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‘Esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción’: Alberto Cigarruista

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, informó que anteriormente la Contraloría les enviaba cada año entre 12 y 15 expedientes de auditorías por mes; sin embargo, en lo que va de 2023, solo les han remitido 14.

‘Esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción’: Alberto Cigarruista
Alberto Cigarruista, magistrado del Tribunal de Cuentas. Archivo

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional fue el escenario de una denuncia pública que deja de manifiesto cuál es la realidad actual en las labores de fiscalización de la Contraloría General de la República.

Todo ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, dijo lo siguiente: “A nosotros la Contraloría nos enviaba entre 12 y 15 expedientes [auditorías] por mes y, en lo que va del año, solo nos ha enviado 14. Va a llegar un momento, si esto sigue así, que no vamos a tener trabajo en el Tribunal de Cuentas”.

La respuesta de Cigarruista surgió luego de interrogantes por parte del diputado independiente Juan Diego Vásquez.

El cálculo de Cigarruista es superior a la cifra aportada por el Tribunal de Cuentas, que en su sitio en internet precisa que el año pasado recibió 47 expedientes nuevos de auditorías.

Con Cigarruista estaban los otros dos magistrados del Tribunal de Cuentas, Álvaro L. Visuetti y Rainier Del Rosario. Los tres estaban ahí para sustentar el presupuesto de la entidad.

La advertencia

La Prensa consultó al magistrado del Tribunal de Cuentas, con el fin de ampliar la información y conocer qué estaba sucediendo. Cigarruista reiteró que son muy pocos los expedientes de auditoría nuevos que reciben por parte de la Contraloría General de la República.

Cigarruista culpa de eso a la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (la Ley 32 de 1984) y la ley que adopta la jurisdicción de cuentas en el país (la Ley 67 de 2008).

“Nosotros, en el Tribunal de Cuentas, lo advertimos: que esta ley era nefasta para el país y que esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción”, puntualizó.

También recordó que esa normativa le quitó a los auditores de la Contraloría todo tipo de responsabilidad patrimonial, un privilegio que -remarca- no tiene ningún otro funcionario del país.

“Con esto se está afectando todos los días a los sectores más necesitados de la República y cada día el rico se hará más rico”, concluyó.

La Ley 351 fue demandada en la Corte Suprema de Justicia por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Este recurso legal fue admitido este año y está bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.

De hecho, Cigarruista dijo que ya el procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió concepto señalando que varios de los artículos de la Ley 351 son inconstitucionales.

Si el Corte tarda meses (o años) en resolver la demanda, Cigarruista recomendó que el próximo presidente de la República derogue la Ley 351.

Opinión del procurador

La Procuraduría de la Administración opinó en su momento que son inconstitucionales al menos siete artículos de la citada ley. Uno de ellos es el artículo 1, que impide al Ministerio Público y a la Jurisdicción de Cuentas solicitar a la Contraloría iniciar investigaciones.

El procurador González también consideró que la norma deteriora la fiscalización de los fondos públicos y otorga privilegios a los sindicatos y cooperativas, además de evadir una función constitucional de la Contraloría.

Por otra parte, precisó que crea fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría, además de generar una desigualdad de trato ante la ley, pues evaden la responsabilidad que la Jurisdicción de Cuentas genera para todos los funcionarios que manejan fondos públicos.

Incluso, el procurador de la Administración mencionó que la norma genera una discrecionalidad que la Constitución no otorga al contralor, en cuanto a que le permite cerrar investigaciones sin generar las denuncias que la ley indica, de ser el caso.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana explica que la demanda presentada es una acción ciudadana contra el debilitamiento institucional, el retroceso en la capacidad de lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del correcto uso de los fondos públicos.

Este medio intentó obtener la versión del contralor Gerardo Solís sobre los señalamientos de Cigarruista, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.




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