complacientes.
México, Bolivia, en algún momento Argentina y Honduras y Guatemala.
¿Y por qué la tibieza del Vaticano?
Habría que preguntárselo al papa. Finalmente, se pronunció sobre la crisis, pero ni siquiera mencionó por su nombre al obispo preso ni la persecución del régimen. Dijo que sería deseable un diálogo sincero y abierto. Y claro que sí… pero para eso la dictadura tendría que liberar a los presos y suspender el estado policial. Sus declaraciones causaron mucha frustración. Se esperaba mayor solidaridad.
¿Por qué su caso fue diferente al de sus dos hermanos que están presos?
Cuando tú eres inocente y no has cometido ningún delito, es difícil creer que te van a echar preso y más aún que te van a enjuiciar y condenar, sin pruebas ni derecho a la defensa. Mi hermana Cristiana fue la primera de los siete precandidatos presidenciales detenida. Unos días después, se desató una ola de capturas de líderes políticos y cívicos. La dictadura oficializó en un documento una supuesta conspiración en su contra para justificar las detenciones y también me acusó a mí. Unos días después, decidí salir al exilio con mi esposa por puntos ciegos, para evitar una detención inminente y poder seguir haciendo periodismo desde Costa Rica. De lo contrario, también estaría preso y silenciado.
¿Y su hermano Pedro Joaquín?
Como todos los 205 presos políticos que hay en Nicaragua, es inocente. Su “delito” fue demandar elecciones libres.
¿Qué futuro tiene Nicaragua? ¿Hasta dónde ve llegar al régimen Ortega?
Seguirá endureciendo el Estado policial hasta donde se lo permitan la economía y la impunidad con que opera a nivel internacional. Una dictadura totalitaria se puede prolongar a corto plazo, pero no es sostenible a mediano plazo. La inmensa mayoría del país quiere un cambio, pero Ortega y Murillo están empeñados en mantenerse en el poder con violencia y sin libertades. El futuro, por ahora, es sombrío. Sí, hay esperanza de una transición democrática, pero la salida de esta dictadura será dolorosa, porque ellos no están dispuestos de dejar el poder. Su última oportunidad eran las elecciones de 2021… y las anularon a la fuerza.
Perfil
Periodista nicaragüense, director de ‘Confidencial’ y de ‘Esta Semana’. Hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y de Pedro Chamorro, periodista asesinado en 1978. Ganador de los premios Ortega y Gasset y Maria Moors Cabot, y reconocido como un emblemático defensor de la libre expresión.
